Así lo indican fuentes de los propios agentes sociales. Esta situación es ciertamente desconcertante, dado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, impuso en la reforma laboral al Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta Calviño para tratar de acercar un acuerdo social en el que esté la CEOE. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario.  

"En nuestras filas ha cundido el desánimo", admiten voces del lado empresarial. "Queremos llegar a un acuerdo, pero parece difícil". Esto lo dicen después de conocer el Mecanismo RED, los 'nuevos' ERTE, en los que se ha notado la mano tanto de Calviño como del Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. 

El modelo, que se dio a conocer en el Diálogo Social el miércoles pasado, ha sido rechazado por la patronal y los trabajadores. Por un lado por su "intervencionismo", su "coste" y porque se mantienen cláusulas anti-despido para las empresas que se acojan a los nuevos ERTE. 

El rechazo también es firme en CCOO y UGT. El Mecanismo RED incluye una fórmula muy similar a la mochila austriaca, que ya ha sido denunciada por los sindicatos. Desde los trabajadores, también admiten que el Diálogo Social se ha enrarecido con la aparición de los representantes de otros ministerios además de Trabajo y la agilidad en la negociación se ha perdido. 

Contrarreloj

La clave está en los tiempos. La reforma laboral tiene que estar cerrada, aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes que acabe el año. Forma parte de los compromisos alcanzados con Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que dependen los fondos europeos. 

Por ello, se ha decidido que a partir de la próxima semana se celebrarán dos reuniones a la semana (miércoles y viernes) para ir cerrando apartados de la reforma laboral. Pero las posturas siguen muy alejadas. No hay prácticamente acuerdo en nada, aunque parece que sí en cuestiones como la simplificación de los contratos.

Aparte de los nuevos ERTE, todavía están por cerrar las futuras medidas contra la contratación temporal, qué se deroga de la reforma laboral de 2012 y qué se hace en subcontratación. La polémica en este caso está servida: el Gobierno (aquí sí que hay acuerdo entre Moncloa y Trabajo) quiere vetar el contrato por obra y servicio a las empresas. La CEOE rechaza esta medida. 

En pensiones, la evolución tampoco es mejor. Este lunes se supone que se tiene que cerrar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el Ministerio de Seguridad Social quiere introducir a través de enmiendas en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. La iniciativa tiene que estar aprobada antes de que termine el año. También forma parte de los compromisos con Bruselas. 

Cotizaciones

La propuesta que se ha puesto sobre la mesa no gusta ni a patronal ni a sindicatos. Los empresarios rechazan que se suban las cotizaciones para volver a llenar la hucha de las pensiones (que es el objetivo), sobre todo porque la mayor parte del aumento recaería sobre las empresas. Han hecho encendidas declaraciones sobre cómo medidas como esta rebajan la competitividad del sector privado español.

Por su parte, los trabajadores consideran la propuesta insuficiente y, además, opinan que habría que rebajar el peso que la eventual subida de cotizaciones (duraría unos diez años) tendría sobre los trabajadores. 

Y, en medio de esta polémica del MEI, que se tiene que cerrar cuanto antes, se ha echado más leña al fuego en el campo de las pensiones. En el documento que recoge el 'contrato' del Gobierno de España con la Comisión Europea para los fondos se incluye el compromiso de que se extenderá el periodo de cálculo de las pensiones por encima de los 25 años. 

Esta medida era relativamente esperada y sugerida por el Gobierno. De hecho, incluso llegó a estar en los primeros borradores del Plan de Recuperación. Sin embargo, su reaparición y la claridad con la que se ha manifestado en el citado documento han cogido con el pie cambiado a miembros incluso del propio Gobierno. 

Rechazo

La propuesta, que todavía se tiene que matizar (y mucho), ha sido rechazada por el lado 'morado' del Gobierno. Escrivá ha objetado que la medida en ningún caso significará la rebaja de las pensiones o del gasto en las mismas. 

Con todo, poco se sabe de cómo se podría ejecutar esta medida, más allá de que el ministro ya había comentado que se plantearía que los trabajadores pudieran escoger sus mejores años de carrera profesional. Forma parte de la 'segunda pata' de la reforma de las pensiones, que se tendrá que pactar con sindicatos y patronal antes de que termine 2022. 

La medida no ha gustado en CCOO y UGT, que han denunciado la posibilidad de extender el periodo de cálculo, algo que, dicen, no están dispuestos a negociar hasta que se contraste el efecto de medidas como la ampliación de la edad legal de jubilación, que llegará a su cénit en 2027, cuando estará en los 67 años. 

A la vuelta de la esquina está otra negociación clave: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022. Los sindicatos no renuncian a que esté en los 1.000 euros mensuales, a pesar de que la evolución económica no es tan positiva como parecía. Y los empresarios presentarán batalla.

¿Habrá acuerdo social o será como la última subida del SMI? Las 'patatas calientes' se le acumulan en el Diálogo Social al Gobierno.