El Gobierno coló una norma para poder gastar los fondos europeos Next Generation fuera de plazo en el mismo Consejo de Ministros en el que dio luz verde al primer paquete de ayudas a Ceuta.
Mientras el Ejecutivo vendía a la opinión pública un paquete económico de 309 millones para que la ciudad autónoma hiciera frente a la crisis migratoria, aprobó un mecanismo para esquivar los límites de los NextGen. Y lo hizo sin incluirlo en las referencias públicas del Consejo.
Un atajo para no asumir su ineficacia en la ejecución del dinero y para acreditar resultados ante la Comisión Europea. De hecho, este miércoles se solicitarán formalmente los últimos 23.000 millones de estos fondos a la Unión Europea (UE).
De esta manera, en su reunión del 1 de septiembre, la segunda tras la vuelta de vacaciones del Gobierno, el Ministerio de Hacienda sacó adelante una disposición que le permite poder gastar fondos pendientes más allá del 31 de agosto. Y, ahora, sin ningún límite temporal.
Esta es la fecha establecida por la Comisión Europea para asignar estos recursos. En principio, todo lo que no se gastara para entonces debía devolverse a Bruselas, pero la disposición del Ejecutivo sortea esta limitación. Hasta la fecha se estiman 30.000 millones los NextGen que siguen en el aire.
Hasta ahora -y como ha venido contando este periódico-, el Gobierno tenía el gran hándicap de no poder gastar todo lo asignado. Es más, hace unas semanas existía el riesgo de perder hasta unos 20.000 millones.
No obstante, desde comienzos de año se han estado realizando cambios administrativos para allanar el terreno y sortear los plazos. Y ahora se ha concretado en una resolución final con las instrucciones de cierre de los fondos pendientes de ejecución.
El acuerdo del Consejo de Ministros se plasmó en la resolución del 10 de septiembre en la que "se dictan instrucciones para la aplicación del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, en relación con la ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
Con esta modificación, la Administración que decide o ejecuta los fondos certifica su propia ejecución. Esto implica que la entidad ejecutora o decisora emite el certificado correspondiente.
Esto supone que el certificado vincula (y saca de la ecuación) a la Intervención General del Estado (IGAE), sin una certificación material propia de la ejecución.
Es así como el Gobierno dará por buena la ejecución de fondos pendientes con el certificado de la propia entidad. Así, basta con que un programa esté en ejecución para que se considere como gastado.
Precisamente, la UE exige que el dinero estuviese gastado, pero con este nuevo esquema de certificación desaparece este requisito.
Para el Partido Popular (PP) -que ha denunciado este nuevo mecanismo- se abre la puerta a que se gasten sin límite temporal unos 30.000 millones de euros pendientes, fondos de "dudoso destino" que no se podrían haber gastado sin esta herramienta.
Y es que la instrucción se aplica a la totalidad de lo pendiente, no solo a los remanentes. Incluye esquemas de ayudas y otros similares ya en marcha.
Para el PP, esto supone el reconocimiento expreso del Gobierno de su incapacidad para ejecutar los fondos europeos. Del mismo modo, advierten que va contra el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), vulnerando sus plazos.
Indican que esta modificación es "muy grave" porque, además, dificulta el cierre contable y la auditoría expost de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.
¿Y qué falta por ejecutar? Para el PP y su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, es imposible cuantificar un montante hasta que no exista una auditoría de todos los Next Generation. Aunque advierte que, sin este nuevo mecanismo, se hubiesen perdido varios miles de millones.
Lo que sí sabemos es que la herramienta Elisa (instrumento no oficial de Economía) dice que hay 72.000 millones en convocatorias resueltas hasta el 31 de julio y a falta de un mes para que expire el plazo de ejecución.
Esto supone que no se sabe todavía el destino de unos 30.000 millones de euros (debemos recibir 102.000 millones en total). Esto podría significar que hay retrasos en las adjudicaciones o que no se han entregado a tiempo.
Pagos de los 'NextGen'
Por otro lado, el IGAE acredita pagos de 52.091 millones hasta julio, es decir, dinero que ha salido del Ministerio de Hacienda atribuido al Mecanismo de Recuperación. Bajo este cálculo, faltarían por repartir unos 50.000 millones.
En todo caso, en el Gobierno se ha cubierto las espaldas con diferentes mecanismos que le permiten seguir gastando dinero sin gastarlo efectivamente.
El primero es el fondo España Crece, dotado de 13.691 millones. Este montante de fondos NextGen está asignado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a efectos del plan está ya gastado aunque solo empiece a distribuirse a partir de 2027.
Por otro lado, hay consignados otros 15.254 millones a diferentes esquemas de ayudas. El Gobierno, precisamente, ha activado la instrucción del 1 de septiembre para poder gastar este dinero que -en teoría- ya ha sido asignado.
Devoluciones a Bruselas
Lo mismo pasa con otros 15.000 millones que deberían estar en algún otro instrumento de los NextGen o adjudicado, según los cálculos del Partido Popular.
Es así como el Gobierno busca evitar devoluciones a Bruselas acreditando determinados hitos antes del 31 de agosto, aunque la inversión material llegue después a la economía real y siempre que se cumplan las condiciones del plan. Y todo indica que Bruselas lo ha tolerado.