El Gobierno ha anunciado este martes su "compromiso de derogar la reforma laboral de 2012", lo que no significa necesariamente que haya cerrado la brecha entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Cuáles son las claves de este enfrentamiento?
Más allá de aspectos políticos, de lo que se ha venido a llamar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, la que aplicó el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, concentra las claves del enfrentamiento.
Calviño, al frente de Economía, quiere que la CEOE se sume a un eventual acuerdo social (carro al que ya se han subido los sindicatos), pero el pacto no sería posible si se aplican las normas que pretende Trabajo, derogando aspectos de la 'antigua' reforma laboral.
La patronal se opone a que se aplique la ultraactividad a los convenios colectivos y que se recupere la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. Los empresarios consideran que esto restaría flexibilidad en la toma de decisiones en un momento con tanta incertidumbre económica como el actual. Algo en lo que está de acuerdo el Banco de España.
Díaz también ha propuesto una importante reforma de la subcontratación, con el fin de limitar el uso de esta modalidad por parte de las empresas (lo cual conduce, a su vez, a un incremento de la contratación temporal) cuando no hay causas objetivas.
Pacto de Gobierno
Todo esto está incluido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, así como la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
A pesar de que la derogación de los aspectos citados de la reforma laboral de 2012 pueden parecer ambiciosos, lo cierto es que las principales pretensiones de los sindicatos se han quedado fuera de la negociación. Concretamente, la bajada de la indemnización por despido y la eliminación de la autorización laboral de los despidos colectivos (los expedientes de regulación de empleo), aprobadas hace casi 10 años.
Por ello, Díaz considera irrenunciable la derogación de los aspectos de la reforma laboral que hoy están sobre la mesa, posición que comparten los sindicatos (que anuncian movilizaciones si no se llevan a cabo estas medidas).
De ahí el enfrentamiento que al menos hasta este martes ha librado tanto con Calviño como con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hace un par de semanas se había sumado al carro de la derogación de la reforma laboral en el Congreso del PSOE.