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La política de empleo y las cifras de afiliación van a ser uno de los grandes caballos de batalla del PSOE y los partidos de izquierda estas elecciones, que ya han sacado a la palestra en varias ocasiones el mantra del pleno empleo como una meta alcanzable.

Los datos de ocupación de septiembre han dado un salto, con 92.300 afiliados más y un salto histórico de casi 740.000 en el último año. Es una cifra que supera en un 50% el medio millón que se venía marcando y que está tergiversada por la regularización de inmigrantes.

De hecho, 547.600 de todos esos nuevos empleos son extranjeros que vienen a trabajar a España. Es decir, con la regularización y las políticas de empleo del Gobierno que ahora cede y convoca elecciones, tres de cada cuatro nuevos empleos son ocupados ya por inmigrantes.

Tanto las agencias de empleo como los analistas consultados advierten que no se trata de penalizar la llegada de una mano de obra que se considera necesaria para la economía española.

Incluso todas las patronales y hasta los grandes directivos de la empresa familiar reunidos este mes en Madrid han dejado claro que la regularización y la llegada de trabajadores foráneos son bienvenidas, siempre que se hagan de forma consensuada, planificada y segura.

Los empresarios reclaman un marco legal en el que puedan cooperar con la Seguridad Social para que todos los procesos se hagan con respaldo normativo (sin contratar ilegales) y se cubran las necesidades laborales que realmente tienen las empresas.

El problema está en presentar esos datos como el reflejo de la potencia inversora que tiene la economía española, cuando ha sido la regularización extraordinaria de inmigrantes la que ha dado unas cifras irregulares que, por el momento, no pueden considerarse la imagen real del mercado laboral español.

Afiliados en septiembre. BdE

El Banco de España ya advertía este viernes en su informe trimestral sobre la dificultad de evaluar bien los datos de empleo en España por el efecto de la regularización.

La entidad advierte que parte de las personas regularizadas podrían haber estado desarrollando una actividad laboral con anterioridad al proceso. Por ello, los datos de afiliación del tercer trimestre del año ofrecen una lectura menos precisa de lo habitual sobre la situación coyuntural del mercado de trabajo.

La propia AIReF ha señalado en sus análisis de previsiones que no se puede incorporar el valor de todo ese trabajo regularizado al PIB de forma lineal, dado que es un colectivo que, en su mayoría, ya estaba activo en el mercado laboral, aunque fuera del circuito legal.

Evolución de la tasa de paro según el BdE. BdE

La regularización de inmigrantes se inició en abril y se recogieron 1,2 millones de solicitudes. Se empezaron a resolver expedientes provisionales en junio. Desde entonces, han aflorado 421.306 inmigrantes legalizados (en cuatro meses).

Caída oculta

Todos los analistas y centros de predicción han advertido que ese proceso seguirá, al menos, hasta fin de año, de forma que es muy probable que esa cifra se pueda duplicar al inicio de 2027.

Hasta que no avance el proceso y se pueda hacer un análisis global del fenómeno, no se podrá obtener una foto fija de cuál es el potencial de creación de empleo que le queda a la economía española, porque todos los datos de afiliación estarán trastocados.

Hay que tener en cuenta que todas las previsiones de la OCDE, Banco de España, FMI, servicios de estudios de la banca, AIReF, Funcas o Fedea, apuntaban a un freno drástico en la creación de empleo antes de que se pusiera en marcha la regularización.

De hecho, los 500.000 ocupados netos anuales que hubo en 2025 iban a bajar un 25% este año y hasta la mitad en 2027. Para ese año se preveía un ritmo de creación de empleo por debajo del 2%. Mientras que el mes pasado se colocó en el 3,41%, lo nunca visto en casi una década.

Paradójicamente, el dato que sale peor parado de la avalancha regularizadora es el del paro. El aumento de septiembre en más de 23.000 personas (el peor dato en ese mes desde 2017), desploma la bajada interanual del paro a poco más de 42.000 personas, la tercera parte de la media anual que se arrastraba desde hace dos años.

Los expertos en el ámbito laboral advierten que, de la misma manera que la distorsión que genera la regularización no permite hacer un análisis triunfalista claro en la afiliación, el golpe que asesta a los parados registrados en estos meses no debería llevar a análisis catastrofistas.

La cita con los datos laborales más exactos tendrá lugar el martes 27 de octubre, cuando se publique la Encuesta de la Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, En plena precampaña electoral y con el impacto de los datos de la regularización incluidos.

Una de las claves de la EPA es que es el único cómputo oficial que ofrece la tasa de paro oficial en nuestro país, comparable a nivel europeo. El segundo trimestre se cerró con un 9,8% de la población activa y lanzó las expectativas del Gobierno hacia el pleno empleo, entendido como el 8% de tasa estructural.

Otros análisis recortan ese porcentaje del pleno empleo por debajo del 6 incluso hasta el 4% en los análisis más ortodoxos a nivel europeo.

Para calcular ese coeficiente, en este trimestre que acaba de terminar (julio, agosto y septiembre), la regularización ha traído un aumento significativo de la población activa (en edad de trabajar) y de la comunidad de extranjeros afiliados. Veremos el resultado en plena pelea electoral.