La inversión pública en España solo aumentó tres décimas del PIB entre 2020 y 2025, a pesar de recibir más de 60.000 millones de euros de fondos Next Generation.
España sigue estando entre los países con menor inversión pública de la UE, superando solo a Irlanda, mientras países como Italia y Portugal aumentaron mucho más su peso en el PIB.
La mayor parte de los fondos europeos se destinó a gasto corriente, no a inversión productiva ni a nuevas infraestructuras, limitando su impacto transformador.
En 2025 la inversión en infraestructuras cayó al 38% del total, el nivel más bajo desde 1995, según un informe de la Fundación BBVA y el Ivie.
El peso de la inversión pública de la Administración General del Estado (AGE) apenas creció tres décimas entre los años 2020 y 2025, pese a la inyección de más de 60.000 millones de fondos europeos Next Generation en este periodo.
Según reflejan los datos de Eurostat, al cerrar 2025 la formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas de España llegó al 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB).
Un leve crecimiento respecto del 2,6% que representaba este indicador en 2020, el último año antes de que empezara a ejecutarse el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2021.
La formación bruta de capital fijo (FBCF) de las administraciones públicas mide la inversión neta en activos fijos realizada por el Estado, incluyendo las comunidades autónomas y la Seguridad Social, es decir, es el indicador que mide la inversión productiva.
Para los economistas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia esta es una de las cifras que demuestra que España no ha aprovechado los NextGen principalmente por el diseño realizado por el Gobierno central.
De esta manera, los expertos advierten que este dato supone que España ha utilizado estos fondos europeos para financiar gasto corriente en mucha mayor medida que nuevas inversiones. Sí se ha inyectado dinero público, pero no lo suficiente.
El objetivo del plan y de los NextGen aprobados en la pandemia era reconstruir la economía tras la crisis global y utilizar los fondos para reformar sus modelos productivos.
Un propósito que solo se podía lograr aumentando fuertemente la inversión pública -los NextGen son gestionados íntegramente por las administraciones públicas- y disparando su peso en el PIB.
El problema es que la comparación con el resto de países de la UE es demoledora. España era el cuarto peor país del bloque en inversión pública en 2020 y al cerrar 2025 estaba solo por encima de Irlanda.
Esto supone que la mayoría de los países de la UE han aumentado el peso de su inversión pública en el PIB muy por encima de los datos que ha registrado Madrid.
Por ejemplo, en el año de la pandemia Portugal cerró en el 2,3% del PIB -y en el último lugar- y en 2025 llegó al 3%, una mejora de siete décimas, más del doble que España.
Un comportamiento similar ha tenido Italia que pasó del 2,6% -la misma cifra que España en 2020- hasta el 3,8% actual, mejorando 1,2 puntos y cuatro veces más que Madrid.
La inversión pública de la media de la Unión Europea ha pasado del 3,5% al 3,9% del PIB, mientras que la de Alemania ha saltado del 3% al 3,3% y la de Francia del 4,2% al 4,4%.
Son crecimientos similares al de España, pero con datos muy por encima de lo que ha llegado a registrar nuestro país tras la ejecución de la mayor parte del Plan de Transformación y Resiliencia que expiró el pasado mes de agosto.
Si medimos esta inversión en términos de volumen, España ha pasado de 29.600 a 49.000 millones en cinco años a precios corrientes (incluyendo la inflación), aunque su impacto en el PIB se atenúa por el elevado crecimiento.
En cualquier caso, no hay que confundir inversión pública, con gasto público. Efectivamente, España ha sido uno de los países de la UE que más han elevado el gasto en este mismo periodo, en más de 180.000 millones de euros.
Aunque pese a que el crecimiento de la economía ha hecho que su peso en el PIB haya pasado del 51% al 45,3%, este gasto público ha sido uno de los responsables del importante crecimiento, muy por encima de la UE.
La diferencia es que este gasto no se ha destinado mayoritariamente a inversión productiva lo que se traduce a que, a medio y largo plazo, no se pueda consolidar un nuevo modelo productivo, ni las infraestructuras necesarias para sostener este crecimiento en el tiempo.
Así lo explica el economista Santiago Sánchez, que ha realizado un seguimiento del Plan de Recuperación desde su lanzamiento en 2021. "Es claramente una oportunidad perdida, porque se ha producido una nula transformación del tejido español", indica.
Agrega que este dato de formación bruta es clave para entender que España ha usado los NextGen para financiar inversiones ya previstas, y que igualmente se iban a realizar sin esta inyección, en vez de poner en marcha programas adicionales.
Es así como buena parte de estos fondos -unos 60.000 millones en convocatorias resueltas al finalizar diciembre del año pasado- se ha utilizado en gasto corriente y en tapar agujeros presupuestarios generados por no tener nuevas cuentas públicas.
Por su parte, el economista Javier Santacruz coincide en señalar que la gran mayoría de los fondos se han terminado ejecutando o se están ejecutando vía gasto corriente y no inversión.
"Esto deja un impacto macroeconómico muy escaso, minimiza el impacto sobre el PIB y el potencial transformador por definición", en una gestión que -recuerda- ha estado claramente lastrada por el centralismo de Presidencia de Gobierno.
Inversión en infraestructuras
Una falencia que se detecta fundamentalmente en infraestructuras. En estos cinco años se ha avanzado, pero crisis ferroviarias como la de Adamuz o el gran apagón de 2025 reflejan que no ha sido suficiente.
Así lo demuestra un informe de la Fundación BBVA y el Ivie que indica que la inversión pública creció un 9,1% en 2025, pero el peso de las infraestructuras en la misma cayó al 38%, el dato más bajo desde 1995.
Hablamos principalmente de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obra pública en general, pero también infraestructuras digitales y energéticas, con un déficit que las patronales empresariales llevan meses advirtiendo.
El problema es que los fondos europeos Next Generation ya se han acabado y nada parece indicar que este efecto transformador se produzca en el medio y largo plazo.