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Las claves

La deuda pública española sigue subiendo. Un movimiento que no ha dejado de hacer, al menos en términos brutos, desde que Pedro Sánchez entró a la Moncloa. Desde junio de 2018, los números rojos públicos se han disparado un 51,2% y están en máximos históricos.

De hecho, en los ocho años que Sánchez lleva al frente del Gobierno la deuda pública ha sumado más de 597.000 millones de euros.

Cuando el socialista accedió a la Presidencia del Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018, la deuda pública estaba en los 1,165 billones de euros.

Desde entonces, los números rojos de las Administraciones Públicas crecen mes tras mes. Las pausas en la escalada de deuda pública han sido escasas, sobre todo desde 2020.

Así, en los últimos ocho años, la deuda pública ha engordado más de medio billón de euros y ha alcanzado los 1,76 billones en junio de 2026.

Una cantidad que supone un 4,2% más que en el mismo mes de 2025 y supone un nuevo máximo histórico.

Pese a ello, en términos de PIB, la deuda pública se ha moderado hasta el 101,5% gracias al crecimiento de la economía y el cambio que ello provoca en esta medida. De esta manera, se ha generado un descenso de casi dos puntos porcentuales en términos interanuales.

Sin embargo, si la comparación es mensual, sí que hay aumento. En mayo, la deuda se quedó en el 100,2% del PIB (menos que en abril). Así, en junio ganó1,3 puntos.

Estos pasivos han crecido prácticamente mes tras mes, pese a las reclamaciones que entes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España de mantener una disciplina fiscal que, en términos brutos, no termina de llegar.

De hecho, la deuda española está entre las más elevadas de la Unión Europea. Según los datos más recientes de Eurostat (que usa el PIB como referencia), es la quinta más alta, sólo por detrás de Grecia, Italia, Francia y Bélgica.

La falta de disciplina fiscal en términos de deuda genera preocupación entre las autoridades económicas, que alertan de sus costes.

Acumular deuda pública no es inocuo. Supone el pago de intereses a posteriori, un gasto que limita la capacidad financiera del Estado y que provoca que millones de euros no se puedan destinar a otras partidas de gasto público.

Las dimensiones del problema son milmillonarias. Sólo en 2025, el Gobierno tuvo que destinar más de 40.000 millones de euros a pagar intereses de deuda pública.

Y todo apunta a que este año se batirá, también, este récord. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la deuda pública ya se comió 29.000 millones de euros en la primera mitad de 2026.

Todo esto en un momento delicado y peligroso para las números rojos nacionales.

El mercado de deuda se encuentra inmerso en plena espiral alcista de los bonos. La rentabilidad (que se traduce en los intereses que tienen que pagar los estados) no deja de escalar a nivel mundial y ha tocado máximos de casi dos décadas, según informa Jimena de la Rosa.

El interés de la deuda española no escapa a esta tormenta. La rentabilidad del bono a 10 años ha subido un 12,49% en lo que va de año y se sitúa en el 3,7%, un nivel que no alcanzaba desde 2014.

En Estados Unidos, el bono a 30 años ha repuntado hasta el 5,3% y acumula seis semanas por encima del 5%. Mientras, el bono alemán a 10 años ha subido hasta máximos desde 2011 y el papel francés al mismo plazo ha escalado hasta tocar niveles que no veía desde 2008.