La reacción inicial de Bruselas al plan de recuperación presentado este miércoles por Pedro Sánchez para gastar las ayudas de la UE es cautelosamente positiva. "Damos la bienvenida al énfasis en las áreas verde y digital y al foco en las recomendaciones que se han hecho a España en el contexto del semestre europeo", ha dicho un portavoz de la Comisión Europea.

El presidente del Gobierno ha anunciado que la inversión para combatir el cambio climático superará el 37% del total, mientras que a la digitalización se dedicará un 33%, en línea con las prioridades de la UE. 

"Hoy Pedro Sánchez presenta el plan de recuperación con un 70% de la inversión para la transformación verde y digital de España. Hacia un futuro verde y digital. Tras el histórico acuerdo del Consejo Europeo de julio, los planes nacionales reconstruirán y transformarán la UE", ha escrito el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter.

El problema estará en el aterrizaje desde los grandes anuncios de Sánchez -como la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo- a las medidas concretas. "Esperamos continuar nuestro diálogo sobre el diseño y el contenido del plan de recuperación antes de su envío oficial con el fin de ayudar a garantizar que España haga el mejor uso de los fondos de la UE para apuntalar su recuperación, en línea con las prioridades de la UE", ha añadido el portavoz del Ejecutivo comunitario.

Y es que en su presentación, el presidente del Gobierno ha puesto en primer plano las inversiones que pretende hacer con los 140.000 millones de ayudas de la UE: agenda urbana y lucha contra la despoblación, infraestructuras, administración del siglo XXI o economía de los cuidados. Pero apenas ha dado detalles sobre las reformas que exige Bruselas a cambio de estos fondos. Unas reformas que también deben incluirse en el plan de recuperación, pero sobre las que, por lo visto hasta ahora, no hay acuerdo con Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

Lo cierto es que Sánchez ya ha entablado las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre los ajustes que deberá realizar en el mercado laboral y en las pensiones, lo que más preocupa a la UE en el caso de España, a cambio de los fondos europeos. Él mismo se reunió en Bruselas el pasado 23 de septiembre con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. 

Con Gentiloni se vio también la semana pasada el ministro José Luis Escrivá. El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le trasladó las medidas que se han tomado en el plano laboral durante la pandemia, especialmente los ERTE y la prestación de autónomos.

De hecho, el documento presentado por el Gobierno espaol no se mueve de la hoja de ruta trazada por José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, y la que se espera que en breve apruebe el Pacto de Toledo.  Es decir, incentivar el retraso de la edad de jubilación y desincentivar la jubilación anticipada, fomentar los sistemas de pensiones sociales o de empresa como alternativa a los planes de pensiones individuales y hacer converger los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos. 

Unas iniciativas claramente insuficientes para la UE, que lleva años reclamando reformas para reducir las diferencias entre contratos fijos y temporales con el fin de acabar con la dualidad en el mercado de trabajo. Bruselas se opone además a la pretensión de Unidas Podemos de derogar la reforma laboral de 2012.

Choque con Unidas Podemos

En el tema de las pensiones, Escrivá presentó al comisario de Asuntos Económicos las propuestas que había hecho en la comisión del pacto de Toledo unos días antes. Entre ellas incentivar el retraso de la edad de jubilación y penalizar las jubilaciones anticipadas. Esta medida sí va en la línea de lo que reclama Bruselas, pero choca con la oposición de Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho públicamente que "no es el camino correcto".

En Moncloa asumen que estas reformas tendrán que ejecutarse si se quiere recibir la ayuda europea y auguran una dura negociación con Bruselas sobre los detalles del plan de recuperación. "Este Gobierno es un Gobierno que ha hecho reformas, que está haciendo reformas y que hará reformas. No tenemos ningún problema porque somos un Gobierno reformista", explican fuentes gubernamentales. 

"En el ámbito del mercado laboral, nosotros hemos hecho la reforma de los ERTE y queremos hacer unos ERTE estructurales. En el ámbito de las pensiones estamos trabajando en el contexto del Pacto de Toledo, donde el ministro ha avanzado planes", señalan las fuentes. En el plan se habla también de la modernización de las políticas activas de empleo, que han sido duramente criticadas por la UE por su ineficacia.

"El diálogo ya ha empezado. Yo me reuní personalmente con el presidente del Gobierno y el ministro Escrivá y sé que mis servicios están en contacto con las autoridades españolas. Confío plenamente en que España presente un plan ambicioso y sólido para la recuperación, que se necesita mucho", dijo este lunes Gentiloni tras la reunión del Eurogrupo.

Tiempo para negociar habrá mucho. Aunque la Comisión ha pedido a España que le envíe el primer borrador del plan antes del 15 de octubre, todavía no puede tramitarse. El reglamento que rige el funcionamiento del fondo de reconstrucción sigue negociándose entre los Gobiernos y la Eurocámara y no se espera que entre en vigor hasta el 1 de enero, si no hay retrasos.

Los hombres de negro

A partir de entonces, el Ejecutivo comunitario dispondrá de dos meses para dar su veredicto sobre el plan español. La decisión final corresponderá al Ecofin, que tiene otras cuatro semanas para pronunciarse. El primer tramo de la ayuda -un anticipo del 10%, es decir, 14.000 millones- no llegará probablemente hasta junio. Sánchez ha incluido un anticipo de 27.000 millones en los presupuestos de 2021, pero no está claro que todo este dinero vaya a llegar el año que viene.

Al mismo tiempo que se prepara para recibir un nuevo paquete de asistencia financiera de la UE, España todavía tiene que seguir lidiando con las consecuencias del rescate bancario de 2012. Los 'hombres de negro' de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) han concluido este miércoles su decimocuarta misión semestral de vigilancia, que esta vez ha sido "virtual" por las restricciones de viaje debidas a la Covid-19.

Los inspectores de la UE se han centrado en la situación del sector financiero, así como en las últimas novedades en materia macroeconómica y presupuestaria, según explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. Su informe de evaluación, que debe pronunciarse entre otras cuestiones sobre la compra de Bankia por CaixaBank, se publicará en noviembre. De los 41.300 millones de euros del rescate bancario, nuestro país todavía tiene pendientes de devolver 23.700 millones.

De los 140.000 millones adjudicados a España del fondo de reconstrucción anti-Covid, 72.700 millones son subvenciones a fondo perdido, pero el resto (67.300 millones) constituyen préstamos a devolver que se sumarán a la deuda de nuestro país con la UE.