La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han recibido 110 millones de euros en subvenciones desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, un periodo que ha coincidido con la ruptura del diálogo social, en donde estos sindicatos no han creado problemas al Gobierno.
En estos ocho años, los grandes sindicatos han alcanzado además sus mayores cifras históricas de delegados sindicales, cuotas de validación entre las élites políticas de izquierda nunca antes vistas y un aumento del 263% en las subvenciones que reciben de la Administración Central.
En este tiempo, UGT y CCOO han asegurado la paz en las calles, han apoyado públicamente al Gobierno en momentos complicados y se han convertido en los mejores aliados del Ministerio de Trabajo.
Álvarez y Sordo tampoco se han ocultado dejándose ver en decenas de eventos y manifestaciones sociales agitando pancartas junto con ministros del PSOE y de Sumar.
En esta lógica, la huelga general convocada por estos sindicatos para el próximo 11 de noviembre no sólo se celebrará a pocos días del comienzo de la campaña electoral de las elecciones, sino que tiene motivaciones políticas, como han denunciado organizaciones sindicales como CSIF.
De hecho, es la primera huelga que se convocan en 14 años y la única que vivirá Pedro Sánchez en todo lo que lleva de mandato, pese a que hasta en ocho ocasiones los sindicatos demandaron grandes conflictos que no llevaron a una decisión de este calado.
"Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición", dijo hace sólo 48 horas la ex ministra de Hacienda y actual jefa de estrategia de la campaña de Pedro Sánchez, María Jesús Montero.
Aunque Pepe Álvarez (UGT) niega que la huelga vaya "contra la oposición" política, las razones de los sindicatos para el paro nacional validan los argumentos que ha esgrimido el presidente del Gobierno.
Las justificaciones centrales son la crisis de la vivienda y la evolución de los salarios (argumento técnico laboral necesario para sacar adelante la movilización). Pero, en realidad, las motivaciones del Gobierno y de los sindicatos coinciden.
En su convocatoria, CCOO y UGT justificaron la huelga para "reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna". Un argumento que valida el marco de Sánchez que horas antes había convocado los comicios criticando a los "especuladores de siempre" que "quieren destruir el futuro de nuestros hijos".
La cercanía se explica desde muchos ángulos tiene un factor económico relevante. En primer lugar, los sindicatos centrales (sin incluir sus filiales regionales) reciben el dinero directamente del Ministerio de Trabajo.
Una cartera que es dirigida por Yolanda Díaz, que a su vez trabajó para CCOO como abogada laboralista en su etapa previa como política. Además, el padre (ya fallecido) de la vicepresidenta segunda y ministra, Suso Díaz, fue secretario general del sindicato en Galicia.
El Gobierno de Sánchez ha disparado las subvenciones a sindicatos un 263%, pasando de los 8,8 millones de 2018 -la última partida aprobada por Mariano Rajoy- hasta los actuales 32 millones que recibirán en total en 2026.
Una cifra anual a la que se ha llegado tras crecimientos progresivos y anuales.
En total, los sindicatos recibieron 64,4 millones de euros en todo el periodo de Mariano Rajoy. En cambio, durante los mandatos de Sánchez esta cifra se ha disparado hasta los 146,6 millones.
Por su representatividad, CCOO y UGT reciben el 74% de la bolsa total de las ayudas directas para sindicatos que el Estado reparte anualmente.
Esto implica que han pasado de repartirse 48 millones en la época de Rajoy hasta cerca de 110 millones con Sánchez, más que el doble. Un montante que se reparten casi a partes iguales debido a que su representatividad nacional es muy similar.
En el caso de CCOO, sus últimas cuentas disponibles de 2023 indican que las "subvenciones oficiales finalistas" (como se denomina esta partida) fueron de 7,8 millones, el 35% de sus 21,7 millones de euros de ingresos. El resto son cuotas de afiliados.
En cuanto a UGT, sus últimas cuentas (publicadas en su web) datan de 2021 e indican que recibieron 10,5 millones de "ingresos por programas" (subvenciones), el 43% de los 24,7 millones que facturaron ese año.
Número de delegados
Los sindicatos defienden que sus mayores ingresos siguen siendo por cuotas de afiliado. Sin embargo, las subvenciones, que se justifican con programas de formación y digitalización, son un importante puntal de sus cuentas.
Entre los dos ya suman conjuntamente más de 7.000 nuevos delegados de personal y miembros de comités de empresa este 2026.
CCOO es la primera fuerza sindical de España con 115.099 delegados (el 36% del total) y UGT le sigue de cerca con 108.158 delegados (33%).
Pero este poder sindical ha ido de la mano del poder político. Desde 2018, Pepe Álvarez y Unai Sordo pasaron de ser incómodos detractores de Mariano Rajoy a voces autorizadas para hablar con la importancia de cualquier ministro.
'Ley de amnistía'
Los dos dirigentes sindicales han usado su cercanía al Gobierno para entrar en todos los debates y posicionarse no sólo en los temas laborales, ni económicos, sino también en los sociales y estrictamente políticos.
No sólo apoyaron a Sánchez en la investidura de 2023 -además de hacerle guiños en campaña- sino que además validaron sus cuestionados pactos con Junts y el PNV.
"La ley de amnistía puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España y en Cataluña", dijeron, en un comunicado, en 2023.
La relación entre el Gobierno de Sánchez y los sindicatos, desde el principio, fue cercana. El PSOE era la gran esperanza para derogar la norma laboral de Rajoy de 2012.
Reforma laboral
La entrada de Díaz en el Gobierno de coalición reforzó esa relación. De hecho, el apoyo de los sindicatos al Ejecutivo fue total durante la pandemia, fructificando en varios acuerdos sociales en los que estaban incluidas las patronales CEOE y Cepyme.
Entre ellos, uno de los principales pactos de la legislatura pasada: la reforma laboral. También la primera fase de la reforma del sistema de pensiones, que incluía ligar estas prestaciones al IPC y medidas para alargar la edad de jubilación.
Eso sí, la segunda fase de esta reforma, que incluía el aumento de cotizaciones sociales (especialmente para los empresarios) no fue aceptado por las patronales y lo rechazaron. Pese a ello, igualmente fue apoyado por los sindicatos y aprobada por el Gobierno (y por el Congreso) en 2023.
Unos meses después llegaron las elecciones generales, en las que CCOO y UGT pidieron el voto para los partidos de izquierdas, defendiendo la continuidad de las políticas laborales aprobadas de la pasada legislatura.
Beligerancia
A partir de ahí, los sindicatos han pasado a ser más beligerantes con las patronales y han lanzado más guiños a Yolanda Díaz y al propio Sánchez.
De hecho, se puede decir que en esta legislatura, el Diálogo Social ha sido una pinza en la que Ministerio del Trabajo y sindicatos se han aliado frente a las patronales CEOE y Cepyme.
De la treintena de acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde 2018 hasta 2026, la patronal (CEOE y CEPYME) no ha apoyado un tercio de ellos. Pese a ello, su contenido ha salido adelante sin su firma.
Uno de los grandes focos de desencuentro han sido las cinco alzas consecutivas del salario mínimo interprofesional (SMI) entre los ejercicios 2021 a 2026. En todos estos casos, las patronales alegaron que los incrementos eran asimétricos, ponían en riesgo la supervivencia de las pymes y el sector agrario, y se ejecutaban sin atender a criterios técnicos de productividad.
Reducción de jornada
CEOE y Cepyme también rechazaron la Ley de Paridad, pero no por sus contenidos exactamente, sino contra la rigidez de imponer cuotas en los órganos de decisión.
Pero los mayores conflictos recientes en el Diálogo Social ocurrieron por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La patronal rechazó la medida tajantemente. Pese a ello, el Ejecutivo (tras acordar la medida con los sindicatos) llevó el correspondiente proyecto de ley al Congreso, donde fue rechazado.
De hecho, hay varias negociaciones en las que el Ministerio de Trabajo ha decidido prescindir de la patronal (de hecho, la ha expulsado de la mesa) para contar sólo con los sindicatos. Esto ha ocurrido en el caso de la negociación de los permisos y de la prevención de riesgos laborales.
A esto se suma que el Gobierno ha proseguido con la reforma del despido sólo con CCOO y UGT pese al rechazo de la patronal, que se ha negado a participar en estos cambios a través del Diálogo Social.
Con todo, todos estos procesos y reformas han quedado en el aire debido al adelanto electoral.
Movilizaciones de los sindicatos
Llama la atención que, ahora, los sindicatos hayan decidido convocar una huelga general por primera vez en tantos años. Sobre todo teniendo en cuenta ya se han movilizado (o amenazado con hacerlo) en los últimos ocho años. Pero sin caer en la convocatoria de paros nacionales.
Entre las causas de dichas movilizaciones han estado los bajos salarios, la conflictividad laboral y social, la inflación, la jornada laboral y "emergencia habitacional" que, según CCOO y UGT, afecta a amplias capas de las clases trabajadoras y medias.
Sin embargo, en la mayoría de estas manifestaciones el Gobierno no fue el foco de las protestas. Se utilizaron como medida de presión sobre la patronal y para apuntalar la agenda social del Ejecutivo.