Tras una semana de enfrentamientos y luchas intestinas entre los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre las nuevas medidas a adoptar para luchar contra la inflación. ¿La principal? Una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados de bajos ingresos -un pago único en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros- que se va a poder solicitar en julio, que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros extraordinario.
El decreto (que estará vigente hasta el 31 de diciembre) ha adquirido gran importancia ya no solo por la dureza de la crisis y el aumento de los precios, sino también por los resultados obtenidos tanto por el PSOE como Podemos en las elecciones andaluzas.
La ayuda directa a los más vulnerables se ha incluido en el decreto contra la subida de precios, en el que también se incorpora la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% que fue anunciada por el propio Pedro Sánchez en el Congreso el miércoles pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estima que con las nuevas medidas contra la inflación desbocada, podrá contenerse en 3,5 puntos el alza de los precios, esto es, el Índice de Precios de Consumo (IPC). "Si estas medidas no se pusieran en marcha, hablaríamos de inflaciones cercanas a los 14 o 15 puntos", ha aseverado Sánchez. Cabe recordar que el último mes cerró con un nivel del 8,7% en términos interanuales.
Como ha detallado, el esfuerzo de este segundo paquete de medidas contra la inflación será superior a los 9.000 millones de euros: 5.500 millones en gasto aproximado "para proteger a las familias, a la clase trabajadora y a los sectores estratégicos" y 3.500 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que el Gobierno va a aprobar hasta finales de 2022.
Esfuerzo de 15.000 millones
Con los dos decretos antiinflación aprobados -el anterior data de finales de marzo-, el Gobierno habría invertido cerca de 15.000 millones de euros, "más de un punto del PIB de España", según Sánchez, que ha reiterado en varias ocasiones que la alta inflación ha sido causada, "sobre todo, por la invasión rusa de Ucrania".
El nuevo texto también recoge el descuento lineal a los carburantes de 20 céntimos a la gasolina, tal y como anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a los componentes del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) en la reunión que mantuvieron este viernes.
No ocurre lo mismo con las medidas fiscales que estudia el Gobierno, y que serían adicionales y destinadas específicamente para los profesionales. El MITMA pidió quince días más para poder articular todo el entramado legal y echar cuentas. Sin embargo, los transportistas no terminan de fiarse del Gobierno. De hecho, este domingo podrían convocar paros con el objetivo de bloquear las carreteras como ya ocurriera el pasado mes de marzo.
En los combustibles también hay diferencias entre los socios de coalición. Se ha impuesto la visión del Partido Socialista frente a la de Podemos, más favorable de que el descuento de los 20 céntimos se hiciera en función de rentas. Sin embargo, la complejidad técnica que eso supone ha obligado a descartar adoptar esta posición por parte del Gobierno.
Abono transportes y tasa a las eléctricas
Donde sí se ha impuesto Podemos ha sido en el descuento del abono transportes. Será del 50% desde el 1 de septiembre para el abono mensual o los títulos multiviajes en los medios de transporte de titularidad estatal, como Renfe. El objetivo es fomentar el uso del transporte público. Tal y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, ha habido polémica en torno a él, dado que Hacienda era partidaria de que las Comunidades Autónomas también se implicaran en la bonificación.
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El descuento en el abono transportes que ha anunciado el presidente Sánchez era una medida que ya estuvo encima de la mesa en la negociación del anterior decreto contra la inflación. Sin embargo, se optó por guardarla en el cajón por si era necesario ampliar las medidas. En todo caso, las autonomías finalmente también se verán ayudadas, puesto que desde el Gobierno central se transferirá un 30% a Comunidades Autónomas y ayuntamientos para que estos organismos completen con recursos propios hasta el 50% del descuento para el abono de transporte que dependa de sus competencias.
Por ejemplo, un abono mensual de Cercanías de 29,5 euros en Madrid pasaría a costar 14,75 euros. En Cataluña, se pasaría de 25,5 a 12,75 euros por mes.
El tercer gran bloque de la comparecencia ha sido anunciar el diseño de un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del incremento de los precios energéticos. "Unas medidas similares a las tomadas por los países europeos de nuestro entorno y en línea con las sugerencias de la Comisión Europea, la OCDE o el FMI", en palabras del presidente del Gobierno.
Al no poder ir por real decreto ley, será presentado en próximas semanas como proposición de ley de los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero de 2023, aunque con carácter retroactivo con respecto a los beneficios de 2022.
Aunque menor, Sánchez ha aprovechado la ocasión para anunciar la limitación al precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros, que incidirá especialmente sobre "los más vulnerables de los entornos rurales".
El Gobierno ha aprovechado este decreto para incorporar también la subida del 15% de las pensiones no contributivas -jubilación e invalidez- hasta final de año. Este punto fue un acuerdo alcanzado con Bildu en el Congreso para poder sacar adelante los planes de pensiones públicos que se incluyen en la reforma del sistema que prepara el Ministro Escrivá. Se traduciría en un aumento de 60 euros mensuales, o 360 euros de aquí a final de año.
Con este decreto, que estará vigente ya hasta final de año, se renuevan todas las medidas que ya estaban vigentes, y entre las que se encuentra la subida extraordinaria del 15% del IMV; la renovación automática del bono social o la prohibición del incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre a quienes tienen contratada la tarifa regulada.
Tercer paquete europeo
Otro de los avances es que, como ha dejado constancia Sánchez, la próxima semana se aprobará desde la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el tercer pago para España, de 12.000 millones de euros. Con él, los fondos europeos recibidos por nuestro país ascenderían ya a 31.000 millones. "España está siendo el país más avanzado en la ejecución de los fondos europeos", se ha vanagloriado el presidente del Gobierno.