La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado una alerta sobre el crecimiento imparable que están teniendo en España los costes laborales unitarios (CLU), que mezclados con una productividad estancada en cero, ya amenazan al crecimiento de la economía.
Los últimos datos del INE demuestran que los costes laborales llevan 22 trimestres sin dejar de subir, hasta llegar a la cota de un 4% de aumento entre abril y junio de este año, aupados tanto por las subidas salariales como por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Desde la AIReF han insistido en varias ocasiones en que la inversión en España no generaba el valor añadido necesario para compensar unos costes que, tras tocar ese techo, se mantendrán por encima del 3% el año que viene y el siguiente, con menos aumento del PIB.
El riesgo añadido que viene a aderezar esa mezcla explosiva es una inflación que ya está en el 4,3% y que puede superar los cinco puntos a final de año, arrastrada por los costes de la energía en las cadenas de producción (la electricidad está disparada a más de 120 euros kw/h).
Tanto el órgano fiscalizador de las cuentas públicas como otros servicios de estudios advierten que esa escalada de los precios mantendrá también en niveles del 4% las subidas salariales y no permitirá que los costes laborales bajen hasta bien entrado el 2027.
Si ese incremento se mezcla con una mayoría de nuevos empleos en servicios de baja productividad, basados en turismo, hostelería y mano de obra intensiva para las manufacturas o la construcción, el resultado es una economía que genera poco valor añadido en comparación con el coste medio que tienen sus trabajadores para las empresas.
Aunque el Gobierno insiste en que se han generado un gran número de puestos de trabajo de nueva creación en actividades profesionales, científicas y técnicas, de mayor productividad, su número total está todavía lejos de la actividad que generan los grandes motores de la economía: el turismo (comercio y hostelería), la industria y la construcción.
Los últimos datos de afiliación demuestran que esos sectores básicos de la economía española ocupan a casi el 60% de los puestos de trabajo asalariado, frente a apenas el 20% de esas nuevas profesiones de más valor añadido, en términos aproximados (sin contar con sanidad, educación y otras actividades dependientes del sector público).
La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, recordaba este miércoles que la productividad total seguía estancada en España. El ligero aumento de la que se consigue por hora trabajada no es suficiente como para compensar la fuerte subida de los costes laborales, con la permanente amenaza de la inflación por las tensiones del petróleo y el gas.
El Consejo de la Productividad de España, que presentó su primer informe hace seis meses, ya advertía que la productividad total de los factores apenas había mejorado un 1% entre 2022 y 2025, frente a una subida de los salarios cercana al 8% en todo ese tiempo, que se ha disparado en este ejercicio.
La AIReF, que en el mes de julio mejoró sus previsiones de PIB hasta el 2,5%, revisará ese dato en otoño. Advierte ahora de un empeoramiento de la economía en el tercer trimestre por las subidas de precios de los carburantes y los efectos de segunda vuelta que producen en el coste del resto de los bienes y servicios, sobre todo los alimentos.
Revisar fondos UE
Desde el órgano fiscalizador que preside Olóndriz ya advertían hace menos de un año las razones de la baja productividad que genera la economía: poca inversión privada, un mercado laboral que no se adapta bien a las vacantes existentes y una subida de costes para las empresas.
La institución coincide con el análisis de organismos como Funcas y de algunos servicios de estudios empresariales en que los Fondos Next Generation no han servido para recuperar con consistencia la inversión privada en reindustrialización, al menos en los cuatro años que llevan funcionando.
A pesar de ello, y falta de saber qué ocurrirá con el último pago de 26.000 millones pendiente de llegar, la AIReF se postula para ser una de las entidades que pueden evaluar algunas de las actuaciones que se han generado con estos fondos para comprobar su eficacia.
España debe mandar a la UE en el año 2028 un informe con el análisis de cada una de las inversiones contempladas en las diferentes adendas que ha revisado desde el inicio de este proceso.
La última de esas adendas reconoce a instituciones como el Notariado, los Registradores y la Intervención General del Estado (IGAE) como los órganos fiscalizadores que pueden demostrar a la UE la supuesta eficacia de sus programas de inversión.
En la AIReF, que ahora está pendiente de que se le haga desde el Gobierno la encomienda de gestión con los informes a realizar para este curso político, recuerda que cuentan con los datos recopilados y la herramienta adecuada diseñada para hacer este tipo de evaluaciones concretas, que revelen la utilidad final de los Fondos UE.
Inés Olóndriz recordó que en una economía como la española, basada en una demanda interna que crece mucho por el aumento de la población, es importante saber qué parte de todo ese avance del PIB se debe a la inversión productiva. Y en ese contexto, evaluar el impacto de los fondos millonarios de la UE es clave.
"En un contexto de recursos escasos, necesidades crecientes y geopolítica complicada, no sólo es importante cuánto gastamos, sino también gastar de la manera más eficiente posible", recordó la presidenta de la AIReF.
