Bruselas

La crisis del coronavirus provocará un desplome económico récord en España del 9,4% y podría agravar las desigualdades regionales dentro del país. El impacto socioeconómico de la pandemia se hará sentir especialmente en las comunidades autónomas que más  dependen del turismo, como la costa Mediterránea, Andalucía y las islas Baleares y Canarias, avisa la Comisión Europea en su informe sobre la economía española publicado este miércoles.

Noticias relacionadas

"Las consecuencias de la pandemia en España se verán agravadas por el elevado porcentaje de empleo que acaparan las pequeñas y medianas empresas, el peso económico de sectores que están siendo particularmente golpeados y que probablemente tendrán una recuperación más lenta, como el turismo y el comercio, y la elevada tasa de temporalidad entre los trabajadores (el 26,3% en 2019). Todos estos factores podrían llevar a una importante pérdida de empleo y amplificar el shock", señala el estudio.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario ve justificado que el Gobierno de Pedro Sánchez dispare temporalmente el gasto público para amortiguar las consecuencias del Covid-19, aunque también le advierte de que deberá volver a la senda de consolidación fiscal una vez pase la emergencia sanitaria. En todo caso, las recomendaciones anuales de Bruselas en materia de política económica para España aparcan los problemas estructurales como las pensiones o el mercado laboral y se concentran en las medidas a corto plazo para sortear la crisis.

1.- Aplazar impuestos a las pymes

Un factor agravante de la crisis pandémica en España es el importante peso económico y en materia de empleo de las pymes. El Gobierno de Sánchez ya ha puesto en marcha líneas de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros para suministrarles liquidez, pero Bruselas avisa de que para surtir efecto estas medidas deben aplicarse "de forma rápida y eficaz".

"Permitir el aplazamiento de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales (es decir, evitar cualquier retraso en el pago por parte de las administraciones) también ayudaría a mejorar la liquidez de las pymes", asegura la Comisión. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha opuesto reiteradamente a cualquier aplazamiento alegando que el Estado necesita los ingresos para responder a la crisis.

El Ejecutivo comunitario reclama finalmente reducir la burocracia para las empresas y ofrecerles servicios públicos digitales eficaces. "Apoyar a las empresas en los sectores más dañados por la crisis y salvaguardar la competitividad de las compañías exportadoras es crucial para una recuperación con éxito", dice el informe.

2.- Incentivos a la contratación

España parte en posición de desventaja en esta crisis porque ya era uno de los países de la UE con más paro y temporalidad antes de la pandemia. A medio plazo, la recuperación tiene que basarse en medidas para sostener el empleo adoptadas en consulta con los interlocutores sociales: la retirada progresiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), incentivos eficaces a la contratación o el refuerzo de la formación a los trabajadores.

Bruselas elogia el papel de los ERTE a la hora de ofrecer una garantía de ingresos a los hogares más golpeados por la crisis, pero reclama fortalecer la protección frente al paro en España: los trabajadores temporales con contratos muy cortos -que constituyen el grueso del casi millón de nuevos parados y en su mayoría son jóvenes- se han quedado a la intemperie en esta crisis.

"Garantizar de forma temprana que todos los trabajadores -incluidos los temporales y los autónomos- tengan acceso a una adecuada protección social y a políticas activas de empleo, es necesario para sostener una recuperación sostenible y la cohesión social", dice el Ejecutivo comunitario.

3.- Coordinación con las comunidades autónomas

"De manera general, una coordinación más fuerte y de manera sostenible entre los diferentes niveles de Gobierno (central, regional y local) podría hacer que las políticas para facilitar la recuperación sean más eficaces", asegura la Comisión Europea. La fragmentación regulatoria y las barreras entre comunidades autónomas en España "impiden que las empresas se beneficien de economías de escala y afectan a la productividad", se queja.

Un año más, Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez "un uso más activo" de la ley de Unidad de Mercado para "promover una mejor regulación y competencia durante la recuperación". Las restricciones en materia de propiedad y mercado que se han impuesto para garantizar el suministro de productos y servicios médicos básicos durante el Covid-19 deben eliminarse una vez que la emergencia haya pasado. 

Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales tendrían que trabajar en una estrategia nacional de licitaciones para garantizar un uso eficiente de la inversión pública que facilite la recuperación.

4.- Mejora de la cobertura de la renta mínima

La crisis aumentará probablemente los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo. El gasto en protección social se concentra en las personas mayores y el nivel de gasto en pensiones "aumentará significativamente a medio y largo plazo" si se mantiene su vinculación al IPC.

"El difícil contexto económico y social resultante de la pandemia exige una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes". En concreto, Bruselas reclama "mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias".

En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva están dispersas en múltiples planes, lo que resulta en un bajo nivel de cobertura. Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país y hay grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso y dotación, dice el informe. El Ejecutivo comunitario no se pronuncia sobre la renta mínima que prepara el Gobierno de Sánchez porque no conoce los detalles.

5.- Afrontar los "problemas estructurales" en sanidad

El sistema sanitario español ha logrado tradicionalmente buenos resultados pese al bajo nivel de inversión en términos comparativos con otros países de la UE. Pero la pandemia ha dejado al descubierto su "vulnerabilidad a los shocks" y sus "problemas estructurales", algunos de los cuales se deben a "ciertos déficits de inversión en infraestructuras físicas y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios".

"Hay disparidades regionales en materia de inversión, recursos físicos y personal y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno no es siempre eficaz", denuncia la Comisión.

El Gobierno de Sánchez debe "reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura". Unas reformas que deben asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos. También hay que potenciar la atención primaria y la sanidad digital.

"A medio plazo, es importante garantizar que la probable reducción de recursos presupuestarios debida a la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población y provoque desigualdades en el acceso", avisa Bruselas.

6.- Impulsar el aprendizaje digital

La crisis del coronavirus ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios educativos. Antes del periodo de confinamiento, sólo la mitad de las escuelas en España disponían de plataformas de aprendizaje digital adecuadas, con importantes disparidades regionales. El cambio repentino al aprendizaje digital supone además un reto particular para los estudiantes más vulnerables, que no tienen acceso a soluciones digitales en su hogar.

Las autoridades españolas deben lograr que "todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables". Más a largo plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales y haga la formación profesional más atractiva.

7.- Adelantar los proyectos públicos maduros

Para impulsar la recuperación económica, Bruselas ve importante anticipar los proyectos de inversión pública que ya están maduros y facilitar la inversión privada, con las reformas que sean necesarias. "Las perspectivas de recuperación de España dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación", avisa el informe. Ahora mismo, los resultados en materia de innovación de España están por debajo de la media de la UE en todas las comunidades autónomas.

La recuperación económica debe apoyarse en la doble transición que preconiza la UE: tanto digital, como verde. "La transformación de España en una economía climáticamente neutra exigirá una importante inversión durante un periodo sostenido de tiempo en energías renovables, infraestructuras energéticas, eficiencia energética y transporte sostenible, entre otros", señala la Comisión.

En particular, las reformas a gran escala de edificios públicos y privados para mejorar su ahorro energético y el desarrollo de redes inteligentes y capacidad de almacenamiento para renovables ayudaría a gestionar mejor la demanda de energía y a la vez permitiría crear puestos de trabajo durante la recuperación, sostiene el Ejecutivo comunitario. Otra prioridad debe ser la infraestructura de gestión del agua y de residuos.

8.- Acelerar los procedimientos de insolvencia

La resolución a tiempo de los procedimientos de insolvencia jugará un papel clave a la hora de garantizar la liquidez de las empresas y una reasignación eficaz de recursos, así como para promover la iniciativa empresarial y la estabilidad del sector financiero. Por eso, el Ejecutivo comunitario ve esencial "salvaguardar la capacidad del sistema de justicia para tramitar los procedimientos de insolvencia de forma eficaz".

"Esto es particularmente importante, ya que la actual suspensión de la actividad en los tribunales y el aumento en la litigación que se espera debido a la recesión causada por la pandemia podría exacerbar los problemas ya existentes, con procesos cada vez más largos y un creciente retraso en los casos", avisa la Comisión.