En dos semanas, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas se reunirán para debatir el nuevo modelo de financiación que ha diseñado el departamento que dirige Arcadi España, cuya letra pequeña se conoció a mediados de julio.
La propuesta sólo convence a Cataluña y Canarias y está generando reticencias entre las voces más expertas sobre financiación autonómica. Sobre todo por cómo se están decidiendo las necesidades de cada región... y su financiación, claro.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) avisa de que el modelo de financiación del Ministerio de Hacienda infravalora el peso que sanidad y educación tienen en el gasto autonómico.
En estos momentos, la suma de las partidas que tienen que dedicar los territorios a ambas supera el 76% del gasto público de los gobiernos autonómicos (unos 126.451 millones de euros), un 48,3% para la sanidad y un 28,1% para educación.
En cambio, el peso asignado a estas partidas dentro del nuevo sistema de financiación autonómica es mucho menor, del 58,5% (38% para sanidad y 20,5% para educación). Es decir, casi 18 puntos menos.
En este contexto, llama la atención que lo destinado a servicios generales (considerados no fundamentales) tenga un peso en el gasto del 15,6% y que su peso en la nueva financiación se duplique al 30%.
Por ello, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, demanda en su último informe reestructurar estas cifras. Y que lo que gana servicios generales pase a sanidad y educación, de manera que la distribución que quede sea: 46,8% para sanidad, 27,2% para educación y 15,1% para servicios generales.
Propuesta de Fedea.
De la Fuente ha elaborado su análisis con el detalle de la propuesta de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda.
Un modelo que, indica el economista, que "podría ser un buen punto de partida para una negociación seria".
Por ello, pide “darle otra vuelta al problema, para tratar de alcanzar un mayor grado de consenso entre partidos y territorios, y para evitar que la actual reforma contribuya a agravar algunos de los grandes vicios del sistema de financiación autonómica, incluido su creciente déficit de responsabilidad fiscal y la excesiva inercia que genera el diseño elegido para las cláusulas de statu quo”.
De la Fuente coincide en que hay que asegurar que "nadie pierda", pero plantea que las compensaciones para las regiones que no sean beneficiadas por el diseño del modelo sean transitorias y se reduzcan gradualmente hasta desaparecer en un máximo de cinco años.
La propuesta del Gobierno tiene, para De la Fuente, tanto luces como sombras e introduce mecanismos "más que discutibles" que favorecerían fundamentalmente a Cataluña.
En este sentido, desaconseja ceder un porcentaje adicional de IVA para financiar las competencias no homogéneas, al entender que resta transparencia y complica su futura integración en el sistema general. Y rechaza la creación de un subfondo de competencias homogéneas por considerar que conllevaría diferencias de valoración arbitrarias entre territorios.
“Abrir la puerta a valoraciones diferentes para unas mismas competencias en distintas comunidades atentaría gravemente contra la lógica igualitaria del modelo y debería, por tanto, evitarse”, recalca
