La derogación íntegra de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy en cuestión de semanas -tal y como se recoge en el acuerdo firmado por el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu- complicaría el acceso de España al nuevo fondo de reconstrucción de 500.000 millones de euros en subvenciones que la Comisión Europea tiene previsto presentar el próximo 27 de mayo para hacer frente a la crisis del coronavirus.

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ya ha adelantado que la concesión de estas ayudas estará supeditada a que los países beneficiarios hagan las reformas económicas que la Unión Europea considera prioritarias. Su desembolso dependerá de "un compromiso claro por parte de los Estados miembros de aplicar políticas económicas sanas y un programa de reformas ambicioso", según se recoge en el acuerdo alcanzado por Alemania y Francia, que a buen seguro se incorporará a la propuesta de Bruselas.

En el caso de España, si hay una medida que la Comisión ha defendido con contundencia desde que se aprobó es sin duda la reforma laboral de 2012. Sostiene que ralentizó la destrucción de puestos de trabajo en lo peor de la crisis de deuda y que ha permitido una recuperación más rápida del empleo cuando la economía remontaba. Bruselas no sólo se opone a su derogación sino que lleva años reclamando a España que se profundice para reducir la temporalidad, la principal lacra del mercado laboral español.

El último aviso de Bruselas se produjo a finales de febrero, tras la toma de posesión del Gobierno de coalición entre Sánchez y Pablo Iglesias y poco antes de que estallara el brote del Covid-19 en España. En su informe anual sobre la economía española, el Ejecutivo comunitario ya expresaba muchas dudas sobre la intención del PSOE y Unidas Podemos de derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral.

"Será importante que cualquier nueva medida solo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores", resaltaba la Comisión de Ursula von der Leyen. "Las reformas del mercado de trabajo adoptadas en 2012-2013 para hacer frente a la crisis han desempeñado un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva en empleo que se inició en 2014", apuntaba el informe.

España, líder de la UE en paro

Ahora, la crisis del coronavirus está golpeando con especial virulencia a España e Italia, que serán los dos países de la UE con una recesión más profunda este año. El gran rasgo diferencial se encuentra en el paro: mientras que la tasa de desempleo en España volverá a dispararse hasta el 18,9% este año, la segunda más alta de la UE, -el nivel de partida era ya muy alto, el 13,6% en febrero-, en Italia no superará el 11,8%. En contraste, en los países del Norte el paro no pasará del 5% en Alemania, del 5,8% en Austria o del 5,9% en Países Bajos.

¿Qué ocurre si en este contexto el Gobierno de Sánchez deroga ahora la reforma laboral y al mismo tiempo pide ayuda al fondo de reconstrucción de la UE? "Sería gravísimo desde la perspectiva de Europa. Acentuaría la percepción de que España, en modo Iglesias, pide sin dar, que nos preparamos para ser el niño mimado que piensa que siempre está su papá ahí con la chequera para cuando haga falta", explica a EL ESPAÑOL el líder de Ciudadanos en la Eurocámara y responsable económico del grupo liberal Renew, Luis Garicano. 

"No podemos actuar de forma irresponsable, empeorando nuestro mercado laboral y nuestro paro estructural, y luego pedir a los demás que nos ayuden. En mi opinión, sería la sentencia de muerte del plan de recuperación", alega Garicano.

Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha enviado este jueves una interpelación a la Comisión Europea en la que sostiene que "eliminar la reforma laboral provocaría un gran aumento del desempleo en España y que la economía se colapsara, pudiendo llegar a la quiebra".

“En el momento en el que nos encontramos, con un duro golpe a la economía y al empleo provocado por la pandemia del coronavirus, no podemos prescindir de una herramienta que tanto ha ayudado a millones de familias españolas y que, actualmente, permite que millones de empleos se acojan a los ERTE y eviten ser despedidos”, ha dicho Montserrat en un comunicado.

De hecho, la reforma laboral fue una de las primeras exigencias de la UE al Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, cuando la economía estaba en caída libre, la tasa de paro alcanzaba niveles insoportables de hasta el 25% y el rescate financiero completo de España parecía inevitable. En el Eurogrupo de febrero de aquel año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba al comisario de Asuntos Económicos que la reforma sería "extremadamente agresiva", sin darse cuenta de que las cámaras le estaban grabando.

Limita la destrucción de empleo

Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha venido defendiendo sistemáticamente en todos sus informes sobre España las bondades de la reforma laboral y la necesidad de profundizarla, reduciendo las diferencias en la indemnización por despido entre trabajadores temporales y fijos -es decir, rebajando la de los contratos indefinidos- con el fin de acabar con la segmentación del mercado laboral. 

Ya en 2013, apenas transcurrido poco más de un año de su aprobación y cuando todavía aumenta el paro, Bruselas afirma que "la reforma del mercado laboral permitió a las empresas utilizar mecanismos de ajuste distintos a la destrucción de empleo e incrementó la sensibilidad de los salarios a la posición cíclica". "Ha empezado a dar como resultado una mayor flexibilidad interna (dentro de las empresas), cierta reducción de los costes de despido y un aumento de la moderación salarial", asegura.

En su informe de 2014, el Ejecutivo comunitario explica que la reforma laboral de Rajoy "ha contribuido a acrecentar la flexibilidad interna de las empresas y limitar las pérdidas de empleo, dando prioridad a la negociación de acuerdos colectivos a nivel de empresa y ampliando las posibilidades de utilizar cláusulas de descuelgue a su alcance".

"La reforma también ha reducido los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha contribuido a reducir el número de despidos impugnados judicialmente", prosigue el texto. Sin embargo, la Comisión constata que la dualidad "sigue siendo un problema importante" del mercado laboral español y resalta que "la diferencia entre los costes de despido de los contratos de duración determinada y de los contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre las más elevadas de la Unión".

Por ello, la recomendación que la Unión Europea dirige en 2014 a España es "impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, por ejemplo reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización por despido".

En su evaluación de 2016 -con la recuperación ya a ritmo de crucero- Bruselas señala que la reforma de Rajoy ayudó a "limitar la destrucción de empleo durante el segundo agravamiento de la crisis". Sin ella "se habrían perdido otros 400.000 puestos de trabajo" entre 2012 y 2013, según los datos que cita el informe.

Facilita la recuperación

Además, la reforma laboral ha aumentado la prontitud de la reacción del empleo al crecimiento económico. "En comparación con lo sucedido en repuntes anteriores, la creación de empleo se ha reanudado en una fase más temprana de la recuperación, cuando el crecimiento del PIB aún era modesto", sostiene el Ejecutivo comunitario.

En 2017, la Comisión insiste en que "las reformas del mercado laboral han amortiguado la caída del empleo durante las últimas fases de la crisis y han aumentado la capacidad de reacción del empleo frente al crecimiento". Sin embargo, se queja de que no se ha resuelto el problema de la segmentación del mercado laboral y vuelve a reclamar más medidas para "promover la contratación por tiempo indefinido".

Esta petición -"favorecer la transición hacia contratos indefinidos"- se repite en las recomendaciones de política económica que la UE ha dirigido a España en los dos últimos años, sin que hasta ahora ningún Gobierno haya hecho nada eficaz al respecto.

Justo antes del estallido del coronavirus, España registraba la tasa de temporalidad más alta de la UE (26%), con contratos cada vez más cortos, lo que según Bruselas agrava los problemas de desigualdad y pobreza. Estos trabajadores precarios constituyen el grueso de los nuevos parados provocados por el Covid-19, en su mayoría son jóvenes y no cuentan con prestación.