Los datos de deuda y déficit son categóricos, mientras que las estimaciones sobre el impacto en el potencial del PIB del mega plan de estímulos europeo admiten matizaciones, como se ha ido comprobando en los últimos tiempos.

La situación es tan delicada que un grupo de economistas, encabezados por Thomas Piketty, ha puesto ya sobre la mesa que la salida de esta crisis debería estar acompañada de una condonación de deuda por el Banco Central Europeo. No está nada claro que esa pueda ser la solución al problema porque los desequilibrios del déficit persistirían en casos como el de España. Pero ahí está el debate.

En lo que sí parece haber consenso -con muchos matices- es en que parece inevitable que el Estado tenga que recaudar más para financiar las políticas que nos han permitido evitar en estos últimos 14 meses un colapso sanitario, económico y social mayor al que se ha vivido. Es decir, habrá que acometer una consolidación fiscal.

Las discrepancias en este debate vienen en el cómo se debe ejecutar ese aumento en la recaudación. Las tesis liberales sostienen que con rebajas impositivas -como las que están acometiendo países como Italia, Alemania o Francia- se permitiría que el plan de choque de los fondos europeos tuviera una mayor envergadura.

Esto significa que el crecimiento potencial del PIB sería mayor y por tanto, la recaudación del Estado aumentaría. Algo que -junto a una mayor eficiencia en el gasto público- ayudaría a devolver las deudas contraídas en los mercados de deuda y a corregir el déficit.

Frente a esto, la idea del Gobierno español y de muchos economistas es y muchos economistas es que además de los efectos positivos que tendrá en la economía española Next Generation EU hará falta subir impuestos. El argumento es que España está por debajo de la media ponderada europea para el tamaño de nuestra economía en términos de recaudación. Y que además de pagar las deudas de la pandemia, hay que aumentar el gasto social.

"Tenemos un sistema impositivo muy debilitado. Con los datos de 2019, ocupamos el lugar 18 entre la media de los 28 países de la UE [incluye Reino Unido] en términos recaudatorios. Pero no se puede centrar el debate solo en esta cara de la moneda. La cruz es que invertimos 55.000 millones de euros menos en gasto social que la media europea. Esta dicotomía no se traslada bien a los ciudadanos", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Según sus cálculos, esto significa que tomando en consideración el tamaño de la economía española, se deberían recaudar entre 65.000 y 70.000 millones de euros más con un sistema fiscal eficiente. De esa cuantía, se podrían emplear 55.000 millones de euros más para gasto social y todavía sobrarían hasta 15.000 millones de euros para corregir el déficit y amortizar deuda.

Ese diagnóstico es contestado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) también con datos.

El primero -en referencia a la cruz de la moneda- es que la comparativa sobre el gasto social en España debe incorporar una serie de indicadores para poder ser utilizada con solvencia. Entre ellos, el nivel de renta de los españoles o la pirámide demográfica, ya que el gasto social (Sanidad, Educación, pensiones, etc.) está muy ligado al envejecimiento de la población, que en otros países de nuestro entorno es mayor.

De hecho, "la tasa de sustitución [el porcentaje de ingresos en la jubilación frente a los ingresos previos como trabajador en activo] es más generosa y beneficiosa en España que en la media europea", recuerda el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.

Sobre la otra cara de la moneda, el think tank de la CEOE lleva tiempo analizando la competitividad fiscal de España y según sus indicadores, nuestro país ocupa el puesto 41 en este ránking.

Con datos de 2018, el esfuerzo fiscal en España se situó en el 106,6 tomando como media de la UE el valor 100, según el IEE. Es un dato superior al de Francia y Alemania, pero inferior al de Italia o Portugal. En cualquier caso, se sitúa claramente en la parte alta de la tabla de los 28 países que ese año formaban la UE.

En presión fiscal normativa, España en su conjunto tampoco sale bien parada. Sin embargo, si se desglosa el dato por comunidades autónomas, Madrid y País Vasco sí salen en la parte baja de esta tabla, con una posición mejor incluso que la de Alemania.

También el Círculo de Empresarios ha elaborado estudios sobre fiscalidad para contrarrestar el discurso de que en España se pagan pocos impuestos. En el caso de las cotizaciones sociales, por ejemplo, esta casa calcula que el esfuerzo es cinco puntos superior a la media de la OCDE para los trabajadores y 10 puntos para las empresas.

¿Cómo se explica esta discrepancia en el diagnóstico? Curiosamente porque ambos puntos de vista detectan la misma enfermedad: la economía sumergida. Hay consenso en que la mayor parte de los problemas recaudatorios que padece España se podrían solventar si se atajara el fraude fiscal.

Un fraude de 38.000 millones

Se estima que la economía sumergida en España representa el 22% del PIB, frente a la media del 13% en Europa. En términos recaudatorios, significa que el Estado deja de ingresar cada año por fraude fiscal 38.000 millones de euros, según Gestha.

Este es uno de los principales argumentos de quienes se posicionan en contra de la subida de impuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas. Desde la CEOE, se viene denunciando desde hace tiempo que aunque España recauda menos que otros países, la presión fiscal entre quienes pagan es muy superior.

Esta situación ha empeorado con la pandemia, dado que el PIB ha caído y por tanto, la ratio de la presión fiscal se incrementó en 2020.

"Con esta subida de impuestos no estaríamos igualándonos a la Unión Europea, sino divergiendo", advierte Izquierdo, que considera que los objetivos recaudatorios que se fija el Gobierno son adecuados para un país con unas rentas superiores a las que tiene España y con mucha menos economía sumergida.

"Más de la mitad de la menor recaudación que presenta España cuando es comparada con la media europea se explica por el fraude. El diferencial de España con la UE en economía sumergida supera los 10 puntos", advierte Mollinedo. 

Esos 38.000 millones de euros menos que recauda el Estado español son por fraude en el pago de cotizaciones sociales y de impuestos de todo tipo.

"¿Con IVA o sin IVA?" Esta conocida pregunta hace que muchos españoles piensen que el grueso del fraude fiscal está en la picaresca española de autónomos o empresas pequeñas con sus clientes para abaratar servicios sin pagar impuestos.

Sin embargo, los estudios de los técnicos de Hacienda muestran que la mayor parte del fraude se explica por lo que eluden las grandes corporaciones y fortunas que eluden pagar impuestos en el país en el que residen o en el que hacen negocios.

Para tratar de atajar este problema -que han intentado abordar todos los Gobiernos-, el Congreso está tramitando en este momento el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Contexto internacional

Sin embargo, en esta ocasión, hay un nuevo contexto internacional que coincide con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y con la necesidad global que tienen los Estados de cuadrar sus cuentas tras el esfuerzo fiscal que han tenido que hacer por la pandemia.

De hecho, el G20 estudiará medidas para imponer a las multinacionales que paguen impuestos allí donde generan negocio y establecer una tasa de imposición mínima en el Impuesto de Sociedades.

Atajando el fraude fiscal y logrando que las grandes multinacionales que hacen negocio en España tributen aquí por sus ingresos, sería posible aumentar la recaudación en el medio plazo sin subir los impuestos en un momento en el que el consenso de los expertos es que no es adecuado elevar la presión fiscal por el impacto negativo que tendría sobre la recuperación que se va a impulsar con el fin de las restricciones y los fondos europeos.

No obstante, las estimaciones que ha presentado el Gobierno en la partida de ingresos por la lucha contra el fraude se consideran optimistas, lo que indica la dificultad de esta tarea.

Conseguir que aumenten las bases imponibles por sacar empleos de la economía sumergida y por la creación de empleos que acompañará la subida del PIB es la mejor receta para incrementar los ingresos públicos y no tener que elevar la presión fiscal.

Sin embargo, hay otro asunto fundamental en el que el Estado debe centrarse antes de pedir un mayor esfuerzo no ya a las empresas o las grandes fortunas, también a los trabajadores de rentas medias y bajas: la eficiencia del gasto. Un punto espinoso que, sin duda, da para otro análisis.