El Gobierno ha decidido cesar a cerca de 1.000 interinos contratados para gestionar los fondos europeos Next Generation a partir del 31 de agosto.
Solo se mantendrán los interinos necesarios para tareas de seguimiento y control de los fondos, y sus contratos podrán prorrogarse hasta el 31 de diciembre como máximo.
La medida ha sorprendido a empleados y sindicatos, que esperaban una mayor duración de los contratos, algunos de los cuales estaban previstos hasta 2027.
El cese responde a un informe de la Abogacía del Estado que obliga a finalizar estos contratos por exigencia de la normativa comunitaria ligada a los fondos europeos.
Este 31 de agosto se termina el plazo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que España está recibiendo un máximo de 84.000 millones de euros en ayudas de la Comisión Europea. Para gestionar estos fondos, el Estado contrató a alrededor de 1.000 trabajadores interinos. Y este mismo lunes prescinde de ellos.
Se trata de una decisión que ha sorprendido a los propios empleados y a sus sindicatos. Se daba por hecho que estos contratos durarían más. Sin embargo esto sólo ocurrirá en el caso de los trabajadores que tengan funciones relacionadas con el seguimiento y el control de los fondos Next Generation.
"Los interinos contratados por la Administración General del Estado para ayudar temporalmente en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cesarán con carácter general el 31 de agosto, tal y como estaba previsto", indican fuentes del Ministerio para la Función Pública y la Transformación Digital.
"Aquellos que tengan que realizar tareas de seguimiento y control, podrán continuar hasta el 31 de diciembre como máximo, previa justificación de la prórroga por cada departamento ministerial", añade.
Por ahora, este periódico sólo ha podido corroborar la prórroga de los contratos de los cien interinos que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Pero la extensión de sus contratos sólo está confirmada hasta finales de septiembre, no de año, explica David Fernández, coordinador de SEPE de UGT Servicios Públicos.
Los ceses provienen de un informe de la Abogacía del Estado emitido a mediados de agosto. Y dicta que, de acuerdo a la normativa comunitaria ligada a los Next Gen, se tiene que cesar a los interinos el 31 de agosto como tarde. A partir de ahí, vino la orden de Función Pública, explica Fernández.
"Las cartas han estado llegando y los ceses se están produciendo y no contábamos con ello", apuntan fuentes de CSIF. "Nos llama gente preocupada porque se les han comunicado estos ceses, pese a que están de vacaciones o tenían previsto cogérselas tras el 31 de agosto".
"Estamos estudiando la validez legal de estos ceses", añaden. Sobre todo porque, según estas fuentes, algunos de los contratos cesados tendrían vigencia hasta octubre de 2027.
Entre los sindicatos barajan que esto se deba un error del Gobierno y que haya chocado con la normativa comunitaria de los Next Generation.