Todas las guerras tienen víctimas colaterales, y la batalla por la investidura ya tiene las suyas: trece millones de personas que esperaban un aumento de su pensión, del salario mínimo o de su sueldo en el caso de los funcionarios públicos y que ahora tendrán que esperar a que se forme un Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza.
La ministra portavoz, Isabel Celaá, era bien clara durante la rueda de prensa del consejo de ministros: “confiamos en que esto no vaya más allá de enero”. Los tiempos políticos no siempre casan con los de la ciudadanía, y los intereses -parece obvio- mucho menos. ¿Y cuál es el interés de Sánchez? ‘Tirar’ a la cara de Esquerra Republicana de Catalunya a trece millones de votantes y, llegado el caso, hacerla responsable de no haber podido ejecutar sus políticas sociales en favor de los más desfavorecidos.
El argumento empleado por el Ejecutivo resulta convincente: un Gobierno en funciones no puede acometer estas cuestiones. Así que se ha adoptado un Real Decreto para tomar las distintas medidas con las que ha ‘secuestrado’ a la población hasta su investidura.
La primera de ellas, suspender el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social que fue adoptado por el Ejecutivo de Rajoy y que obliga a una subida del 0,25%. Una suspensión que se produce por motivos técnicos y de coste. Elevar un cuarto de punto ahora y cuando llegue el momento un 0,75, hubiera supuesto “duplicar el coste en la comunicación a los pensionistas y malgastar recursos en la logística para liquidar las dos subidas”, ha dicho Celaá.
La segunda, prorrogar el Real Decreto que mantiene el Salario Mínimo Interprofesional en los 900 euros. Lo habitual es actualizarlo en el último Consejo de Ministros tras consultar con los agentes sociales. Sin embargo, este año no se ha hecho. Se ha optado por mantenerlo a la espera de que patronal y sindicatos puedan negociar cómo hacer una actualización que tendrá carácter retroactivo.
Por último, el aplazamiento de la subida del 2% del salario a los funcionarios. El argumento empleado es el mismo. Un gobierno en funciones no puede adoptar una decisión de este tipo. Una medida para la que el sindicato de funcionarios, CSIF, había entregado un documento que, basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se justificaba el incremento salarial por la vía de un Real Decreto Ley.
¿Por qué no se aplicó esa figura de medidas urgentes en todos los casos? Los tiempos políticos lo dirán, pero encima de la mesa ha estado la posibilidad de adoptarlas si hubiera sido necesario. Baste recordar que, el último aumento del SMI, se hizo sin consenso entre los agentes sociales y con acuerdo entre PSOE y Podemos.
Trece millones de personas tendrán que esperar a que se forme un Gobierno, o no. Pero una vez más los ciudadanos quedan al albur de una decisión política que antepone el interés partidista al de la ciudadanía. Qué tiempos aquellos en los que Sánchez decía que había que "anteponer los intereses de España al de los partidos”.