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El Gobierno entra en el otoño con una andanada de medidas, incluyendo rebajas fiscales, en energía y vivienda. Unas iniciativas que, si el Congreso las convalida (algo que no está claro del todo), supondrán un desembolso de 13.000 millones de euros para las arcas públicas.

Todo ello a las puertas de las elecciones de 2027 y a la espera de de unos Presupuestos Generales del Estado que deberían ser el vehículo para estas medidas. Pero el Gobierno ha decidido aparcar "lo importante para atender lo urgente".

Son palabras de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, durante la presentación del nuevo paquete de medidas ante las subidas de los precios de la energía (especialmente los combustibles) por la guerra de Irán.

Cuerpo ha admitido, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que "el escenario energético se ha agravado". Y la presión de sus costes han generado un "incremento notable en la inflación", que este septiembre ha crecido un 4,9% interanual, según el último avance del Instituto Nacional de Estadística.

Para atenuar este impacto, el Gobierno ha activado un plan con numerosas rebajas fiscales en el ámbito de la electricidad y los combustibles que se ha prorrogado hasta finales de diciembre.

Incluye medidas como rebajas lineales de 20 céntimos por litro de gasolina y de diésel (eso sí: sólo en octubre) y eso tiene un coste. Cuerpo ha precisado que el conjunto de iniciativas desplegadas por el Gobierno tendrán un importe de 12.000 millones de euros.

Pero hay más. Este mismo jueves, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, tras una negociación in extremis con los grupos parlamentarios (incluidos los del Ejecutivo), dos reales decretos-ley con medidas urgentes en vivienda.

Es decir, los decretos Maricarmen que están trufados de desgravaciones fiscales que van a tener un coste para las arcas públicas.

El Gobierno, por ahora, no los ha desvelado. Sin embargo, fuentes cercanas al desarrollo de las normas apuntan a que su impacto será "considerable" y que superará los 1.000 millones de euros.

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Concretamente, destacan el impacto de las deducciones para propietarios que pongan sus viviendas en alquiler (siempre y cuando tengan rentas por debajo de los 34.000 euros anuales).

También del futuro mecanismo Tu Casa, dirigido a hogares que pueden afrontar una hipoteca pero no han conseguido ahorrar lo suficiente para pagar la entrada.

Contempla préstamos al 0% de hasta 50.000 euros o el 20% del valor de la primera vivienda.

En total, el coste conjunto de medidas en energía y en vivienda superará los 13.000 millones de euros.

Un estipendio extraordinario que llama la atención porque el Gobierno ha descartado introducir las medidas en vivienda en un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Posiblemente, el espacio donde deberían estar los beneficios fiscales del calado que pretende el Gobierno.

El Gobierno insiste que va a sacar adelante los Presupuestos pero, tal y como ha dicho Cuerpo este martes, no son "urgentes". Al menos en términos políticos.

Cabe recordar que, a la vuelta de la esquina, en 2027, Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones generales. Y, además, en mayo se celebrarán los comicios regionales y locales.

Tiempos propicios para medidas tan electoralistas como estas.

¿Y los recortes?

Los nuevos beneficios fiscales en energía y vivienda se quieren aplicar en un momento en el que el Gobierno tiene pendiente recortar más de 1.700 millones en deducciones tributarias.

Este es uno de los compromisos que el Ministerio de Hacienda aún tiene que cumplir con la Comisión Europea. Y desde el departamento de Arcadi España insisten en que van a acatarlo.

Pero... ¿Cuenta España con suficiente espacio fiscal como para destinar 13.000 millones a medidas como las mencionadas? Carlos Cuerpo considera que sí, dado el crecimiento de la economía.

Además, cabe recordar que la recaudación fiscal está en niveles récord y con crecimientos interanuales de dos dígitos.

Con todo, el propio vicepresidente primero ha recordado que varios países europeos (entre ellos España) han pedido a Bruselas que flexibilice las reglas fiscales ante la presión de los costes energéticos. Algo así como la cláusula de escape que hay para el gasto en defensa.

De hecho, voces del Gobierno confían en que las presiones a Bruselas tengan algún tipo de efecto antes de que acabe el año. Sobre todo, si la guerra en Irán mantiene la presión sobre los mercados energéticos.