El Ministerio de Hacienda está preparando a marchas forzadas la dotación de 10.000 millones que necesita el nuevo fondo que se va a traspasar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para dar créditos a tipo cero.
En los nuevos decretos de vivienda aprobados esta semana -tras el rechazo del Congreso- se ha cuantificado la inversión real para poner en marcha cuanto antes estos créditos de hasta 50.000 euros que Sánchez prometió a quienes compren un piso con hipoteca.
Como establece el nuevo texto, la dotación de ese montante se realiza a través de un nuevo crédito extraordinario "incorporable", que recaerá en el Ministerio de Vivienda, pero que será gestionado por el ICO como entidad colaboradora.
Esta es una de las grandes modificaciones ya que -como el propio Gobierno ha reconocido- en los anteriores decretos este montante iba vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Unos PGE destinados nuevamente al fracaso y prorrogados desde 2023.
"Ante la convocatoria electoral, lo que hace el Gobierno es garantizar el crédito para que el Ministerio de Vivienda pueda poner en marcha cuanto antes este programa", ha reconocido el propio Ejecutivo.
Una clara señal de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere irrumpir de lleno en la campaña electoral con una herramienta de créditos blandos para vivienda, a tipo cero y con 30 años por delante para devolverlos.
No obstante, estas prisas -debe estar en marcha antes de las elecciones generales del 29 de noviembre- requieren un importante encaje de bolillos en las cuentas del Estado.
Por ello, para llenar de forma rápida ese fondo desde Hacienda se analizan las partidas que se pueden modificar de otros programas y que no se hayan utilizado.
Se trata de remanentes que no se han llegado a gastar o comprometer, pero que dado lo avanzado del año con buena parte de los gastos comprometidos, son muy difíciles de encontrar en las cuentas del Estado.
Es por ello que lo que falte se deberá solventar acudiendo al endeudamiento del Estado, aunque la clave está en minimizar esta posible aportación.
Fuentes conocedoras de ese proceso aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que se trata de la práctica habitual que se lleva haciendo en estos años, en los que se depende de una prórroga presupuestaria y todo se basa en las partidas aprobadas para 2023.
Pero es que no hablamos de un montante menor. Los 10.000 millones anunciados para el fondo tras convocar las elecciones generales casi triplican el presupuesto oficial del Ministerio de Vivienda, fijado en 3.594 millones.
Del mismo modo, también hay que considerar que Vivienda es uno de los ministerios que menos porcentaje de ejecución lleva de sus partidas hasta el 31 de agosto, apenas 1.159 millones, una tercera parte de lo que les corresponde.
Las modificaciones presupuestarias son necesarias para que el fondo se cubra con la menor parte posible a través de fondos del Tesoro que provengan de la emisión de deuda. Desde el Gobierno dan por descontado que hay fondos suficientes para ello en la caja del Estado.
Pero desde la oposición del PP se mira con mucha atención la evolución de este anuncio del presidente, sobre todo ante el hecho de que habrá que renunciar a otra serie de partidas y gastos para poder dotarlo con una cantidad tan elevada.
De hecho, el propio PP criticó antes del verano los movimientos presupuestarios extraordinarios del Gobierno utilizando fondos europeos Next Generation para financiar gasto corriente.
En ese momento, Hacienda se defendió indicando que eran movimientos que se enmarcan dentro de la normalidad presupuestaria y que precisamente se basaban en remanentes y "partidas sobrantes".
El problema es que este tipo de movimientos se han convertido en habituales. La imposibilidad de sacar nuevos presupuestos en toda la legislatura impide incluir nuevas partidas y obliga a abusar de las modificaciones presupuestarias.
Hay que recordar que hace apenas cuatro meses, el mismo Ministerio de la Vivienda ya recurrió a este sistema del crédito extraordinario para repartir 7.000 millones entre las CCAA para la promoción de vivienda pública.
Perjuicio patrimonial
Si se pone todo en marcha en apenas tres o cuatro semanas, como está previsto, será una de las mayores partidas que quedarán fijadas en el Ministerio de Vivienda para el Gobierno que se forme tras las urnas.
En esta nueva iniciativa, los créditos se otorgan con un plazo de carencia del tiempo que dure la hipoteca firmada, con un máximo de 30 años. Cuando se termine de pagar al banco, se abrirá otro plazo de hasta diez años para devolver el dinero al Tesoro sin intereses.
Si consideramos que el crédito es a tipo cero, en 30 años la devolución de estos montantes se reintegrará con una importante desvalorización y con un perjuicio patrimonial para las arcas del Estado.
En todo caso, el mecanismo espera poder ir recuperando parte del dinero prestado a lo largo de los años de forma que se pueda reinvertir el dinero en la financiación de más operaciones.
El sistema previsto establece que el ICO será el encargado de analizar las operaciones conforme a sus políticas de riesgos y a las condiciones previstas, elevar las propuestas a la comisión rectora del mecanismo, formalizar las operaciones y hacer un seguimiento.