El Congreso ha decidido dar el visto bueno a la convalidación al real decreto-ley para reducir la temporalidad en el sector público, pero antes el Ministerio de Hacienda ha tenido que asumir importantes cambios en el mismo. El más relevante, que a los trabajadores interinos que lleven cubriendo el mismo puesto desde hace 10 años o más se les entregue la plaza en propiedad sin tener que pasar por una oposición o prueba.
Finalmente, el controvertido Real Decreto (que sí se ha pactado con los sindicatos de Función Pública) ha contado con los votos a favor de Nueva Canarias, el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro (PCR).
El Real Decreto Ley no ha tenido el apoyo de la oposición (Coalición Canaria, Foro Asturias, Vox, Ciudadanos o el PP), pero tampoco de sus socios habituales. EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP y el BNG han votado en contra. Por otro lado, el PNV y Más País-Equo-Los Verdes y Compromís se han abstenido.
Imprevistos
Dicho de otro modo, 170 votos a 169 y ocho abstenciones. Más que ajustado si contamos con dos imprevistos que se escapan hasta de la aritmética parlamentaria. Los resultados (contando los partidos) son 171 a 170 votos, pero a María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, no le ha funcionado el mecanismo de votación en el último momento.
Por ello, en la primera vuelta de la votación la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha contado 170 a favor a 170 en contra. Como era un empate, ha tenido que repetir la votación y ha sido ahí cuando el PSOE ha sacado la ley.
La cosa ha estado complicada hasta última hora. Y es que, al inicio del debate el PSOE sólo contaba con el apoyo confirmado de Unidas Podemos y de los dos diputados de Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria.
Pilar Vallugera, de ERC, ha sido la voz que ha representado la llave de la negociación. ERC ha conseguido que les prometan que el RDL va a estar tramitado en octubre y que las pruebas "no sean eliminatorias". "En este momento tenemos un acuerdo con el PSOE porque consideramos que es lo más seguro para las 800.000 personas afectadas", ha explicado.
Partidos más pequeños
Aun así, su voto a favor no valía de mucho si los partidos más pequeños (Teruel Existe, Nueva Canarias y PRC) no llegan a votar también a favor. Hasta última hora del debate, cuando se ha confirmado el sí de Teruel Existe, la aprobación estaba en un empate técnico.
EHBildu, con quiénes habían tenido negociaciones hasta el último minuto, ha votado en contra. Ha sido precisamente su voto el que ha dinamitado todo pues, si ellos y ERC se hubieran abstenido (como todo parecía indicar), el RDL habría salido adelante sin mayor problema.
"Me dirá que el decreto cuenta con el visto bueno del diálogo social madrileño, pero le recuerdo y le repito que lo que ustedes llaman diálogo social no representa ni nuestra mayoría social ni nuestra mayoría sindical, y en consecuencia no responde a nuestra propia realidad", ha criticado el grupo vasco. Han recordado que sus sindicatos señalaron "desde un primer momento" las "carencias" de este decreto y también "expusieron sus propuestas para corregirlo".
Entre los votantes en contra de este RDL, Vox ha ido más allá y, además de criticar la norma, ha amenazado con llevarla a los tribunales si termina siendo aprobada. Desde el partido de Abascal han exigido al Ministerio que imponga sanciones a las empresas públicas que se salten la ley "igual que harían si fuera una empresa privada".
José María Figaredo ha criticado que la ley está llena de "inseguridades jurídicas" y que supone un problema para aquellos funcionarios sin plaza con más de 50 años que tengan que prepararse una oposición. "Están haciendo un ERE encubierto", ha criticado.
Que haya salido adelante este Real Decreto Ley supone dos importantes hitos. Por un lado, es el legado de la breve andadura de Miquel Iceta como ministro de Función Pública. Por el otro, es el primer gran logro del nuevo Gobierno de Sánchez.
Además, si se hubiera suspendido su aprobación, se estaría incumpliendo los plazos prometidos a la Comisión Europea para legislar el problema laboral de los interinos.
En qué consiste
Como ya había contado Invertia, el texto obliga a todas las Administraciones públicas a convocar oposiciones para todas las vacantes de funcionarios que hayan estado cubiertas por trabajadores interinos durante más de tres años. La medida se traduce en unas 260.000 nuevas plazas para antes de 2024.
La fórmula que se ha sacado adelante con el objetivo de obedecer al cambio de doctrina del Tribunal Supremo, que obliga a hacer fijos a los interinos que lleven más de tres años cubriendo una vacante en el sector público.
Además, se había incluido en la norma indemnizar con una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades, a los interinos que no superen la oposición. Eso sí, tendrían que presentarse a ella.