José María Álvarez, más conocido como Pepe Álvarez, admite que la crisis provocada por la Covid-19 ha tenido un efecto inesperado en el Diálogo Social: patronal y sindicatos nunca habían compartido tal clima de entendimiento. Tampoco se habían enfrentado nunca a una pandemia como la del coronavirus.  

Noticias relacionadas

En la entrevista que concede a Invertia, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) hace un profundo repaso de las negociaciones y los frentes que tienen abiertos los sindicatos con empresarios y Gobierno

Aunque insiste en que los suyos van a pelear para que el salario mínimo interprofesional (SMI) no se quede congelado en 2021, no descarta que la subida se produzca entrado el año. Reitera que la derogación de la reforma laboral se ha de emprender cuanto antes y se muestra esperanzado sobre el futuro de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): espera que "pasen a ser historia" tras Semana Santa, gracias a la vacuna de la Covid. 

Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

¿Ha vivido alguna vez situaciones como las que le han tocado vivir este 2020, en el que se han dado alianzas inéditas entre trabajadores y empresarios en el Diálogo Social?

Bueno, no las ha vivido nadie. Es una situación que viene muy marcada por el propio papel que hemos querido jugar tanto los empresarios como las organizaciones sindicales. Un marco al que empresarios y trabajadores le hemos puesto mucha cabeza, una que no le han puesto los partidos políticos.

Normalmente, son bandos enfrentados...

Es verdad que solemos estar enfrentados, pero no es menos verdad que las circunstancias especiales hacen que finalmente tengamos un punto de coincidencia, que es la propia empresa. Si no hay empresa, no hay trabajo. Si las empresas cierran, no es posible hacer Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE). En el fondo, tenemos un nexo común: el mantenimiento del sistema productivo, de las empresas y de los puestos de trabajo.

¿Hasta cuándo puede durar este clima de entendimiento? El SMI ya está alentando las primeras grietas o eso parece.

Bueno, es lo normal. Es que este clima de entendimiento no se había tenido nunca porque nunca habíamos tenido una crisis de estas características. Tiene un carácter temporal, que será el mismo que tenga la pandemia. En cuanto desaparezca la Covid, lo razonable es pensar que vamos a volver a una situación de normalidad.

En las relaciones laborales, el punto de desacuerdo más importante que siempre hay es a la hora de repartir los beneficios y cuando hablemos de ello volveremos a un debate que es sano y que es bueno para el sistema democrático. Ahí nosotros siempre vamos a querer estirar para que los accionistas se lleven la parte más pequeña y que la parte más importante sea para mantener la empresa en unas buenas condiciones productivas.

Empresarios y trabajadores le hemos puesto mucha cabeza a la crisis, una que no le han puesto los partidos políticos

Precisamente, ahora mismo la postura de UGT y de los sindicatos en general es la de subir el SMI a entre el 1,5% y el 1,8%. ¿Cederían a una subida inferior, del 0,9%, que es la que se va a aplicar en pensiones y salarios públicos?

No, no. En ningún caso. El SMI tiene una senda que queremos que se mantenga. Esta situación, la pandemia, es coyuntural y nosotros queremos que el SMI llegue al 60% del salario medio de España para cuando termine la legislatura, que estimamos que estará en los 1.200 euros.

El camino no es muy largo, porque a la legislatura le quedan tres años. Así que el aumento no puede ser muy bajo. Es verdad que no podemos obviar la pandemia, pero no es menos cierto que durante la crisis el resto de los salarios ha ido subiendo en el entorno del 1,8% y el 2%. Por tanto, este acuerdo de mínimos que vendría a solventar un problema político dentro del Gobierno a nosotros no nos vendría bien.

¿Cómo valora el nuevo enfrentamiento que ha despertado el SMI dentro del Gobierno de coalición? Nadia Calviño ha insistido en que, sin acuerdo con los agentes sociales, no debe haber subida del SMI.

Dejar en manos del acuerdo social algo que no corresponde a las organizaciones empresariales y sindicales como el SMI me parece un despropósito, sinceramente. Es condenar a que los salarios mínimos en nuestro país no vuelvan a subir. No veo a los franceses diciendo que su subida del SMI la marcan los agentes sociales y económicos, ni tampoco a los alemanes o a los italianos.

El Gobierno tiene unas responsabilidades que tiene que afrontar. La subida del SMI le corresponde y tiene un compromiso electoral y en su programa de gobierno que tiene que cumplir. Para nosotros esta es una situación bastante insólita, aunque también es verdad que un Gobierno de coalición de izquierdas en nuestro país también es insólito.

El Gobierno no puede pensar que cuando hayan llegado a un acuerdo entre las formaciones que lo componen haya un acuerdo con los sindicatos. En nuestro caso, UGT se representa a sí misma, no nos representa nadie en el Gobierno.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Hace una semana, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, aseguró que había descartado la congelación y habrá subida sí o sí. ¿Cree que existe el riesgo de que tensión generada lleve a una crisis de Gobierno?

No creo que lleve el SMI genere una crisis dentro de la coalición. Hay muchas otras cuestiones encima de la mesa. Aunque por la pandemia nos resulta difícil movilizarnos, nosotros no vamos a parar hasta que en el año 2021 se suba el SMI. Puede ser el 1 de enero o el 1 de julio. Aquí hay un margen y nosotros vamos a trabajar para que la subida sea posible. No vamos a renunciar a que en 2021 haya subida del SMI, y se puede aprobar en diciembre o durante el próximo año.

Muchas mujeres que trabajan en residencias o atendiendo a residentes durante esta pandemia verán congelados sus salarios si no se sube el SMI. Tanto reconocimiento y tantos homenajes por su trabajo durante la pandemia… Igual se tendría que pensar que es una indignidad que cobren el sueldo que cobran. Lo digo para situar cuáles son los sectores que estarían afectados por la subida. Escucho a responsables del Gobierno hablar de pequeñas empresas y de la restauración, y creo que sería bueno saber de quiénes hablamos.

El Gobierno tiene unas responsabilidades que tiene que afrontar. La subida del SMI le corresponde

Los sindicatos han reclamado que la ‘Ley Rider’ abarque a las plataformas digitales de cuidadores, precisamente. ¿Qué está pasando en esta negociación, que el Gobierno quería tener solventada a estas alturas de año?

Las plataformas digitales son muy poderosas, y tienen tentáculos hasta en el infierno. Como consecuencia, cada vez que avanzamos y damos tres pasos adelante aparece un obstáculo. Esta negociación ha sido una carrera de obstáculos en toda regla.

Hay una sentencia del Tribunal Supremo que avala nuestra posición, y necesitamos avanzar desde el punto de vista legislativo. En todo caso, no va a acabar aquí la reforma laboral en lo que se refiere a las plataformas digitales. Hay muchas plataformas digitales de trabajos a domicilio que hay que regular, también en aspectos fiscales como las plataformas digitales para vender productos de segunda mano.

Vamos tarde. Sabíamos que las plataformas digitales se iban a implementar y lo que no puede ser es que acaben arruinando al comercio o a otras actividades. Por eso, seguramente habrá un primer acuerdo estrictamente para los llamados riders, pero nosotros lo que querríamos es que se abarcaran todas. Por eso hemos planteado propuestas de registro de plataformas que hay que adaptar. Aunque no esté en la ley, el Gobierno tiene que poner esto sobre la mesa.

¿Ve viable entonces un acuerdo en el Diálogo Social para una legislación laboral que cubra solo a los riders?

En estos momentos, hay una propuesta de riders. Pero no renunciamos a que se incluyan más plataformas y trabajadores. Somos conscientes de que, en estos momentos, lo que tiene más importancia es abrir camino. Acabar con esta frustración de abrir mesas de negociación y no cerrar ninguna. Y vamos a ir a cara de perro para incluir más colectivos en la ley.

Hasta que no se cierre la mesa de riders no se puede tocar el siguiente tema que reclaman los sindicatos: la derogación de la reforma laboral. ¿La crisis es un buen momento para tocar este asunto?

Es especialmente buen momento. No tiene sentido que algunos aspectos de la reforma laboral no se aborden de manera inmediata. Por ejemplo: todo lo que hace referencia al despido colectivo. Si no lo abordamos ya y lo causalizamos, y además recuperamos que no sea potestad del empresario proceder al cierre de las empresas sin negociar, nos vamos a encontrar en los primeros meses del año con un incremento importante de los ERE de extinción y tendremos una legislación que no protege a los trabajadores.

Por eso me parece que algunos aspectos de la reforma laboral habría que empezar a discutirlos y algunos tienen tanta urgencia que habría que hacerlo de forma inmediata antes de que venga una situación de cierres y de presentación de ERE que sea irreversible.

Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la inutilidad de la reforma laboral. En todo caso, hay que regular mejor y en mejores condiciones los ERTE, que son un gran instrumento. Nos gustaría poder avanzar en los ERTE para mantener el empleo.

Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la inutilidad de la reforma laboral 

Ya sabe que determinadas partes del Gobierno no hablan tanto de derogar la reforma laboral como de legislar sobre ella.

Podemos estar perdiéndonos en este debate. En algunos casos será derogación y en otros actualización. Lo importante es abrir una mesa de debate y avanzar. Y a partir de ahí veremos qué derogamos y volvemos a la legislación anterior. O incluso qué legislamos para mejorar la legislación anterior. Y digo mejorar para los trabajadores y para las propias empresas.

Volvamos al tema de los ERTE.

Esto es incluso más prioritario. Todavía no hemos tocado su renovación. Lo haremos a primeros de enero.

¿Espera que la negociación sea tan dura como la que se produjo en septiembre?

Bueno, responder a esta pregunta me es bastante difícil. No tendría mucho sentido que fuera más dura, pero tampoco lo tenía en septiembre. Creo que no va a pasar eso. Espero que antes de a la opinión pública se expliquen las condiciones para extender los ERTE en la mesa de negociación.

En la anterior renovación, cuando estuvimos en la reunión de Palma de Mallorca, planteé que cerráramos un acuerdo sobre la marcha. En lo que habíamos dicho allí estábamos todos de acuerdo.

¿Qué pasó después entonces?

Aparecieron nuevas cuestiones por parte del Gobierno, nuevos elementos, que hicieron que fuera imposible llegar al acuerdo en la mesa hasta que se retiraron. Pero no creo que esto vuelva a pasar.

Tenemos una cantidad de trabajadores y trabajadoras relativamente importante en ERTE, pero la perspectiva de tener una vacuna contra la Covid, si la nueva cepa no lo estropea nos da algo de luz. Los ERTE, tras los primeros meses del año o tras Semana Santa, deberían pasar a ser historia.

Los ERTE, tras los primeros meses del año o tras Semana Santa, deberían pasar a ser historia 

¿Qué pedirán los sindicatos para la próxima prórroga?

No queremos que se cambie nada. Queremos que se mantenga la situación que hay en los mismos términos y prorrogar los ERTE. Si puede ser, sin fecha.

Me ha llamado la atención... ¿Por qué espera que para Semana Santa puedan ser historia?

Es una conclusión de acuerdo con los parámetros sanitarios. Se supone que hacia finales de marzo o en abril la pandemia debería empezar a remitir de manera considerable. La actividad se debería empezar a recuperar y, así, se empezarán a levantar los ERTE.

¿No hay determinados impactos de la pandemia que tendrán un plazo superior? Por ejemplo, el perjuicio de determinados mercados laborales relacionados con el turismo y los viajes.

Por eso creo que no debemos ponernos una fecha de cierre de los ERTE, sino para analizar la situación. Y que a partir de ahí pongamos las medidas que sean necesarias. Pero en la medida que se rebaje la pandemia, sobre todo en el continente europeo que es nuestro principal mercado, las empresas turísticas se comenzarán a recuperar. Y las que no lo hagan, significa que están muertas.

El ejemplo es el mes de julio de este año. Sin tener una perspectiva como la de la vacuna en el horizonte, el rebrote de la actividad fue muy importante. Esto puede pasar y creo que será posible.

Pero nos van a quedar ERTE. Las empresas de transporte no se van a recuperar con tanta rapidez, claro. Pero, por contra, seguro que se van a crear nuevos empleos para actualizar las infraestructuras.

Otra de las negociaciones que los agentes sociales ya tienen en marcha con el Gobierno es la de la futura reforma de las pensiones públicas. ¿Se ha puesto sobre la mesa la ampliación de la edad para calcular la prestación?

Bueno ha habido tres reuniones. Tras el acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, estamos en la segunda fase, en la negociación en la mesa social. Las recomendaciones del Pacto tienen un carácter bastante genérico, pero ninguno de los globos sonda que hasta ahora se han planteado a través de los medios de comunicación se ha puesto sobre la mesa.

Sé que no son elementos que se haya inventado ningún periodista, pero no se han planteado. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos chocan frontalmente contra las recomendaciones del Pacto de Toledo. No recomiendan ampliar los años para hacer el cálculo de la pensión ni busca una fórmula nueva para la revalorización. Las recomendaciones dicen que se va a hacer con el coste de la vida, que es la fórmula que había antes de la reforma de 2013.

Si se nos plantea aumentar los años para hacer el cálculo de pensión, va a ser muy difícil que haya un acuerdo 

Si estas cuestiones se plantean, va a ser muy difícil que haya un acuerdo en la mesa del Diálogo Social. Primero porque hasta 2022 seguirá vigente el pacto de 2011. Es decir, todavía no estamos en los 25 años para calcular pensión. Ahora mismo estamos cerca de los 24 años. No tiene sentido que ahora nos planteemos un nuevo ajuste y aumentar el periodo de cálculo.

El debate está por ver. Y si el Gobierno sitúa estos elementos no va a ser fácil que logre un acuerdo en el Congreso de los Diputados. No veo que se vaya a dar una mayoría parlamentaria que dé soporte a esta reforma.

Está previsto que los agentes sociales participen en el reparto de las ayudas europeas. ¿Cuál espera que vaya a ser la influencia de los sindicatos?

No pedimos capacidad de decisión. Lo que queremos es que se nos tenga en cuenta a la hora de definir los criterios con los que se evaluarán los proyectos y nos gustaría que además cuenten con un consenso social amplio.

Nos gustaría que el proceso fuera tan transparente y tan asequible que la empresa que no quiera no tenga que acudir a un gabinete para que le ayude a presentarse a los proyectos. Uno de los dramas importantes aquí es que los recursos caigan en manos de cuatro o cinco gabinetes especializados en esta materia. Quien quiera acudir a ellos, es lícito. Pero el sistema tiene que permitir que una empresa o un grupo de empresas no tenga que depender de un asesoramiento externo que les cueste parte de los recursos que van a tener que invertir.

¿Ha habido incumplimientos del Gobierno respecto a sus promesas en los últimos meses?

En alguna reunión, algún miembro del Gobierno se ha permitido decirnos que hemos sido un martillo pilón respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hemos insistido en él desde el primer día de la pandemia. Desde el principio de la pandemia nos preocupaba y nos preocupa qué va a pasar con la gente que trabaja en la economía sumergida y que de la noche a la mañana lo ha perdido todo.

Esta gente aún no ha recuperado su empleo, o más bien su 'modus vivendi'. Nosotros insistimos muchos al Gobierno en el que el IMV no fuera una medida definitiva, sino puntual para su aplicación inmediata. Para que nos diera tiempo a discutir una ley cuya elaboración es compleja porque hay que incorporar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en este campo. Además, el IMV no puede ser un salario para que la gente se quede en él, sino que debe ser de paso.

Algún miembro del Gobierno se ha permitido decirnos que hemos sido un martillo pilón respecto al Ingreso Mínimo Vital 

Esto no se ha hecho así. Sin embargo, se ha formulado una ley que es una prestación de la Seguridad Social que requiere unos requisitos que se han de presentar previamente. Esto hace que sea inviable. ¿Cómo vas a pedir a la gente en plena pandemia que presente un certificado de empadronamiento cuando resulta que los ayuntamientos no pueden darlos porque están saturados? Y eso por poner solo un ejemplo.

Por eso nosotros hubiéramos preferido que se pidiera una declaración responsable a los beneficiarios y que la Administración diese la prestación mientras analiza en paralelo si se cumplen las condiciones o no. Y quien no las cumpla, que reciba la sanción correspondiente. Eso no se hizo y ahora tenemos una aplicación del IMV muy poco satisfactoria. La implantación es muy escasa. Este país no tiene por qué condenar a sus ciudadanos a pedir caridad, y se puede hacer porque tenemos medios para hacerlo.

¿Se siente decepcionado por estas situaciones?

En esta pandemia ha habido muchísimas dificultades, pero si se tildan de decepción puede que se esté siendo injusto. A la vez que ha habido muchas dificultades, desde los poderes públicos se han puesto muchos medios que no se habían puesto nunca.

Cuando vamos a negociar con el Gobierno, tenemos en mente a las personas que no reciben ninguna prestación y la necesitan. Y vamos a continuar en 2021 con ello, planteándolo cada día del año.

Ya teníamos un problema con el paro juvenil, pero se ha agravado con la crisis: está en el 40%, muy por encima de la media europea.

Es evidente que el paro juvenil en nuestro país está a años luz de otros estados miembro de la UE. Es un escándalo. Es una situación que tiene un fondo, y tiene que ver con el sistema de formación de nuestro país y con nuestro sistema productivo. La poca calidad de una parte de nuestro empleo es lo que genera esta situación de entrada y salida de los jóvenes del mercado laboral. Porque si no una parte importante de ellos estaría en un ERTE en lugar de en desempleo, o ni siquiera cobrando el desempleo.

Cuando llegue la recuperación, el empleo de los jóvenes se recuperará, pero será de un carácter tan poco consistente como el que teníamos antes de la crisis.

Los espectáculos que hemos vivido mientras moría la gente en nuestro país son absolutamente bochornosos 

¿La clase política ha demostrado no dar la talla en este 2020?

Así es. Los espectáculos que hemos vivido mientras moría la gente en nuestro país son absolutamente bochornosos. La falta de rigor o el alejamiento de los debates en el Parlamento respecto al padecimiento de la ciudadanía se han puesto de manifiesto. Se ha pensado más en la salida de la crisis que en cómo se va a afrontar la crisis.

Y eso nos ha diferenciado de los países del entorno. Ni en Italia, Francia, Alemania o Portugal se han producido los debates de nuestro país. La reconstrucción debería abordarse con cierto consenso político. Porque si no, no terminamos de estabilizar los procesos productivos en España. Las políticas sobre todo industriales no pueden hacerse si no se hace con cierto consenso, con un cierto denominador común, haya una mayoría parlamentaria u otra, que funcione.