Los precios se han vuelto a disparar. En agosto subieron un 4,3%, su mayor aumento en tres años. Esto va a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Especialmente los que tienen los salarios más bajos. Por ello, de cara al salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027, el Gobierno va a tener especialmente en cuenta la inflación.
"Nosotros creemos que es necesario seguir subiendo el salario mínimo interprofesional", afirmaba Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, este miércoles. Y para hacerlo, "habrá que tener en cuenta qué es lo que ha sucedido con la inflación".
Cabe recordar que las previsiones de think tanks como Funcas apuntan a que la inflación media de este 2026 cerrará por encima del 3%.
Así, todo parece indicar que el nuevo SMI que apruebe el Gobierno para el próximo año registrará, como mínimo, un incremento de esta misma proporción.
Cabe recordar, en cualquier caso, que la normativa del SMI dicta que uno de los aspectos a tener en cuenta para decidir la evolución de los salarios más bajos es, precisamente, la marcha de los precios.
"El Gobierno tiene que poner medidas encima de la mesa para evitar ese empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras", añadía Pérez Rey, que apuntaba que en próximas fechas Trabajo convocará a sindicatos y patronal para negociar el SMI de 2027.
Sin embargo, lo que no baraja el Gobierno (como adelantó este periódico hace unas semanas) es ejecutar una subida del SMI antes de que acabe 2026. Algo que han reclamado los sindicatos pero que no está en la hoja de ruta.
Preguntado por el decreto que modifica la estructura del SMI y regula las reglas de absorción y compensación, Pérez Rey señalaba que "no es solamente una demanda de las organizaciones sindicales, sino que es también un compromiso del Gobierno".
"En estos momentos estamos esperando los informes de otros ministerios y también de los órganos consultivos que tienen que participar en la tramitación de un real decreto", explicaba.
En este sentido, aseguraba que "no hay ningún conflicto interno dentro del Gobierno", sino que se trata de "un desarrollo normativo que tiene que seguir los pasos que tiene que seguir" y que está "en plena normalidad en su gestión y en su tramitación".
