Las claves

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado en junio de 2023 con los sindicatos y con el que se busca dar más derechos al colectivo.

La norma -que no se pactó con la patronal y que deberá sumar los apoyos necesarios en la tramitación parlamentaria- llega al Consejo de Ministros dos años y medio después del acuerdo con UGT y CCOO.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "las personas en prácticas en España son 1.600 millones y de ellas, un 66% son mujeres. Esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 10 personas asalariadas están en este colectivo".

También ha destacado que "363.000 personas que están en prácticas, es decir, el 22% son mayores de 30 años".

La ministra ha remarcado que "este estatuto lo que hace es delimitar la formación, que tiene que estar destinada a formar y no a sustituir las relaciones laborales. No es un becario, es una relación laboral".

Relación laboral

En la rueda de prensa, Díaz ha explicado que "una persona que esté en prácticas no puede sustituir a un trabajador" y ha asegurado que "no puede sacarse valor con el mismo".

"A partir de ahora, toda la formación que se aleje del plan de formación va a convertirse en relaciones laborales ordinarias", ha explicado.

En concreto, el estatuto abarca los periodos de formación práctica vinculados a grados del sistema de formación profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del sistema nacional de empleo y a prácticas universitarias curriculares y extracurriculares.

Las tareas asignadas en el período de formación práctica deberán ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación individual, es decir, no debe sustituir las funciones de un trabajador.

Además, deberá existir una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y las competencias del itinerario formativo al que se asocia la práctica, así como contar con un tutor por cada cinco trabajadores en formación como máximo.

El total de personas en prácticas no laborales no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo reactivó hace un año la tramitación del proyecto de ley del Estatuto del Becario, que pretende dotar de derechos al colectivo y que quedó paralizado en la anterior legislatura con el adelanto electoral.

La norma, pactada en junio de 2023 con los sindicatos UGT y CCOO, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

La patronal CEOE se descolgó del pacto al considerar que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas.