En los últimos doce meses se han incorporado más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social, un fuerte ritmo de creación de empleo que permite al Estado volver a reducir la factura del desempleo. En concreto, el gasto en prestaciones presupuestado por el Gobierno para este ejercicio ha caído en 1.300 millones de euros, hasta 18.000 millones. Un ahorro que se tendrá que destinar a financiar las bajas por incapacidad temporal (IT).
El Ministerio de Empleo ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 un incremento en la partida destinada a las bajas laborales de 1.600 millones de euros, esto es, un 29,4% más que en los PGE de 2016, el mayor incremento de la serie histórica. Estos subsidios se destinan a pagar a los trabajadores que se encuentran en situación de baja laboral por enfermedad común, accidente (laboral y no laboral) y enfermedad profesional a través de las Entidades Gestoras y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
En total, el gasto presupuestado en estas prestaciones asciende a 7.000 millones de euros. Desde el año 2011 el Gobierno no destinaba una partida tan amplia al pago de la incapacidad temporal. La recuperación del mercado laboral ha disparado el gasto en bajas laborales, que se ha incrementado en casi un 50%. Esta subida se debe, en buena medida, al incremento del número de afiliados: cuantos más trabajadores haya, más lesiones habrá. Pero no es la única razón, ya que el incremento de las bajas está siendo superior al del empleo.
Los datos así lo reflejan: en 2012 el Gobierno presupuestó 4.900 millones a financiar las bajas laborales y este ejercicio ha aportado 7.000 millones, un incremento del 43% en un periodo en el que la afiliación se ha incrementado un 6%. La explicación está en que los empleados que antes no aceptaban la baja, ahora sí lo hacen. Esto no significa que todo ello sea absentismo laboral fraudulento, sino que durante la crisis muchos no querían faltar a su puesto de trabajo por miedo a los despidos. Según Asepeyo, las bajas por contingencia común aumentaron hasta septiembre de 2016 un 10%, un ritmo muy superior al de la afiliación.
Para reducir el absentismo en la Administración, en el año 2012 el Gobierno introdujo una serie de cambios en las retribuciones de la incapacidad temporal. Así, los trabajadores en baja laboral pasaron a cobrar el 50% de su salario durante los tres primeros días, hasta los 20 días un 75% y, a partir de 21 días, el 100% de su salario.
¿Y si es insuficiente?
El Gobierno lleva tres años consecutivos elevando la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a la incapacidad temporal. En 2015 la incrementó un 1,3%, hasta 4.950 millones; en 2016, un 9,2%, hasta 5.400 millones y este ejercicio un 29,4% hasta los 7.000 millones. Sin embargo, en los últimos ejercicios el presupuesto siempre se quedó corto, por lo que tuvo que inyectar fondos adicionales a lo largo del año para poder pagar todas las bajas.
En 2015 y 2016 el Gobierno tuvo que aprobar créditos extraordinarios por valor de 1.250 millones de euros cada uno de los años y en 2014 los amplió en 650 millones. En total, más de 3.000 millones de desviación frente a las previsiones, una situación que podría repetirse este año.
Para evitar esta situación, el Gobierno decidió realizar un importante esfuerzo en los PGE de este ejercicio con los 1.600 millones extra aportados. Sin embargo, este crecimiento del 29,4% respecto a lo presupuestado en 2016 no es tanto si se compara con el gasto ejecutado finalmente: de hecho, el incremento se reduce hasta quedarse en el 2,1%. Sólo con que la afiliación crezca a una tasa superior (hasta marzo ha avanzado un 3,5%) y con que se mantenga la proporción de bajas de 2016, el presupuesto destinado será insuficiente.
Los datos hasta febrero están dando la razón al Gobierno, aunque el año no ha hecho más que empezar. El incremento del gasto en incapacidad está avanzando a ritmos del 1,22%, lo que permitiría cumplir, este año sí, con el presupuesto sin fondos adicionales.