El real decreto-ley que recoge el registro de lobbies ha concitado protestas de la patronal y los sindicatos. Y está generando importantes quebraderos de cabeza al Ministerio de Trabajo. Tantos que le ha obligado a suspender las reuniones del Diálogo Social.
Este lunes 14 estaba previsto que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se reunieran con el Ministerio de Trabajo para abordar la trasposición de la directiva de transparencia salarial.
Sin embargo, la reunión ha sido suspendida por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz.
Así lo indican fuentes del Diálogo Social, que apuntan que el motivo oficial dado por el Ministerio para suspender la cita han sido "problemas de agenda".
Más allá de ese argumento, la CEOE ya había avisado de que hasta que se dilucidara el destino del real decreto-ley (el Congreso lo vota esta semana) que no mantendría contactos con el Gobierno.
CCOO y UGT no habían sido tan concretos en esto. Pero sí que han demandado a los grupos parlamentarios que voten contra el registro de lobbies de Óscar López.
La norma considera lobbies también a las patronales y a los sindicatos nacionales. Esta es la causa de sus protestas.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el detalle tampoco ha sentado bien en el Ministerio de Trabajo.
En el departamento habían defendido que la norma europea de la que bebe el registro diseñado por Función Pública no obliga a que patronal y sindicatos sean considerados lobbies.
La clave está en que se les considera actores sociales y que tienen una función social.
Pese a ello, el departamento de López ha decidido categorizarles así. Y esto no ha gustado entre los de Yolanda Díaz, según se ha transmitido al Diálogo Social.
Con todo, este dolor de cabeza parece muy temporal. Junts ha confirmado su rechazo a la medida y las matemáticas indican que el real decreto-ley no superará la votación.
Sin embargo, forma parte de los compromisos alcanzados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por los que España recibe las ayudas Next Generation.
Es decir, que el bloqueo al real decreto le puede costar a España, de nuevo, cientos de millones de euros.
