En la oferta entregada a los agentes sociales, el Gobierno propone tres vías diferentes para elevar las aportaciones empresariales: una importante subida de las bases de cotización máximas, que también afecta a los trabajadores con los salarios más altos; la creación de la cuota de solidaridad, que abonará en su totalidad el sector privado, y el alza y prolongación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una suerte de recargo de las cotizaciones abonado por las compañías en un 86%. 

El plan concreto de Seguridad Social para las bases de cotización máximas es, además de la subida anual con el IPC que ya hay prevista (y que también se aplica a las pensiones máximas), un incremento adicional de 1,2 puntos porcentuales de 2024 a 2050. 

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Este aumento no se aplicará de la misma manera a las pensiones máximas (se hará en un grado mucho menor, solo de un 0,0115% anual) y llevará a que las bases de cotización máxima se eleven más de un 31% cuando termine de implementarse la medida. Y todo esto sin sumar el impacto de la inflación. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes de la negociación, 1,2 millones de trabajadores estarán afectados por esta subida de cotizaciones, de las que las empresas abonan aproximadamente entre un 70% y un 80%.

Cabe recordar que el tope de cotización máxima está en los 4.495,5 euros. Con la propuesta del equipo de Seguridad Social, subirá como mínimo a los 4.630,3 euros en 2050. Y eso sin tener en cuenta el impacto que la inflación a buen seguro tendrá.

Sobre las empresas se va a cargar también otra de las medidas estrella del Gobierno para obtener ingresos para sostener las pensiones. Se trata de la cuota de solidaridad, que tasará "la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización", indican desde Seguridad Social. 

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Lo que busca tasar el Gobierno es esa parte de los salarios que no cotiza por superar el tope máximo de cotización. La cuota de solidaridad se comenzará a abonar en 2025, y será del 1%. Irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

"Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, sólo se aplicaría por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando 5 euros adicionales en 2025", precisan desde Seguridad Social. 

Esta medida, igual que la subida de las cotizaciones máximas, es permanente. Queda el recargo de cotizaciones efectuado por el MEI, que es abonado en un 86% por las empresas. 

Para esta medida, que tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de cara a las pensiones de los babyboomers, se prevé ampliar su aplicación hasta 2050 y pasar el sobrecargo en las cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año. 

15.000 millones

Con estas medidas completamente desplegadas, el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales para la Seguridad Social equivalentes al 1,2% del PIB, que a día de hoy equivale a unos 15.000 millones de euros anuales. Sumado a la parte de la reforma de las pensiones ya aprobada (como la nueva jubilación anticipada y los incentivos para demorar el retiro) el Gobierno confía en amarrar la sostenibilidad de estas prestaciones. 

De hecho, gracias a estos ingresos Escrivá no solo no tendría que hacer recortes, sino que propone mejoras. La ampliación del periodo de cómputo de las pensiones se queda para 2044, cuando será de 29 años pero restando los 24 peores meses de cotización.

Seguridad Social argumenta que a los futuros pensionistas les beneficiará este periodo de cómputo, dado que tienen carreras profesionales irregulares. Hasta entonces habrá un sistema dual que combinará esta opción con el plazo actual de 25 años. Los cotizantes podrán elegir la opción que más les beneficie para su pensión.

No es la única mejora que incluyen las nuevas pensiones: habrá incrementos para las pensiones mínimas contributivas y no contributivas (con indicadores que se tendrán que cumplir en 2027) y mejoras en el campo de brecha de género. 

Estas mejoras se sostendrán, muy mayoritariamente, en los incrementos de los ingresos obtenidos por las empresas por las tres vías citadas. Una situación a la que se ha opuesto frontalmente la CEOE. 

De hecho, CEPYME, ATA y la patronal han denunciado que el sostenimiento del sistema de pensiones "se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones".

Aseguran que "mermará los salarios de todos los empleados e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo".

"La voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como ésta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución", han insistido.

Las patronales han alertado, además, de que esta reforma del Gobierno "pone en serio riesgo" a las pequeñas empresas y autónomos, pues tienen menor músculo financiero y costes crecientes, "con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo".

La cuestión del incremento de los costes laborales ha sido especialmente destacada por los empresarios este viernes. Tanto que el ministro Escrivá ha querido abordar esta cuestión a través de su perfil de Twitter. 

En su tuit, Escrivá indica: "Ante las opiniones que ponen en cuestión las medidas de ingreso previstas en la reforma de pensiones, los datos: cuando estén completamente desplegadas en 2050, supondrán menos de 40 céntimos/hora trabajada; las cotizaciones seguirán muy por debajo aún de la media de la zona euro". 

"En términos de costes laborales por hora, esa subida de 37 céntimos sigue dejando los de España muy por debajo de los de nuestros vecinos: 6 euros por debajo de Italia, y en torno a 15 por debajo de Alemania y Francia. No hay pérdida de competitividad, y sí más protección social", añade, en un hilo en la red social. 

En cualquier caso, el 'no' de los empresarios se daba ya por hecho. El Gobierno espera contar ahora con un acuerdo con los sindicatos, algo que se puede cerrar en la reunión que se celebra este lunes en el Diálogo Social. 

Cabe recordar que el plan de Escrivá, que se aprobará a través de un real decreto-ley, cuenta ya con el aval de la Comisión Europea, se ha pactado con Unidas Podemos y está prácticamente cerrado con los aliados parlamentarios de la coalición.