Los plazos con los que cuenta el Gobierno ya están extremadamente ajustados. El compromiso del Ejecutivo con la Comisión Europea es el de que determinadas reformas, entre la que se encuentra la laboral o la de las pensiones, tienen que estar cerradas antes de que termine 2021. Es decir, en menos de dos meses y medio. De ellas depende que España cobre completos los 12.000 millones de euros procedentes del fondo 'NextGen' a mediados de 2022.

Pero los plazos son todavía más estrechos de lo esperado. Dadas las materias legales que se van a tocar, el texto que se acabe acordando (que tendrá que plasmarse con total seguridad en un real decreto-ley para facilitar su aplicación inmediata) tiene que quedar cerrado como tarde a finales de noviembre. Es necesario un periodo de alrededor de un par de semanas previo a que llegue al Consejo de Ministros. 

Así las cosas, si de verdad Calviño acaba liderando los trabajos de la reforma laboral desechando lo desarrollado en los siete meses previos (tal y como ha dado a entender, con el apoyo de Pedro Sánchez), parece harto complicado que pueda sacar adelante un acuerdo con patronal y sindicatos en menos de dos meses. Algo que ya parecía difícil incluso con Díaz a los mandos y negociando desde marzo.

Desconcierto

Desde la disputa por el salario mínimo interprofesional (SMI), no se producía un pulso semejante entre Calviño y Díaz. Y en el Ministerio de Trabajo siguen desconcertadas por las declaraciones de Calviño de este jueves. De hecho, aseguran que el Ministerio de Economía y sus responsables han estado informados en todo momento de los avances que se han ido produciendo en la negociación de la reforma laboral. 

Ello no impidió que el jueves por la tarde, a última hora, Economía enviara un email a Trabajo en el que informaba al departamento de su intención de coordinar la negociación de la reforma laboral. Una comunicación que sentó muy mal en el equipo de Yolanda Díaz. 

Esta fue la causa de que Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, pidiera una reunión de la Comisión del Pacto de Coalición del Gobierno. 

Con todo, está claro que Díaz presentará batalla. Sobre todo para poder llevar a cabo el que es su principal objetivo con esta reforma laboral desde que la responsable de Trabajo de España: derogar las normativas aprobadas en el campo del trabajo por el Partido Popular en 2012. 

Derogar o no derogar

Este es el principal marco del enfrentamiento entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La vicepresidenta primera elude en todo momento hablar de la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Sabe que la 'contrarreforma' tal y como la plantea Díaz aleja, a priori, a la patronal de participar en un acuerdo social. 

De hecho, el punto más peliagudo es el de la negociación colectiva y la subcontratación. El Ministerio de Trabajo pretende la recuperación de la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, así como la ultraactividad de los convenios. También limitar la subcontratación por parte de las empresas.

 En cambio, el departamento de la vicepresidenta gallega hace tiempo que se había comprometido a no aumentar la indemnización por despido, que bajó con la legislación de 2012. 

Mientras, los sindicatos se alinean en el lado de Díaz, que este sábado, en el Congreso de Comisiones Obreras (CCOO) insistió en que hay "una decisión inalterable para este año: la derogación de la reforma laboral del Partido Popular", que es defender "nuestra democracia y nuestro Estado de bienestar". 

De hecho, Unai Sordo, reelegido secretario general del sindicato, avisó de que habrá movilizaciones si no se aborda la reforma laboral en los plazos comprometidos. Una reforma que, recuerda, lleva negociándose desde antes de que se iniciara la pandemia. 

A pesar de que todos estos 'zarandeos' apuntan a que el acuerdo social que quiere cerrar CEOE, CCOO y UGT podría no estar a tiempo, tanto desde el Ministerio de Economía como en el de Trabajo aseguran que este planteamiento no está sobre la mesa. 

Pero, ¿qué ocurriría si esto fuera así? Para empezar, España tendría que comunicárselo a Bruselas, e informar del nuevo plazo en el que se espera tener hecha la reforma. Habría que negociar nuevos tiempos con la Comisión Europea.

También habría que tratar la cuestión económica. Es decir: cuántos millones de euros de los citados 12.000 se quedarán fuera del pago que se recibiría a mediados de 2022, que quedarían aplazados a más adelante.  

Con todo, este escenario no está en los planes del Gobierno ni de ninguno de sus ministerios. Tampoco de la Comisión. De hecho, hay determinadas flexibilidades a las que estaría dispuesta Bruselas. Por ejemplo, a que alguno de los actores sociales no estuviera en el acuerdo de la reforma laboral.