Las claves

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El sistema público de pensiones español es hoy, en términos estrictamente financieros, lo bastante generoso como para que los jubilados lleguen a cobrar pensiones cuyo valor es hasta un 60% superior a todo lo que aportaron durante su vida laboral.

Esa es la conclusión central del informe Pensiones contributivas: Cuando la TIR no cuadra, elaborado por el economista Jesús Fernández‑Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania.

Sus cálculos ponen números a una cuestión cada vez más presente en el debate público: la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Los jubilados españoles reciben, de media, bastante más de lo que cotizaron y ese diseño obliga a dedicar una parte creciente de los recursos públicos a pagar pensiones frente a otros capítulos del Estado del bienestar.

Según este análisis, cuando se convierten a euros de hoy todos los flujos de dinero —lo que un trabajador aporta durante su vida laboral y lo que recibirá como pensión—, el resultado es que la pensión equivale a entre un 45% y un 60% más que las cotizaciones realizadas.

Es decir, por cada euro que entra en el sistema vía cotizaciones, el jubilado medio termina cobrando alrededor de 1,6 euros a lo largo de su retiro. Técnicamente, los números muestran que, una vez actualizadas todas esas cantidades, las pensiones que se pagan valen en conjunto más que las cotizaciones que las financian.

Por eso, Fernández‑Villaverde cuestiona la idea de que cada uno cobra lo que ha pagado. Cuando se analizan las pensiones con las mismas herramientas que se usan para valorar un plan privado o un bono del Estado, aportaciones y cobros sí tienen que cuadrar.

​​Una rentabilidad que no cuadra

El corazón del argumento es la tasa interna de retorno (TIR), el tipo de interés implícito que iguala el valor de las cotizaciones de un trabajador con el valor de su pensión futura.

Fernández‑Villaverde, tomando como referencia el informe de evaluación de la regla de gasto en pensiones de la AIReF de marzo de 2025, estima que la TIR real de las nuevas pensiones se sitúa entre el 3,5% y el 3,6% anual.

El problema, como subraya el autor, es que esa rentabilidad implícita no guarda relación con la capacidad de crecimiento de la economía ni, sobre todo, con lo que realmente ingresa cada año la Seguridad Social en forma de cotizaciones.

En un sistema de reparto, el dinero que se paga hoy a los jubilados sale de las cotizaciones de los trabajadores actuales y de las transferencias del Estado.

Para que las cuentas cuadren sin crear un agujero estructural, la TIR tiene que ser parecida a la suma del crecimiento del número de cotizantes y del crecimiento real de los salarios.

Sin embargo, las proyecciones utilizadas por Fernández‑Villaverde muestran que, incluso en escenarios relativamente optimistas, los ingresos del sistema crecerán, de media, en torno al 2% anual. A su vez, la TIR de las nuevas pensiones se mantiene en la mencionada horquilla de entre el 3,5% y el 3,6%.

Esa diferencia, que el autor cifra en entre 1,5 y 2,2 puntos porcentuales al año, implica que la rentabilidad que hoy ofrecen las nuevas pensiones está por encima de lo que los ingresos del sistema pueden sostener de forma estable.

Esa tensión no se ve en el corto plazo porque el desfase se cubre con transferencias crecientes del Estado y con más deuda pública. Pero el resultado, como recuerda la AIReF, es un gasto en pensiones que se dispara hasta el 16% del PIB a mediados de siglo.

No son sólo los salarios bajos

Una explicación muy extendida es que el principal problema de las pensiones está en que los salarios son demasiado bajos.

Sin embargo, el trabajo de Fernández‑Villaverde sugiere que no es así. Si los sueldos suben, pero el sistema sigue pagando la misma rentabilidad a los jubilados, el problema no se arregla, sino que empeora.

La razón es que salarios más altos significan más dinero entrando hoy en forma de cotizaciones, pero también generan el derecho a pensiones más altas en el futuro.

Si las reglas de cálculo no cambian, el sistema obtiene más dinero hoy, pero crea un compromiso de gasto mucho mayor en las próximas décadas.

El análisis mira también quién gana y quién pierde con el diseño actual del sistema.

A partir de trabajos de Fedea y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Fernández‑Villaverde recuerda que los mayores de 65 años en España disfrutan de una renta disponible un 6,4% superior a la de sus homólogos europeos y concentran la mayor riqueza de todo el ciclo vital.

Los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años acumulan una riqueza mediana de 226.000 euros, muy por encima de los 76.000 de los hogares de 35 a 44 años.

En paralelo, una parte creciente de los recursos tributarios se destina a cubrir el déficit de las pensiones, lo que supone una transferencia de renta desde los trabajadores más jóvenes hacia los jubilados.

Ese excedente del 60% sobre lo aportado se financia con impuestos presentes y futuros de generaciones que, en muchos casos, tienen salarios más bajos y menos patrimonio.

Fernández‑Villaverde identifica sólo tres caminos para cerrar la brecha: hacer crecer más las cotizaciones mediante mayor productividad, aumentar el número de cotizantes mediante inmigración masiva o reducir la rentabilidad del sistema subiendo cotizaciones o bajando pensiones.