Los sindicatos convocan una huelga general como remate de una legislatura sin una razón económica de peso, más allá del problema social de la vivienda. Al contrario, el salario medio ha crecido entre un 4% y un 5% en los últimos tres años, muy por encima de épocas anteriores. Y en los nuevos convenios se firman subidas del 3,5%.

El problema del que instituciones como AIReF, Funcas o el Banco de España han advertido es el fuerte incremento de los costes laborales unitarios (CLU) que se ha generado en los últimos tres años y medio, que ahoga a las empresas sin apenas mejoras de productividad.

La economía sigue creciendo gracias al consumo interno, los inmigrantes y el turismo.

UGT y CCOO, convocantes de la huelga, aprovechan la coyuntura crítica de la vivienda para pedir todavía mayores subidas salariales y dejar claro al Gobierno entrante tras el 29N cuál va a ser su postura.

Sin tener en cuenta que esa espiral de costes salariales puede ahogar más la situación de muchas empresas, cuando más inversión y moderación de costes necesitan.

Los últimos datos del INE demuestran que los costes laborales llevan cinco años y medio sin dejar de subir, hasta llegar a la cota de un 4% de aumento entre abril y junio de este año, aupados tanto por las subidas salariales como por las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los analistas y las instituciones económicas han insistido en varias ocasiones en que la inversión en España (incluidos los Next Generation) no generaba el valor añadido necesario para compensar unos costes que, tras tocar ese techo, se mantendrán por encima del 3% el año que viene y el siguiente, con menos aumento del PIB.

Ese freno se complementa con una subida de la inflación por el efecto de los costes energéticos (casi en el 5% ya), que eleva los costes de producción, castiga los salarios de los trabajadores y merma el poder adquisitivo que les da la subida salarial.

Con ese escenario cautivo, el último análisis de la CEOE con los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE demuestra que el coste total por trabajador ha aumentado un 30,7% para las empresas desde que Sánchez llegó al Gobierno, en 2018.

Ese coste total tiene dos partes. Por un lado están los salarios y sus componentes añadidos (horas extra, complementos, incentivos, etc.), que han subido un 26,5% en todo ese tiempo. Y por otro los costes añadidos, no salariales, que principalmente son las cotizaciones sociales y el absentismo, que subieron desde 2018 un 34,2%.

En esos costes no salariales es clave la subida de los pagos a la Seguridad Social que hace el empresario, que en los últimos ocho años han crecido un 35,4%. En esa cuenta, los costes de la Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) se dispararon un 80%.

Si nos atenemos a las subidas pactadas en convenio colectivo desde 2018, la CEOE estima un incremento hasta el primer semestre de este año del 24%, apenas un par de puntos por debajo de lo que ha subido el IPC. La inflación ahora está en máximos, pero con las subidas de los últimos años ha permitido recuperar gran parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

Si a ese contexto de costes del mercado laboral se le añade la subida del 66% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se ha generado (sin contar con la que quiere acelerar ahora Yolanda Díaz), es fácil colegir que desde el punto de vista económico no hay razones de peso para una huelga general.

Huelga política

Esa falta de una base económica o salarial clara para esta convocatoria de huelga general es lo que ha disparado las críticas sobre su carácter marcadamente político. De hecho, se hará dos días antes de que dé inicio la campaña electoral, a modo de preámbulo.

Tampoco es una huelga contra el Gobierno, que ha seguido a rajatabla el argumento de su líder, Pedro Sánchez, de "respeto absoluto al derecho constitucional a la huelga". Incluso cuando su directora de campaña, María Jesús Montero, haya ironizado ya con que se trata de una huelga contra la oposición.

Y desde el lado del análisis económico, tampoco se entiende que los sindicatos mayoritarios sigan ahora la estela de los movimientos de protesta de los inquilinos ante la crisis de vivienda, cuando se trata de un problema que la economía arrastra desde 2021, sin que hayan hecho nada para evitarlo.

La oposición del PP y en plena precampaña electoral, no han tardado en dejar claro que se trata de una huelga política (prohibidas en España como tales), con la que los sindicatos mayoritarios, cercanos al PSOE y a Sumar, quieren levantar votos de izquierda para esas formaciones justo antes del inicio oficial de la campaña.

De hecho, otros sindicatos profesionales e independientes, de carácter sectorial y ámbitos como la educación o la función pública, se han desmarcado de esta convocatoria de huelga general porque no responde a los intereses que defienden.