El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, una norma que va a tener como objetivo combatir la evasión y las ‘trampas’ tributarias a través de un conjunto de medidas con las que se espera ingresar unos 828 millones de euros.

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Dentro del conjunto de normas que agrupa la legislación que en los próximos meses se tendrá que negociar en el Congreso, se encuentra la "prohibición por ley de la amnistía fiscal", tal y como ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda. "Se acabó perdonar a incumplidores y evasores, creando agravios comparativos". 

Además, se modificará el límite para entrar en la lista de deudores tributarios, que hace pública la Agencia Tributaria anualmente. Si hoy se entra en ella a partir del millón de euros de deuda con las Administraciones Públicas, este límite disminuye a 600.000 euros

Grandes patrimonios

La también ministra portavoz ha explicado la norma en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. En ella, ha indicado que los cambios normativos propuestos están dirigidos a impedir las nuevas fórmulas de elusión fiscal, especialmente en los casos de los grandes patrimonios y empresas digitales.  

Así, una vez esté aprobada la legislación, se reforzarán las unidades de grandes patrimonios de la Agencia Tributaria para que ejecuten su labor "de manera más concreta y sofisticada", elevando el control. 

Por un lado, en el texto figura la prohibición del software de doble uso para hacer "doble contabilidad", ha indicado Montero. Así se obligará a los programas de contabilidad de las empresas y de las gestorías a habilitar "registros y trazabilidad" de los datos.

Montero ha explicado que también se persigue la "planificación fiscal agresiva o abusiva" de las grandes empresas, al tiempo que ha recordado que una comisión se encargará de analizar potenciales cambios en el campo tributario en una futura reforma fiscal

Criptomonedas

Además, la futura normativa recogerá también el control de las criptomonedas. El texto incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles. En este sentido, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. 

Así mismo, se modifica el límite de pago en efectivo para operaciones entre empresarios que pasa de 2.500 a 1.000 euros. También disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Cabe recordar que el Gobierno lleva a anunciando estos cambios normativos desde 2018. Al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa tras la moción de censura a Madrid, fue uno de los conjuntos de medidas a los que se comprometió el Gobierno socialista con Bruselas.