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Las claves

Se acerca el final de legislatura y, más allá del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027 que ha prometido, al Ministerio de Hacienda le quedan varios asuntos pendientes. Entre ellos, una sustanciosa rebaja de beneficios (o deducciones) fiscales que se han prometido a la Comisión Europea y que siguen en el cajón.

De hecho, antes de acabar junio, España se había comprometido a reducir beneficios fiscales por valor de un 0,1% de PIB, cantidad que en términos reales se traduce a más de 1.700 millones de euros.

Se trata de una promesa en el que el Gobierno insistió en el informe que entregó a Bruselas sobre el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo en el último día de abril de este año.

Hasta el día de hoy, el Gobierno no ha ejecutado ningún tipo de supresión de deducciones fiscales. Sin embargo, fuentes de Hacienda aseguran que si la medida está recogida en el Informe de Progreso Anual 2026 (que es como se conoce oficialmente), se acabará aplicando en algún momento.

Desde el departamento que dirige Arcadi España no aclaran gran cosa más, incluido cuándo se aplicará esta medida y a través de qué fórmula.

Es más: consultadas sobre si el proyecto de Presupuestos será el vehículo escogido para aplicar esta medida, indican que todavía no es posible saberlo.

Tampoco hay muchas pistas de qué beneficios fiscales se van a retocar o recortar hasta conseguir el 0,1% de PIB de recaudación adicional que debe generar esta medida.

En 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elaboró y publicó, a petición del Gobierno, un estudio sobre los beneficios fiscales.

En él se proponían varias medidas (algunas ya aplicadas, como la disminución de las deducciones en el IRPF por los planes de pensiones privados). Entre ellas, suprimir algunos tipos reducidos de IVA. Sin embargo, no parece que en pleno periodo electoral el Gobierno vaya a aplicar una medida tan impopular. Aunque sí podría perderse en el maremágnum de un proyecto presupuestario.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas llamaba la atención en uno de sus últimos informes sobre los beneficios fiscales sobre que el Gobierno no haya cumplido estos compromisos (que se traduce en una pérdida de ingresos para las arcas públicas).

En este análisis, el ente indica que el impacto de las deducciones y exenciones fiscales se elevó a casi 54.000 millones en 2024. Por cierto, lanza varias críticas respecto a cómo se han formulado.

Principalmente que su diseño no se documenta adecuadamente, dado que no se explicitan "sus objetivos concretos, las alternativas consideradas y los datos e hipótesis de partida".