Hacienda estudia permitir que las comunidades autónomas con superávit puedan destinar esos fondos a políticas de vivienda y otras inversiones sostenibles.
La medida permitiría a regiones en números negros usar remanentes presupuestarios sin que computen en la regla de gasto nacional, actualmente limitada al 4% anual.
Comunidades como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco serían las principales beneficiadas por esta posible flexibilización.
La propuesta de individualizar los objetivos de déficit según la situación fiscal de cada región requeriría el visto bueno unánime de todas las autonomías y la aprobación de las Cortes.
Más allá de lo relativo a la financiación autonómica (aquí el intercambio de ataques es constante), el ministro de Hacienda, Arcadi España ha abierto la puerta a satisfacer algunas reclamaciones de los territorios, como que los objetivos de déficit estén adaptados a la situación fiscal de cada región.
Pero no todas las regiones tienen déficit. Varias están en equilibrio presupuestario o incluso superávit, unos números negros (como se conoce esta situación en el argot financiero) a los que las regiones no pueden recurrir por las limitaciones que establece la regla de gasto nacional. Es decir, el límite legal para el aumento del gasto de un año a otro, que para 2027 está en el 4%.
El Ministerio de Hacienda está buscando fórmulas para solventar esta situación, según ha podido saber este periódico, y que los remanentes correspondientes se puedan usar para políticas como las de vivienda.
La idea, igual que ocurre en el caso de los ayuntamientos y los cabildos, es que estos remanentes presupuestarios se puedan emplear en determinadas inversiones sin que computen en la regla de gasto.
Si se toma como modelo el planteamiento de las entidades locales, los superávits autonómicos (cuando los haya) se podrían destinar a vivienda, alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil e infraestructuras. Son las actuaciones consideradas como financieramente sostenibles, en términos más técnicos.
¿Qué regiones, a día de hoy, podrían aprovechar la medida? Según los datos del cierre presupuestario de 2025, Andalucía (que acabó el año con un 0,14% de PIB en superávit), Asturias (0,51%), Baleares (0,11%), Canarias (0,08%), Cantabria (0,29%), Galicia (0,18%), Navarra (2,04%) y País Vasco (0,07%).
En términos generales, las comunidades autónomas demandan que su situación financiera se tenga en cuenta a la hora de determinar sus objetivos fiscales. No es lo mismo someterse a unos límites de gasto determinados con unos números rojos que con otros. La situación de partida es diferente.
AIReF
Precisamente, esta fue una de las principales reclamaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante el mandato de Cristina Herrero. Y, según le consta a este medio, lo seguirá siendo con Inés Olóndriz.
De hecho, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, el Ministerio de Hacienda abrió la puerta a aprobar objetivos de déficit asimétricos para las comunidades autónomas. Es decir, a individualizarlos por regiones según su situación fiscal.
No requeriría hacer cambio legislativo alguno pero la senda de estabilidad (que incluye los límites de déficit y deuda públicos para todas las Administraciones) tendría que ser aprobada por las Cortes, algo que no ocurre desde principios de 2020, antes de la pandemia.
El reparto del déficit asimétrico tendría que negociarse en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el apoyo al mismo debería ser unánime por las regiones.
Algo que no parece estar muy claro, dado que ya varias regiones del Partido Popular han valorado como innecesaria la iniciativa.
Durante la cita, también han conminado a cambiar cómo se calcula y elabora la regla de gasto. Es decir, cuánto pueden elevar su gasto público las regiones.
Esto se debe a que las autonomíasvprotestaron porque la establecida para 2027 (del 4%) no les permitiría cumplir con los compromisos presupuestarios que van a tener que atender. Entre ellos, las subidas salariales de los trabajadores públicos.