Pese a que España encadena ya seis años seguidos de fuerte crecimiento, todavía no ha superado plenamente el legado de la crisis financiera y sufre una serie de graves desequilibrios que la hacen especialmente vulnerable a una nueva recaída, según la radiografía anual sobre el estado de salud de la economía que ha publicado este miércoles la Comisión Europea.

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Entre los problemas persistentes en España que alarman al Ejecutivo comunitario se encuentran el alto nivel de deuda pública y privada, la elevada tasa de paro y el riesgo de pobreza, la baja productividad, el desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral o la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas. Nuestro país es además uno de los más expuestos de la UE al cambio climático.

En su informe de 116 páginas, Bruselas alerta además que muchas de las recetas económicas del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos podrían resultar contraproducentes y empeorar los problemas en lugar de resolverlos. A la Comisión le inquietan en particular las contrarreformas laboral y de pensiones, así como el aumento del gasto público, la subida del salario mínimo o el control de los precios del alquiler.

1.- La insostenibilidad de las pensiones

La Comisión Europea considera que las reformas realizadas por Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y por Mariano Rajoy en 2013 salvaron de la quiebra al sistema español de pensiones. Ahora avisa de que la viabilidad vuelve a estar en peligro debido a la contrarreforma que quiere llevar a cabo el Gobierno. Un plan que básicamente consiste en volver a ligar las pensiones a la evolución del IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que ajusta las prestaciones en función de la esperanza de vida.

De concretarse, estos dos cambios supondrían un aumento del gasto en pensiones de al menos el 4,7% del PIB de aquí a 2050. Los riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo son "significativos", avisa Bruselas. Sobre todo porque la deuda pública sigue rozando el 100% del PIB. La contrarreforma beneficia además a las personas mayores que ya tienen un nivel adecuado de ingresos en detrimento de las generaciones más jóvenes, que son las que sufren la precariedad, el paro y el riesgo de pobreza, según denuncia la Comisión.

2.- Un déficit público alto

A falta de datos definitivos sobre el cierre de 2019, España sigue siendo uno de los países de la UE con más déficit público y apenas ha reducido este desfase presupuestario en los últimos años. "El nivel de presión fiscal es bajo en relación con el gasto", dice el informe.

A la Comisión le preocupa que el aumento de gasto público anunciado por el Gobierno de Sánchez en sanidad, educación y vivienda empeore todavía más el agujero.

El aumento de impuestos previsto por España para financiar este gasto (con figuras como la tasa Google o la tasa Tobin) podría ser insuficiente, alerta el Ejecutivo comunitario. Como complemento, sugiere aumentar los impuestos al consumo, las tasas medioambientales o los impuestos recurrentes sobre la propiedad como el IBI.

La Comisión se fija en particular en la baja recaudación que logra España con el IVA y atribuye el problema al gran número de productos a los que se aplica el tipo reducido del 10% en lugar del normal del 21%. La solución pasaría por subir el IVA por ejemplo a hoteles y restaurantes, apunta el informe.

3.- Un mercado laboral lastrado por el paro y la temporalidad

Otro año más, Bruselas alerta de que el mercado laboral español está lastrado por tasas de paro y temporalidad insostenibles. El nivel de desempleo todavía está en el 13,7%, cifra que duplica la media de la UE. También preocupa el elevado paro juvenil y de larga duración.

España registra la tasa de temporalidad más alta de la UE (26%), con contratos cada vez más cortos, lo que agrava los problemas de desigualdad y pobreza. Las actuales ayudas para fomentar la contratación indefinida no son eficaces, afirma el Ejecutivo comunitario.

No obstante, a la Comisión no le convencen los planes del Gobierno de Sánchez para hacer frente a estos problemas, que pasan por derogar las "partes más lesivas" de la reforma laboral de Rajoy.

Esta reforma, resalta el informe, dio alas a una fuerte creación de empleo durante la recuperación. "Es importante que cualquier nueva medida sólo se tome tras una cuidadosa evaluación de su impacto potencial y que se preserven los logros de las pasadas reformas", reclama Bruselas.

4.- Una subida del SMI que podría perjudicar al empleo

El incremento del 22,3% en el salario mínimo interprofesional en 2019 "ha aumentado los costes laborales, especialmente en algunos sectores y regiones". Su impacto global todavía no se ha cuantificado con exactitud, aunque Bruselas da por hecho que es uno de los factores que explican la desaceleración del empleo durante la segunda mitad de 2019.

Al Ejecutivo comunitario le inquieta que el Gobierno de Sánchez proceda a una nueva subida del 5,6% en 2020 (hasta 950 euros al mes en 14 pagas) sin evaluar las consecuencias. Este aumento situará el salario mínimo en aproximadamente el 60% de los ingresos medios mensuales de un trabajador a tiempo completo. "En 2018, sólo tres Estados miembros, con tasas de paro mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este umbral", avisa el informe.

5.- Unas ayudas sociales ineficaces contra la pobreza

Aunque se ha reducido desde el final de la crisis, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España es una de las más altas de la UE (26,1%) y afecta en particular a los niños (29,5%). "La debilidad de las ayudas a las familias y de los sistemas de renta mínima garantizada limita el efecto de reducción de la pobreza de las transferencias sociales", subraya el informe.

Los sistemas regionales de renta mínima garantizada sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en toda España, con grandes disparidades entre comunidades autónomas. Aunque las tasas de fertilidad son muy bajas, España es el país de la UE que concede menos ayudas a las familias: sólo llegan a la mitad de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social, denuncia la Comisión.

6.- Un riesgo creciente del cambio climático para la economía

España es uno de los Estados miembros de la UE más expuestos al cambio climático. La adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resistencia a los desastres naturales requieren una fuerte inversión, avisa Bruselas.

Al mismo tiempo, la recaudación por impuestos medioambientales de nuestro país está entre las más bajas de la Unión.

Las infraestructuras para la gestión de agua y residuos son muy desiguales dependiendo de las regiones, lo que plantea riesgos medioambientales. En algunas áreas urbanas como Madrid o Barcelona, la contaminación del aire es también un problema.

Bruselas cree que España incumplirá su objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030. El transporte es el principal sector en el que las emisiones siguen aumentando. Por eso, el informe recomienda más inversiones en el sistema ferroviario con el fin de reducir la dependencia del transporte por carretera.

7.- Un fuerte desajuste entre formación y mercado laboral

La economía española registra peores resultados en innovación que la media de la UE en todas sus comunidades autónomas. Ello se debe a la falta de inversión pública y privada en I+D, pero también a la penuria de perfiles altamente cualificados. La elevada tasa de abandono escolar (17,9%, la mayor en toda la UE) socava la igualdad de oportunidades y produce un elevado porcentaje de trabajadores escasamente cualificados.

El escaso atractivo de la formación profesional amplifica la escasez de trabajadores con cualificaciones medias o altas. La transición del sistema educativo al mercado laboral sigue siendo difícil, ya que las oportunidades de trabajo son limitadas y a menudo de baja calidad. Al mismo tiempo, la economía no crea suficientes puestos de trabajo cualificados, lo que refleja su dinámica de baja innovación. El resultado es que España no está en condiciones de aprovechar todas las ventajas de la digitalización, según el Ejecutivo comunitario.

8.- Una fuerte subida de los precios del alquiler en las grandes ciudades

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis, los precios de la vivienda han vuelto a subir impulsados por la creación de empleo y los bajos tipos. Entre 2013 y 2018, el incremento acumulado asciende al 23% (un 4,3% al año), por encima del crecimiento del PIB nominal per cápita (17%). La fuerte demanda de alojamiento en algunas zonas ha afectado también al mercado del alquiler: los precios superan ya los niveles previos a la crisis en Madrid y Barcelona.

Los españoles que viven de alquiler experimentan a menudo una sobrecarga de costes de la vivienda. Es decir, un gran número de inquilinos (el 38,1%) tienen que dedicar a la vivienda más del 40% de sus ingresos disponibles. Muy por encima de la media de la UE, donde la tasa de sobrecarga de costes de la vivienda se sitúa en el 27,4%, según los datos de Bruselas. 

No obstante, también en este caso el Ejecutivo comunitario cree que las recetas del Gobierno de Sánchez para corregir la situación podrían ser contraproducentes. En concreto, el control de los alquileres que ha anunciado el ministro José Luis Ábalos "puede reducir la oferta de vivienda de alquiler a medio y largo plazo y tener efectos indeseados en la demanda de vivienda y los precios", dice el informe.

9.- Una fragmentación regulatoria que lastra el crecimiento

Las restricciones y la fragmentación regulatoria dentro de España entre las diferentes comunidades autónomas lastran el entorno empresarial e impiden que las empresas se beneficien de economías de escala. España se encuentra entre los diez Estados miembros que imponen más restricciones a la apertura de comercios.

Además, determinados servicios profesionales como la arquitectura, la ingeniería civil o los servicios de guía turístico están sujetos a barreras regulatorias que reducen la competencia. El Ejecutivo comunitario lamenta en particular el retraso en la puesta en práctica de la Ley de Unidad de Mercado que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013.

10.- Las disparidades regionales y la España vacía

La Comisión avisa del lastre que suponen las disparidades regionales en áreas como el empleo, la educación, las tasas de abandono escolar, la pobreza y la desigualdad. "Pese a una mejora significativa de la infraestructura digital, persiste la brecha entre el medio urbano y el rural. España se enfrenta al mismo tiempo a problemas de envejecimiento y despoblación en las zonas rurales y a presiones demográficas en las grandes áreas urbanas", resalta el estudio.