Cuando apenas quedan poco más de cuatro meses para completar la adjudicación de los fondos Next Generation, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se descuelga ahora con la petición de una prórroga de hasta un año para poder gastar todas las subvenciones y no perder el dinero. El reglamento del plan de recuperación establece que la fecha tope para completar todos los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, tanto de inversiones como reformas, es el 31 de agosto de 2026.
En la cumbre informal de líderes europeos celebrada este viernes en Nicosia, el presidente del Gobierno ha reclamado además relajar las reglas de disciplina fiscal de la UE para impulsar la inversión en electrificación. Sánchez justifica ambas peticiones en la nueva crisis económica derivada de la guerra de Irán, cuyo impacto ya se deja sentir en el bolsillo de los europeos a través del encarecimiento de los carburantes.
Salvo un giro sorpresivo en Bruselas, ninguna de las dos exigencias del presidente del Gobierno tiene visos de prosperar. La prórroga de un año para ejecutar los fondos Next Generation requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros, un escenario que la propia Comisión de Ursula von der Leyen ya ha descartado en ocasiones anteriores, cuando lo plantearon países como Portugal o Italia. Alemania o los 'frugales' se oponen rotundamente.
Tampoco hay margen, por ahora, para flexibilizar las reglas fiscales. Tanto la presidenta de la Comisión como el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, han reiterado en las últimas semanas -en respuesta a peticiones similares del Gobierno de Giorgia Meloni- que no se dan las condiciones para activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, reservada a situaciones de recesión económica grave.
"Creo que debemos abrir el debate sobre una prórroga de seis a doce meses de los fondos Next Generation para destinar los recursos no ejecutados a la electrificación y la transformación energética de nuestras economías", ha reclamado Sánchez en Chipre. Es la primera vez que su Gobierno plantea ante los socios comunitarios una ampliación del plazo desde la creación de estas ayudas en 2021, cuando ya se fijó la fecha límite del 31 de agosto de 2026.
Sánchez ya renunció a principios de año a 60.000 millones en créditos blandos del programa Next Generation por el retraso en las inversiones y reformas comprometidas con la UE. A día de hoy, España tiene aún pendientes de recibir 25.000 millones en transferencias a fondo perdido y otros 6.500 millones en préstamos. Sus declaraciones de este viernes en Chipre apuntan a un creciente temor a perder parte de esos fondos.
"Los plazos de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están consagrados en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Reglamento del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y la Decisión sobre Recursos Propios", ha explicado a EL ESPAÑOL-Invertia un portavoz del Ejecutivo comunitario.
"La Comisión debe respetar estos plazos y no tiene margen de discrecionalidad para apartarse de ellos", subraya el portavoz.
"Por tanto, los Estados miembros deben cumplir todos los hitos y objetivos pendientes antes del 31 de agosto de 2026, presentar sus últimas solicitudes de pago a la Comisión antes del 30 de septiembre, y la Comisión efectuará los pagos finales antes del 31 de diciembre de 2026", ha zanjado.
El presidente ha pedido además en Chipre "aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como hicimos con el gasto en Defensa". En concreto, la propuesta de España es que el gasto en la electrificación de la economía y en las energías renovables no compute como déficit.
El propio vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, dijo el pasado 9 de abril que España tenía "espacio fiscal" para afrontar el impacto de la guerra, por lo que descartaba pedir la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad. Su jefe le ha corregido apenas dos semanas después.
"En cuanto a la cláusula general de escape, esta solo puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona del euro o en la Unión Europea en su conjunto. Afortunadamente, este no es el caso en el que nos encontramos actualmente, pero seguimos supervisando muy de cerca la evolución de la situación, y el Ecofin lo debatirá en detalle, por lo que permanecemos atentos", ha dicho Von der Leyen en rueda de prensa al término de la cumbre de Chipre.
Allí, Sánchez ha vuelto a pedir además un impuesto europeo para las grandes energéticas, que ya ha sido descartado incluso por la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.
"Hay empresas que ahora mismo se están beneficiando del alza del precio del crudo y, por tanto, tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas", ha insistido.
"España ha puesto encima de la mesa propuestas que creo que son razonables, que creo que son consecuentes con la envergadura de la crisis energética que está sufriendo el mundo y que está sufriendo también Europa", sostiene el presidente del Gobierno.
"La gran lección de todos estos shocks energéticos que estamos viendo -el de Ucrania, el de Irán- es la necesidad de hacernos más autónomos, más soberanos desde el punto de vista energético. Y eso pasa por la transformación energética y por las energías verdes. Nosotros, gracias a esas energías verdes, hoy tenemos un precio de la electricidad mucho más barato que la media europea", ha presumido Sánchez.
"Ojalá esto sirva también para que el resto de países puedan seguir esa línea, porque me parece que es la única que puede garantizar la supervivencia de nuestra industria y el bienestar de nuestros hogares", sostiene el presidente del Gobierno.
