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El Ministerio de Trabajo ha convocado para este jueves al equipo de expertos que deberán recomendar cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

Es el primer paso formal para fijar la posición de la cartera de Yolanda Díaz frente a la negociación con sindicatos y patronal. El objetivo del ministerio es acordar la nueva subida de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

De esta manera, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidirá mañana jueves la primera reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Y ha convocado a la prensa para cubrir el acto donde Yolanda Díaz ya se ha comprometido con hacer declaraciones públicas. Es muy probable que la ministra hable de este tema, las elecciones y la huelga general.

Es así como el Ministerio del Trabajo también entra en campaña electoral solo dos días después de que Pedro Sánchez convocara las elecciones generales el pasado lunes.

El Gobierno sigue sacando munición -de lleno en campaña electoral- solo un día después de aprobar en el Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso la semana pasada.

El problema de la vivienda está siendo uno de los caballos de batalla del Ejecutivo para justificar las elecciones y la necesidad de conseguir una mayoría en las próximas elecciones generales.

En esta misma línea, en su discurso de convocatoria de elecciones Sánchez también incidió en los avances sociales de la legislatura poniendo como gran ejemplo la constante subida del salario mínimo interprofesional.

En términos absolutos, el SMI (calculado en 14 pagas) ha pasado de los 735,90 euros en los que se situaba en 2018 a los 1.221 euros brutos fijados para el año 2026, lo que representa un incremento total de 485,10 euros al mes, un 66%.

El principal motor detrás de este avance ha sido el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio nacional, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea.

Para lograrlo, los incrementos continuaron de forma progresiva año tras año, superando la barrera de los 1.000 euros en 2022 y manteniendo el ritmo expansivo en los ejercicios siguientes.

La llegada de los años 2025 y 2026 consolidó este proceso con nuevas revisiones al alza. El incremento en el tramo final se diseñó específicamente para amortiguar el encarecimiento de la vida y de la cesta de la compra, llevando el salario mínimo hasta los 1.184 euros en 2025 y fijando el suelo legal actual en 1.221 euros brutos mensuales para 2026.

Pero pese a este crecimiento, desde el Ministerio del Trabajo, en consonancia con los sindicatos, siguen sosteniendo que las subidas deben continuar anualmente.

No obstante, las principales organizaciones empresariales de España (como CEOE y Cepyme), junto con diversos sectores de autónomos, han mantenido una postura muy crítica frente a las sucesivas subidas del SMI.

Las patronales advierten que las grandes corporaciones pueden absorber el impacto, pero el tejido empresarial español está compuesto en un 99% por pequeñas empresas y autónomos.

Indican que sumando las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa (un coste que ronda el 30-33%), el desembolso real del empresario y de un pequeño negocio se eleva a casi 2.000 euros mensuales por trabajador, un coste que muchas microempresas con márgenes mínimos no pueden soportar.

Críticas de los empresarios

Los empresarios también señalan que la subida artificial y continuada del salario mínimo actúa como un freno directo a la creación de empleo.

Argumentan que ante la imposibilidad de pagar estos costes laborales, muchos autónomos deciden no contratar a nuevos trabajadores, optando por asumir ellos mismos toda la carga de trabajo o reducir sus plantillas para sobrevivir.

Finalmente, desde CEOE y Cepyme se quejan de que el Ministerio de Trabajo suele pactar las cuantías de forma unilateral con los sindicatos, utilizando el SMI como una herramienta exclusivamente política".

Todas las subidas se han hecho solo con acuerdo del Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT. CEOE y Cepyme se han opuesto constantemente en las seis negociaciones que se han producido y los pactos se han producido sin su aprobación.