El Gobierno espera el apoyo de Junts a la quita de deuda autonómica para impulsar un nuevo modelo de financiación y preparar unos Presupuestos con marcado carácter electoral.
Cataluña podría beneficiarse de una quita de 17.000 millones de euros en su deuda, mientras Junts exige el traspaso de competencias fiscales y un concierto económico similar al vasco.
El Ejecutivo planea unos Presupuestos centrados en ayudas sociales y económicas, aunque afronta retos como la presión de Junts, la gestión de la Agencia Tributaria y la llegada de fondos europeos.
La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y la gestión de los fondos europeos son claves para la estrategia del Gobierno de cara a las próximas elecciones generales.
Aunque muchos vieron un gran fracaso del Gobierno el rechazo a la senda de estabilidad y al techo de gasto en el Congreso por segunda y definitiva vez, en el equipo económico no lo daban todo por perdido. Al contrario, en el entorno más cercano al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, contaban con ello.
En la situación preelectoral que se vive en el Ejecutivo, se valoró de forma mucho más positiva el apoyo de Junts a la tramitación parlamentaria de la quita millonaria de deuda a las autonomías, con la que Cataluña se va a descontar un peso de 17.000 millones en su pasivo con el Estado.
El propio ministro de Hacienda, Arcadi España, fiel escudero de Cuerpo, lo consideró como el inicio de algo más grande, cuya efectividad se entenderá mejor cuando vaya acompañada del nuevo modelo de financiación autonómica, que también ofrece a los catalanes unos ingresos extra de hasta 6.000 millones de euros.
Mientras anhelan la vuelta de su líder a Cataluña, los de Puigdemont, como es habitual, se colocan en máximos para negociar ambas cosas: quieren que el Estado les perdone toda la deuda que tienen (76.700 millones de los 90.300 que acumulan si se añade la banca); y un concierto económico como el vasco para no asumir una financiación jugosa, pero pactada con ERC.
Ese es el escenario que ha quedado tras la última sesión del Congreso, hasta que 'sus señorías' vuelvan a sus escaños tras las vacaciones. Pero con un ingrediente adicional que correrá de forma paralela a la financiación: la elaboración de unos Presupuestos para el año que viene que contendrán la base del programa electoral de Pedro Sánchez con las elecciones generales a la vista.
En el seno del Gobierno dan por superada la disquisición jurídico administrativa sobre si se puede o no presentar un proyecto de cuentas públicas para el año que viene sin tener aprobados en el Parlamento los objetivos de déficit, deuda y gasto.
Existe un informe de la Abogacía del Estado de hace tres años (desde que se iniciaron las prórrogas presupuestarias que han durado hasta hoy) que avala esa presentación. Establece que hay prevalencia de una obligación constitucional, frente a un trámite legislativo. Aunque nunca se haya utilizado esa opción hasta ahora.
Otras fuentes jurídicas consultadas aseguran que ese vacío legal remite toda la obligación del Gobierno a la hora de presentar unos Presupuestos al Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo enviado a Bruselas. En él se contempla un déficit del 1,8%, sin distinguir entre Estado, CCAA y Ayuntamientos, y un límite del 4% para el aumento del gasto.
Tras esa formalidad, lo que se le presenta a Pedro Sánchez, experto en el manejo de los tiempos políticos, es una oportunidad única para cubrir de contenido económico la recta final de una legislatura que ya se da por perdida. Un intento de adelantarse en la carrera electoral con las bases de un programa electoral, elaborado a modo de Presupuesto y cargado de gasto social.
No es casualidad que la quita de deuda y el reparto millonario que supone para las CCAA (6.700 millones en pago de intereses y más opciones para financiarse en los mercados), que surge de un pacto con ERC del año 2023, se haya dejado para esta recta final del Congreso, a modo de clavo ardiendo al que agarrarse para aguantar hasta fin de año. Y en 2027, Dios dirá.
Carlos Cuerpo, que se ha convertido en el miembro del Gobierno mejor valorado, es el encargado de coordinar las propuestas presupuestarias-electorales cargadas de ayudas fiscales para la vivienda, dependencia, sanidad, apertura para la inmigración, educación y más dinero para luchar contra el cambio climático en pleno drama por los incendios.
El calvario de otoño
Pero todo apunta a que esa vuelta de vacaciones con el paquete económico sobre la mesa para intentar sacar adelante financiación y Presupuestos no va a ser un camino de rosas. Más allá incluso de la presión que ejercen sobre el Gobierno casos como el de Zapatero y Leire Díez, entre otros frentes judiciales abiertos.
De entrada, Junts va a poner sobre la mesa el traspaso a Cataluña de una parte de la Agencia Tributaria y de la gestión gradual del IRPF, como condición sine qua non para empezar a hablar de financiación autonómica.
Fuentes conocedoras de la crisis interna de la Agencia Tributaria, tras la salida de su directora y su responsable de recursos humanos, aseguran que esa amenaza se vive cada día en el seno de una institución que está considerada como una de las más eficaces de España (y de Europa) en la gestión de impuestos.
El plan de Hacienda para trabajar en red sin romper la base de datos de la inspección ni la unidad de gestión de la AEAT ha quedado en entredicho ante las exigencias de los nacionalistas catalanes de Junts y ERC, y de la propia Generalitat presidida por el socialista Salvador Illa.
Por más que Junts diera un sí a la discusión y puesta en marcha de la financiación, y se negociara comunidad por comunidad, esa ruptura operativa de la AEAT supondría un rechazo total de todas ellas y un varapalo duro para la gestión de Sánchez en el final de su mandato.
Tampoco las pretensiones unificadoras del nuevo decreto de vivienda serán fáciles de sacar adelante. Desde el PNV ya se ha reclamado una reforma urgente de la ley del suelo para liberar espacio en el que construir vivienda nueva, ahora en manos de ayuntamientos y fondos, y bloqueado por la burocracia entre administraciones.
Y en toda esa negociación a gran escala del área económica del Gobierno de cara a los Presupuestos habrá que dilucidar cómo impacta el fin de los Fondos Next Generation. Hay que pedir el último pago de 27.000 millones antes del 31 de agosto, con una adenda final suavizada que se negocia a pasos forzados.
Gran parte de los proyectos en marcha de industria, tecnología para la defensa o transición ecológica dependen de la continuidad que desde Economía sepan darle a los fondos pendientes de llegar. Bajo riesgo de no llegar a tiempo para captar todo el montante pendiente y perder una de las mayores oportunidades históricas de modernizar España en las últimas décadas.
La apuesta económica que Sánchez ha hecho para este fin de legislatura tiene contenido y desafíos suficientes como para alargarla todo lo que los escándalos de corrupción y los procesos judiciales le permitan. Pero también esconden un riesgo muy alto de fracaso continuo y agonía política antes de que lleguen las elecciones.