La viabilidad del sistema público de pensiones se ha instalado en el debate preelectoral en la última semana. El PSOE, hoy en el Gobierno, insiste en que el sistema es sostenible, incluido el incremento de estas prestaciones de acuerdo con el IPC anual.
El Partido Popular está de acuerdo con estas subidas, pero no con que el sistema sea sostenible. Y ha dado a entender que hará reformas para asegurar la viabilidad de las futuras pensiones.
Vox se ha mostrado mucho más crítico al respecto que los populares y, por su parte, las fuerzas a la izquierda de los socialistas propugnan incluso elevar estas prestaciones.
Sin embargo, el panorama del gasto en pensiones no es esperanzador. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno e incorporó su revalorización anual según la inflación (que, posteriormente, se reforzó legislativamente en 2021), el gasto en estas prestaciones se ha elevado un 60%. De hecho, en 2026 se espera que supere los 230.000 millones de euros.
Sin embargo, este aumento no es consecuencia únicamente de la revalorización anual mencionada. El progresivo envejecimiento de la población y la jubilación de los trabajadores nacidos durante el baby boom han colaborado. Y lo van a seguir haciendo en las próximas décadas.
El informe Integrass del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apunta a que el gasto en pensiones se triplicará para 2050 y se pondrá en los 616.563 millones de euros.
Más adelante, el horizonte es todavía más preocupante. Seguridad Social espera que esta partida supere los 1,42 billones de euros.
¿Es esto sostenible? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no lo tiene claro.
En su último informe sobre la regla de gasto de las pensiones, el ente apunta a que formalmente esta condición se cumple. El gasto público se queda por debajo del del umbral del 13,3% del PIB hasta 2050. En políticas constantes y sin crisis por el camino, claro.
Sin embargo, la AIReF critica (de nuevo, por cierto) que la regla de gasto del Gobierno padece "importantes debilidades metodológicas".
Al enfocarse únicamente en un indicador parcial y depender del crecimiento coyuntural del PIB y de estimaciones imprecisas sobre nuevos ingresos, ofrece una apariencia de estabilidad que puede acabar siendo falsa.
En este sentido, la AIReF denuncia que las pensiones no se pueden analizar de forma aislada al resto de los gastos de la Administración.
Cabe recordar que, en los últimos años, las aportaciones del Estado para pagar las pensiones se han disparado y en 2025 sumaron casi 48.000 millones de euros.
Y todo ello pese a que las últimas reformas de las pensiones recogían medidas para incrementar las aportaciones de empresas y trabajadores mediante las cotizaciones sociales (como el Mecanismo de Equidad Generacional). Así como fórmulas para retrasar la edad media de jubilación mediante incentivos a retrasarla y castigos para adelantarla.
Sin embargo, los think tanks y expertos en pensiones demandan más. Entre ellos la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que considera que el sistema español de pensiones es "extremadamente generoso"
De hecho, según este ente, España tiene una de las tasas de reemplazo (el porcentaje del último sueldo que representa la pensión) más altas de la OCDE. Se sitúa entre el 70% y el 80% (la media europea llega hasta el 60%).
En este sentido, ha cargado contra la indexación de las pensiones al IPC (sólo lo aprueba en el caso de las más bajas). Ha demandado que se vinculen, en todo caso, a un índice que refleje también el estado financiero de la Seguridad Social.
Así mismo, demanda actuar por otras vías. Para empezar, ampliar el periodo de cómputo a toda la vida laboral, y no sólo a los últimos años (que son, habitualmente, aquellos en los que más se gana).
También reclaman introducir un sistema de cuentas individuales nocionales, que supone vincular lo cotizado a la esperanza de vida del trabajador.
Fedea exige que se recuperen y mejoren los incentivos para los mecanismos de ahorro privado complementario, como los planes de pensiones individuales. E introducir más incentivos y facilitar los de empleo o colectivos.
Sin embargo, por ahora, los partidos no desvelan sus cartas. Los dos grandes actores del mapa electoral, PSOE y PP, sólo aseguran que seguirán subiendo las pensiones con el IPC. No muestran el resto de sus bazas, si es que las hay.