Eduardo Ortega Socorro Fernando Cano

El Diálogo Social está a punto de romperse, y la causa está en el salario mínimo profesional (SMI). La confirmación de que, por el momento, no se subirá ha llevado a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) a preparar movilizaciones para que el Ministerio de Trabajo cumpla sus promesas.

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Así lo indican fuentes de los sindicatos, que informan a Invertia de que estas movilizaciones, cuyo formato todavía se tiene que dirimir debido a la existencia de la Covid, también servirán para reclamar la puesta en marcha y la finalización de otras negociaciones aletargadas, como la reforma laboral o la Ley Rider.

Es decir, todos los temas sociales que el Ejecutivo no ha logrado cerrar en 2020 y que han generado división de opiniones entre sindicatos y empresarios y dentro del propio Gobierno de coalición.

Se trata además de una decisión que está en sintonía con Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, que solo hace una semana llamó a los movimientos sociales y al sindicalismo a mantener la presión sobre el Gobierno para que cumpla sus compromisos de programa.

En una comparecencia ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó explícitamente la realización de este tipo de movilizaciones. "Hoy, como ayer, la presión de los movimientos sociales, de los sindicatos de trabajadores y de inquilinos, de las organizaciones de pensionistas, de las plataformas en defensa de los servicios públicos… es absolutamente fundamental para que se logren avances sociales".

De concretarse estas movilizaciones, se estaría produciendo el primer gran tropiezo del Diálogo Social, la fórmula con la que el Gobierno ha buscado acuerdos y ha conseguido cerrar pactos con empresarios y sindicatos en temas clave para la recuperación económica como los ERTE y sus sucesivas prórrogas.

El Diálogo Social es además el gran instrumento en el que el Gobierno ha puesto sus esperanzas para seguir avanzando en la reconstrucción económica y en una pax social que garantice un equilibrio justo entre avances sociales y estabilidad económica y presupuestaria.

Gobierno dividido

Si se rompen estas negociaciones o una de sus partes decide manifestarse al margen de este foro, se podría dañar la confianza que ha generado entre los agentes sociales esta mesa de diálogo. Cabe recordar que las partes deben sentarse a negociar para abordar una posible nueva prórroga de los ERTE antes del 31 de enero y debe proseguir la reforma de las políticas activas de empleo.

Precisamente, tres temas tratados en el Diálogo Social -salario mínimo, reforma laboral y Ley Rider- resumen buena parte de las disputas internas que han dividido a las dos almas del Ejecutivo. Por un lado, el sector de Unidas Podemos pide avanzar en reivindicaciones sociales, muchas de ellas firmadas en el pacto de coalición que posibilitó la formación del actual Ejecutivo. 

Sin embargo, el ala moderada del Gobierno, liderada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pide cautela y que se posterguen estas demandas a la espera de que se recupere la economía y exista mayor holgura presupuestaria.

Esta tesis es también defendida por la patronal, que pide estabilidad en las reglas del juego y que no sigan aumentando los costes laborales durante la reconstrucción económica.

En el caso del SMI, durante las dos reuniones que el Diálogo Social ha celebrado en las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha dado por hecha la subida por encima de los 950 euros mensuales en 14 pagas a pesar de que la medida ya contaba con el rechazo frontal de la CEOE.

Salario Mínimo

Sin embargo, se ha descartado aprobar el alza en el corto plazo, tras el enfrentamiento vivido en el seno del Gobierno entre la parte socialista y la parte ‘morada’ . Como ya ha informado este periódico, no está en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes.

Con todo, precisamente las declaraciones de la última semana de Nadia Calviño no descartan que la subida se pueda producir a lo largo de 2021. De hecho, la vicepresidenta económica, en una entrevista en RTVE, indicó que “la determinación del Gobierno es continuar mejorando el SMI. [...] Mayo es un punto de referencia porque es el fin del estado de alarma".

Durante las últimas fechas se ha negociado de manera interna en el Ejecutivo en una horquilla que iba desde el 0,9% que estaba dispuesto a tolerar el Ministerio de Asuntos Económicos y de Hacienda y el 1,8% que pedía Trabajo.

Finalmente, las fuentes consultadas por este periódico indican que se ha impuesto la parte moderada liderada por Calviño que pide prudencia fiscal y que las subidas se realicen con un contexto económico más favorable y con la recuperación encarrilada durante el año 2021. De hecho, en este sector se indica que el SMI se subirá según lo acordado con Podemos. Es decir, que llegará al 60% del salario medio español, pero se ponen como fecha límite para este logro el final de la legislatura.

El tira y afloja también afecta a la Ley Rider y a la contrarreforma laboral. Son otras de las banderas de los ministros de Unidas Podemos y del Ministerio del Trabajo. En el caso de la primera, estuvo a punto de cerrarse un acuerdo, pero sindicatos y empresarios se levantaron de la mesa sin cerrar ningún pacto sobre las nuevas condiciones laborales para los repartidores que trabajan para plataformas digitales.

Reforma laboral

La derogación de la reforma laboral de 2012 es una ambición que se ha mantenido durante todo el año, pero que no se ha podido retomar.

Incluso se llegó a un principio de acuerdo en el Congreso -desmentido dos horas después- entre PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, pero la intento fue abortada por la propia Nadia Calviño quien, como en otras ocasiones, reiteró que la situación económica y la necesidad de estabilidad no aconsejaban la 'contrarreforma' laboral.

En cualquier caso, los objetivos del Ministerio del Trabajo se mantienen. Yolanda Díaz y los suyos quieren abordar estos temas en 2021. La idea es cerrar la legislación de los ‘riders’ cuanto antes e iniciar de inmediato la derogación de la legislación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.

La pretensión es la de suprimir los aspectos más lesivos de la reforma laboral, cuestiones que desde hace meses el Ejecutivo ha venido identificando con todo lo relacionado con la negociación colectiva y la subcontratación.

Como ya ha informado Invertia, Trabajo quiere recuperar la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y su ultraactividad, así como poner coto a las condiciones que permiten que las empresas subcontraten.

A partir de ahí, la idea es llevar a cabo una reforma del despido, para dificultar las causas sin aumentar las indemnizaciones y, posteriormente, aprobar el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI prometido por el Gobierno que supliría los restos que quedaran de la reforma laboral.

Sin embargo, la pandemia también cambia las reglas del juego. En el Gobierno entienden que la derogación de la reforma laboral será una negociación a largo plazo en la que se quieren lograr los consensos más amplios posibles.

Con todo, en el Ejecutivo también asumen que esto no será posible en determinados aspectos, como se espera que ocurra en el caso de la reforma de la subcontratación, algo que previsiblemente no aceptará la patronal.