El IPC en España subió un 3,6% interanual en julio, la mayor cifra desde mediados de 2024, superando las previsiones y el crecimiento de los salarios.
Esta subida de la inflación ha provocado una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores españoles, que es mayor que en la media de la zona euro.
Los sindicatos CCOO y UGT reclaman una subida inmediata del SMI para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero el Gobierno solo contempla una revisión para 2027.
El aumento de precios amenaza con frenar el consumo interno, principal motor del PIB, y los hogares ya sufren la mayor caída de ingresos reales desde 2023.
La inflación vuelve a desatar las alarmas en España. En julio, los precios crecieron un 3,6% interanual, una décima por encima de lo previsto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace unas semanas, la mayor cifra desde mediados de 2024. Un incremento que amenaza el poder adquisitivo de los españoles, eleva la brecha con el resto de la Unión Europea (UE) y amenaza al principal sustento del avance del PIB del que tanto presume el Gobierno de Pedro Sánchez: el consumo interno.
Por un lado, el IPC del mes pasado (que, por cierto, aumentó cuatro décimas respecto al de junio) subió más que los salarios por convenio. Esta estadística del Ministerio de Trabajo sirve como orientación de las subidas salariales del año en curso y en julio se elevó ligeramente por encima del 3%.
Por tanto, hay pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Y de más de medio punto, teniendo en cuenta que los salarios han subido sólo un 3% y los precios un 3,6%.
Una diferencia que es todavía más acentuada si se compara con los estados de la zona euro. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que es el que permite comparar la inflación entre países, de España se elevó en julio al 3,9%. Muy por encima de la media de la zona euro, que está en el 2,9%, según Eurostat.
Así, con estas referencias, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles es mayor que la de los europeos.
Esta situación ha llevado a los sindicatos CCOO y UGT a reclamar una subida "inmediata" del salario mínimo interprofesional (SMI).
Ambas organizaciones subrayan que se debe preservar su capacidad adquisitiva de los trabajadores con menos ingresos frente a una inflación condicionada por factores externos y por el "intenso" encarecimiento de la vivienda.
En su opinión, teniendo en cuenta la inflación actual y la subida del SMI del 3,1% que se pactó para 2026, debe operar la cláusula prevista en el Estatuto de los Trabajadores que permite revisar el SMI cada seis meses cuando falla la previsión del IPC.
Sin embargo, como ya contó este periódico, el Ministerio de Trabajo no está por la labor. Tras el verano reunirá a la patronal y sindicatos para discutir una subida del salario mínimo, sí, pero la de 2027. No ninguna adicional.
Esta pérdida de poder adquisitivo amenaza con afectar a la economía española, dado que podría gripar el principal motor del PIB: el consumo interno.
Como recoge el INE, más de la mitad del crecimiento económico depende del consumo interno. Y su evolución depende, en buena medida, de los precios. Cuanto más suban, más se puede frenar el gasto de los hogares.
Un gasto que en estos momentos sigue creciendo, en buena medida, gracias a la buena salud del mercado laboral, que está espoleado por la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Sin embargo, si los precios siguen creciendo por encima de los salarios, este impulso se va a perder en el consumo interno.
“Cuando los precios aumentan más rápido que los salarios, las familias pierden capacidad de compra y empiezan a recortar aquellos gastos que no consideran imprescindibles. El consumo de los hogares representa más de la mitad de la economía española, por lo que una reducción prolongada de la demanda puede frenar con rapidez el crecimiento”, advierte José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, es decir, su empobrecimiento? Por ahora, se están aplicando bonificaciones fiscales en los combustibles, que son los principales causantes del rebrote de inflación.
De hecho, en septiembre la bonificación del gasóleo se subirá a 20 céntimos por litro (ahora mismo está en 10) para tratar de compensar las subidas de costes que están sufriendo los carburantes por la guerra en Irán. En cambio, no lo hará la gasolina, cuya bonificación de 10 céntimos por litro bajará a cinco el próximo mes.
Estas medidas caducan a finales de septiembre. El Gobierno puede prorrogarlas, pero estas iniciativas tienen un coste para las arcas públicas y órganos como la OCDE y el FMI han demandado su retirada. O, al menos, enfocarlas en colectivos concretos, los más afectados.
Con todo, el poder adquisitivo de los hogares españoles ya estaba sufriendo minoraciones incluso antes de que el cierre del estrecho de Ormuz comenzara a impactar.
En el primer trimestre del año, las familias españolas sufrieron su mayor pérdida de ingresos reales desde 2023, con una reducción del 0,4% según la OCDE. Una bajada causada por el aumento de cotizaciones sociales con el que empezó 2026, pero que se puede agravar por la inflación.