El Gobierno va a cambiar la forma de acceder a un empleo público del Grupo A, el de más alto nivel. Según la reforma propuesta por el Ejecutivo, los aspirantes a una plaza de esta categoría deberán realizar un curso de posgrado de dos años, tras el cual "sólo los mejores", es decir, aquellos que saquen mejor nota, serán los que obtengan la plaza de funcionario.

Esta medida se enmarca en el nuevo plan de transformación de la administración pública presentado este lunes por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, y que lleva por nombre Consenso por una Administración Abierta.

Esta estrategia, dotada con un presupuesto de 43 millones de euros, incluye también otras medidas como la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa, el fomento de servicios públicos proactivos o la puesta en marcha de una plataforma soberana de inteligencia artificial (IA) en la administración.

En una rueda de prensa junto a Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, López ha explicado que el nuevo sistema de elección de empleados públicos combinará el "máximo rigor" del modelo actual con el consenso con los sindicatos y el cumplimiento de los sistemas europeos.

"Se evolucionará hacia un modelo de selección consensuado entre todos los actores interesados que preserve en todo momento la tensión competitiva entre los aspirantes y el rigor de las pruebas selectivas, al tiempo que se asegura la igualdad de oportunidades real y efectiva", señala el documento.

Una vez que entre en vigor el nuevo modelo, las personas que deseen acceder a una plaza de funcionario público del grupo A1 y A2 deberán realizar un curso de posgrado de dos años en un instituto o escuela entre los designados por la administración del Estado

Para poder acceder a dichos cursos, será necesario realizar una prueba de acceso, que permitirá reclutar un número mayor de aspirantes al puesto de funcionario que de plazas convocadas. El objetivo, mantener la tensión competitiva en esta parte del proceso.

Del total de aspirantes que hayan sido seleccionados para realizar este 'máster', sólo obtendrán plaza de funcionario de carrera los que mejores calificaciones obtengan en el examen final del curso. El resto de alumnos recibirá un título oficial de posgrado que, según Mapelli, tendrá "mucho valor" en el contexto actual del mercado laboral.

En el caso de los grupos C1 y C2, la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se hayan incorporado al puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición, el nuevo plan mantiene el actual sistema de oposiciones.

Tasa de reposición

Preguntado por el compromiso anunciado por el Gobierno de eliminar la tasa de reposición de funcionarios, Mapelli ha señalado que con este plan de transformación de la administración pública y las medidas adoptadas en los últimos años se ha superado "con creces" este modelo.

Además, ha recordado que lo primero que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras llegar a la Moncloa ha sido restituir el empleo en la función pública después de los "siete años de recortes" del Gobierno de Mariano Rajoy.

"La tasa de reposición ha dejado de ser un problema desde el punto de vista cuantitativo", ha afirmado Mapelli, quien ha incidido, sin embargo, en que desde el punto de vista cualitativo es necesario dar entrada a nuevas profesiones y perfiles como científicos de datos, expertos en o analistas de función pública.

Por ello, ha incidido en el que el nuevo plan de transformación supone "un cambio de paradigma", partiendo de la premisa de que la planificación de los recursos humanos en la administración debe basarse en un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo.

Plan de transformación

El Ministerio destaca que este plan supondrá un cambio estructural en la Administración y, sobre todo, la preparará para adaptarse a los nuevos procesos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial. De hecho, López ha asegurado que le va a permitir dar un salto sólo comparable al paso de la dictadura a la democracia o la aparición de Internet.

Entre las medidas concretas que se pondrán en marcha se encuentra una plataforma soberana de IA. Un proyecto que tendrá un presupuesto de 14 millones de euros y que se sustentará en los pasos dados en los últimos años para crear los factores habilitadores que permitirán aprovechar todo el potencial de esta tecnología.

Asimismo, también se avanzará en la posibilidad de que la Administración cumplimente previamente los formularios de los ciudadanos, como ya hace con el borrador de la Renta o las ayudas de la PAC. El objetivo, simplificar y acelerar los procesos.

También se creará una red de oficinas ‘todo en uno’ donde se puedan hacer trámites con diferentes organismos de la Administración y se llevará a cabo una evolución de Mi Carpeta ciudadana.

Otras medidas contempladas son la eliminación de la cita previa obligatoria para relacionarse con la Administración y la puesta en marcha de otros proyectos que faciliten esa relación. También la reducción de tiempos en la tramitación de las ayudas gracias en parte a la IA.

De hecho, López ha puesto como ejemplo el proyecto Kit Digital, que ha llegado ya a más de 763.000 pymes y autónomos gracias a un robot que verifica si el solicitante cumple los requisitos de la ayuda en tan solo unos minutos. Además, el solicitante no tiene que aportar datos que ya obran en poder de la Administración.