CCOO y UGT han pedido al Congreso que rechace y anule el real decreto-ley sobre transparencia e integridad de los lobbies.
Los sindicatos critican que la norma no exceptúa a sindicatos ni patronal del registro de lobbies, lo que consideran que vulnera su papel constitucional.
Exigen que la norma se tramite como proyecto de ley para garantizar la participación de los interlocutores sociales y el respeto al diálogo social.
CCOO y UGT argumentan que su representatividad se basa en procesos democráticos y no pueden ser equiparados a grupos de interés económico.
CCOO y UGT le declaran, oficialmente, la guerra al Gobierno. Al menos en lo que se refiere al registro de lobbies.
Ambos sindicatos han exigido al Congreso que rechace y anule real decreto-ley 21/2026 sobre transparencia e integridad de las actividades de los lobbies por "vulnerar el papel constitucional de las organizaciones sindicales".
Cabe recordar que esta norma no incluye entre las excepciones al registro a patronal ni sindicatos. Y esto no ha gustado entre los agentes sociales, que afirman que no se les puede considerar lobbies
En concreto, ambos sindicatos han reclamado la no aprobación de la norma y requieren que efectúe su tramitación como proyecto de ley para garantizar la participación de los interlocutores sociales.
Asimismo, reclaman la necesidad de aprobar una ley que defina y regule el diálogo social y la participación institucional, en términos que respeten el papel constitucional reconocido a las organizaciones sindicales.
"No es de recibo (...) que el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara", apuntan los sindicatos en un comunicado, que "no comparten" que este trámite haya sido sustituido "de manera unilateral" por el Gobierno a través de la aprobación de un real decreto-ley.
Asimismo, han reclamado al Ejecutivo el impulso de una ley que defina y reconozca el valor del Diálogo Social y la participación institucional en términos que respeten la función constitucional otorgada a los sindicatos.
Según denuncian las centrales sindicales, la norma actual equipara a las organizaciones sindicales con el papel de los grupos de interés, lo que supone "ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical".
En este sentido, argumentan que los sindicatos son "sujetos constitucionales" y que su caracterización como grupo de interés por participar en políticas públicas y proyectos normativos supone desconocer el contenido de un derecho y una obligación legal.
A diferencia de los grupos de interés, CCOO y UGT subrayan que su representatividad deriva de "procesos electorales abiertos, plurales y democráticos" y no de defender intereses económicos particulares.