El Gobierno ha cerrado el plazo formal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia adjudicando solo 72.030 millones de euros al destinatario final, esto es 30.000 millones menos que el montante total asignado por la Comisión Europea.
Así lo indicó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia de este jueves ante la Comisión Mixta para la UE del Congreso para hacer balance del plan.
Formalmente, la adjudicación de los fondos europeos Next Generation expiró el pasado 31 de agosto, una fecha hasta la que España logró resolver convocatorias equivalentes al 70% de los 102.000 millones que corresponden a España.
Sin embargo, esto no significa que -en principio- se pierda el dinero restante que no se ha adjudicado, como estableció originalmente el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Este diario ya ha venido informando de los diferentes movimientos del Ministerio de Hacienda y de Economía para gastar todo el montante fuera de plazo.
Esto supone que en los últimos seis meses el Ejecutivo se ha dotado de herramientas para utilizar los remanentes y asignar dinero a herramientas de crédito sin haber adjudicado el dinero.
Incluso ha movido ficha para poder gastar los fondos en proyectos que no estén empezados solo certificando que se cumplen los hitos y compromisos vinculados a su ejecución.
De esta manera, según el propio balance del ministro Carlos Cuerpo se han dotado ya 11.752 millones de euros a diferentes entidades gestoras que se comprometen a repartir estos créditos en el futuro. Sin fecha límite.
Por otro lado, también se han destinado 13.700 millones a la herramienta España Crece que inicialmente destinará parte de estos créditos a vivienda accesible.
La lógica del Gobierno es que se pueden consignar los créditos correspondientes al plan de recuperación (22.000 millones en total) a diferentes fondos estatales (como el ICO, el BEI, Cofides o la SETT) y apuntarlos como gastados aunque estén lejos de llegar al destinatario final.
Contando estos créditos asignados quedarían todavía unos 10.000 a 5.000 millones por resolver que ahora mismo están en el aire. Es por ello que en el caso de las ayudas (80.000 millones) también se han establecido mecanismos para sortear el límite para gastar los fondos.
En su reunión del 1 de septiembre, la segunda tras la vuelta de vacaciones del Gobierno, el Ministerio de Hacienda sacó adelante una disposición que le permite poder gastar fondos pendientes más allá del 31 de agosto.
Con esta modificación, la Administración que reparte los fondos certifica su propia ejecución. Esto implica que el certificado emitido por esta entidad sustituye al de la Intervención General del Estado (IGAE).
Es así como el Gobierno dará por buena la ejecución de fondos pendientes con el certificado de la propia entidad. Así, basta con que un programa esté en ejecución para que se considere como gastado.
Pese a que esta interpretación es contraria a la norma de la que se dotó la propia UE al repartir los Next Generation, la Comisión Europea parece haber tolerado este ajuste para no dar por perdido el montante adjudicado.
Pese a ello, el balance del ministro Carlos Cuerpo no puede ser más favorable. En su intervención de este jueves indicó que el plan nos ha ayudado "a transformar y a modernizar la economía".
Para Cuerpo, el plan ha movilizado inversión, ha creado empleo de calidad y con mayores salarios. "España está creciendo hoy más y crecerá más en los próximos años gracias al Plan de Recuperación".
Al mismo tiempo ha negado que se haya incumplido el plazo, ya que asume que la fecha límite era solo para solicitar los fondos y para cumplir los hitos comprometidos. No para la ejecución.
De hecho, ha recordado que el plan no está terminado, aunque a efectos temporales sí lo ha hecho. "Estamos ya formalizando los instrumentos que van a dar vida a la continuidad del Plan de Recuperación con este fondo España Crece".
Renuncia a 60.000 millones
"Es un camino que se ha demostrado positivo, que se ha demostrado en este caso productivo y por el que tenemos que seguir avanzando en los próximos años", concluyó.
Desde el Partido Popular (PP) se indica que el hecho de que no se hayan gastado en tiempo todos los recursos supone el reconocimiento expreso del Gobierno de su incapacidad para ejecutar los fondos Next Generation.
Por otro lado, indican que esta modificación (el aumentar el plazo para gastar) es "muy grave" porque, además, dificulta el cierre contable y la auditoría expost de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.
Respecto del impacto de los fondos advierten que es una "oportunidad perdida". Recuerdan que España renunció a 60.000 millones en créditos el pasado mes de diciembre.
Críticas del PP
En el caso de los Perte, indican que "iban a transformar la economía, pero caen un 41,5% -de 42.480 a 24.869 millones- y se han recortado inversiones por 13.500 millones en sectores estratégicos".
Señalan también que el Gobierno ha renunciado además a 18 leyes, entre ellas la ley del suelo, que "ha afectado negativamente a que nuestro país pudiese beneficiarse de más fondos europeos". Y que "en plena crisis de vivienda", el alquiler social baja de 20.000 a 15.718 millones, señalan.
"España afronta el cierre del Plan de Recuperación con menos fondos, un último pago excepcional y la mayor parte de los compromisos pendientes retocados", indica el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal.