María Vega Eduardo Ortega Socorro Arturo Criado

El consenso histórico que han conseguido alcanzar patronal y sindicatos sobre las medidas que hacen falta para ayudar a las empresas y los trabajadores en la situación de emergencia económica por el Covid-19 no se ha podido replicar en el Consejo de Ministros.

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El Gobierno de coalición no fue capaz de entenderse este sábado para sacar del limbo a millones de empresas y trabajadores que esperan en vilo la activación de un plan de estímulos y ayudas para hacer frente al cese de actividad repentino que ha traído el estado de alarma.

Las exigencias de Unidas Podemos en terrenos complicados de legislar y no acuciantes -por no tener un coste inmediato para los beneficiarios- impidieron a Sánchez salir con un texto claro de un Consejo de Ministros que duró más de siete horas. 

La formación de Pablo Iglesias insistió en anunciar un incremento del gasto público para ayudar exclusivamente a los ciudadanos más desfavorecidos y obviar los apoyos a las empresas. Una idea a la que se opuso de manera frontal la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Además de medidas de apoyo a los más vulnerables, Unidas Podemos considera vital aprobar con urgencia el aplazamiento de las hipotecas que tienen que pagar los españoles, condonar el IVA a los autónomos y las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de las empresas.

Algunas de estas ideas no suenan mal al PSOE, pero dado que el pago de las hipotecas no se produce hasta el primer día del mes (es decir, dentro de más de 15 días) y los otros dos pagos tampoco son inmediatos (en el caso del IVA hay hasta el 20 de abril), el Ejecutivo es partidario de esperar a redactar esos decretos con más calma y centrarse en lo que Calviño sí considera urgente: la flexibilización de los mecanismos para los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), garantizar la liquidez a las empresas y proteger a los trabajadores, entre otros.

El papel de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía frente a las reivindicaciones del vicepresidente Pablo Iglesias fue crucial, según cuentan a este periódico varias fuentes conocedoras del tenso debate que se vivió en La Moncloa este sábado.

El impulso de lo social era una de las principales reclamaciones de Unidas Podemos y su baza a jugar dentro del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para sacar rédito entre sus votantes. De ahí que, quitando el caso de Yolanda Díaz que se ha quedado con Trabajo, sus miembros hayan ocupado carteras principalmente de contenido social.

Tanto es así que la cartera más importante se la ha quedado el propio Iglesias que, como vicepresidente del Área Social, es el responsable de las políticas de dependencia, a las que se pretende (o pretendía hasta la llegada del coronavirus) dar un empujón de más de 500 millones de euros anuales, y del propio Imserso.

En este contexto, Iglesias está buscando su sitio en un estado de alarma en el que la autoridad competente será el Estado y bajo la dirección de Sánchez, serán autoridades competentes delegadas la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad. Todos ellos del PSOE.

El resto de las áreas -incluidas las de Unidas Podemos- quedan bajo el paraguas de Sanidad, la cartera de Salvador Illa, según explicó ayer el presidente del Gobierno.

Prioridad sanitaria

En todo momento, los empresarios han expresado que lo prioritario en esta crisis es la Sanidad. Pero también han advertido que hay muchas empresas y sectores contra las cuerdas que requieren asistencia urgente. El turismo, el transporte y el comercio figuran entre los más damnificados por el coronavirus.

Esa urgencia que se ha tratado de transmitir no fue entendida este sábado por los miembros del Consejo de Ministros, que no fueron capaces de aparcar sus diferencias para al menos, aprobar la medida que los agentes sociales han apuntado como más urgente: la flexibilización de los ERTE y la protección estatal de los trabajadores que se vean afectados por ellos. 

Pese a que Sánchez avanzó expresamente que se aprobará el próximo martes, tras su comparecencia de este sábado por la noche, CCOO y UGT difundieron un comunicado conjunto exigiendo medidas sociolaborales con carácter urgente.

Una batalla por lo social

La batalla entre Unidas Podemos y el PSOE por el discurso social no es nueva. Sin ir más lejos, recientemente Iglesias se intentó 'adueñar' del ingreso mínimo vital que tiene la intención de poner en marcha el Gobierno. Sin embargo, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya ha dejado claro en sus intervenciones parlamentarias que será su departamento el que se ocupe de esta medida.

La situación sobrevenida por el coronavirus se ha llevado por delante muchas aspiraciones de Unidas Podemos en materia social, dado que ahora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrán que centrarse en combatir esta crisis sanitaria y dejarán aparcadas otras promesas.

Una realidad y un nuevo contexto que en Unidas Podemos admiten conocer, pero que les está costando mucho asumir.