El Gobierno estudia nuevas rebajas fiscales para frenar el impacto de la inflación tras el aumento de precios de la energía y los combustibles.
El conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han disparado los precios energéticos, elevando la inflación al 4,3% en agosto.
La escalada de precios de la electricidad (19%) y los combustibles (gasóleo un 20,6%, gasolina un 12,4%) afecta al poder adquisitivo de las familias.
Se prevén tensiones dentro del Gobierno de coalición por el alcance de las nuevas medidas, mientras se acercan las elecciones generales de 2027.
El Gobierno aprobó en marzo un paquete de rebajas fiscales que atenuaran el impacto de la guerra de Irán en los precios que pagan las familias españolas. Todo ello bajo la perspectiva de que el conflicto acabara en el corto plazo. Sin embargo, no ha sido así.
El estrecho de Ormuz lleva bloqueado meses. Y esto ha disparado los precios a niveles que no se veían desde hace años. Todo ello a sólo unos meses de que se celebren elecciones generales, autonómicas y locales.
En este contexto, el Gobierno ya baraja prorrogar y aumentar el 'escudo' fiscal que caduca a finales de mes.
De hecho, los ministerios (en particular el de Transición Ecológica y el de Economía) mantienen contactos constantes con los sectores productivos. Y hacen seguimiento de la situación.
En este contexto, fuentes del Gobierno indican que están evaluando y discutiendo, de forma interna, qué medidas aplicar a partir de octubre para tratar de frenar la inflación. O, al menos, para paliar su impacto en los bolsillos de los hogares españoles.
Además, en el Ejecutivo admiten que se han visto sorprendidos por la evolución de los precios de la energía, que crecen en tasas del entre el 9 y el 10%.
Esta es la principal causa de la evolución de la inflación. Lleva por encima del 3% cinco meses consecutivos. Y en agosto subió al 4,3%, superando la barrera psicológica del 4%.
La inflación se dispara un 4,3% en agosto.
Todo ello pese a las reducciones fiscales que aprobó el Gobierno hace unos meses tanto en el precio de la electricidad como en el de los combustibles.
Sin embargo, se han ido retirando progresivamente. Y eso ha tenido las correspondientes consecuencias.
Por un lado, la factura eléctrica subió un 19% interanual en agosto por el encarecimiento del gas (además de por el incremento de la demanda).
Por el otro, los precios de los combustibles se han disparado este verano. El gasóleo ha aumentado un 20,6% y la gasolina un 12,4%.
En ambos casos, y sin visos de que la paz pueda llegar al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, las previsiones son de que la situación se agrave.
Sobre todo cuando lleguen los temidos efectos de segunda ronda de la inflación energética en el precio del resto de los productos.
En particular en los alimentos. El Banco Central Europeo (BCE) espera que la inflación de la comida se triplique el próximo año.
Todo esto socavará el poder adquisitivo de las familias (de cuyo consumo en buena medida depende el avance del PIB) en el peor momento posible, al menos políticamente hablando.
Hay elecciones a la vuelta de la esquina, en 2027. Y el Gobierno necesita llegar a ellas con la mejor hoja de servicios política posible. Una inflación por encima del 4% sería una mancha difícil de lavar.
Es pronto aún para aventurar qué hará el Ejecutivo. En marzo se decidió una drástica rebaja general de los impuestos sobre la electricidad y los combustibles.
Pero este tipo de medidas, aplicadas sobre toda la población y no sólo sobre colectivos más vulnerables, no son del gusto de la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, de nuevo y con toda seguridad, la aplicación de nuevas rebajas tributarias va a generar una contundente bronca entre los dos miembros del Gobierno de coalición: PSOE y Sumar.
Desde hace tiempo la formación antes capitaneada por Yolanda Díaz reclama que se amplíe el escudo social del Gobierno. El propio Ernest Urtasun, ministro de Cultura, esta misma semana ha reivindicado más medidas en esta dirección.
Entre ellas la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler de vivienda. Así como topes al precio de los combustibles y de determinados alimentos de primera necesidad.
En cualquier caso todavía es pronto para saber qué hará, finalmente el Gobierno. En las próximas semanas Carlos Cuerpo y su equipo tendrán que tomar decisiones.