A falta de firma, ya hay principio de acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la primera fase de la reforma de las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social, CEOE, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han cerrado este lunes un pacto que tiene, como protagonistas, iniciativas como la herramienta para la revalorización de las pensiones y las diversas medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.
Se trata de un acuerdo cuyos aspectos mollares llevan cerrados desde hace semanas, pero los flecos se han estado resistiendo en las últimas semanas. Ahora queda que los órganos de gobierno de los agentes sociales (particularmente la CEOE) den luz verde a la versión final del texto, algo que se da por hecho.
El acuerdo es posible después de que Seguridad Social haya aceptado la última exigencia de los sindicatos: acelerar la derogación de las medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó para la Seguridad Social y su funcionamiento en 2013.
Concretamente, el Factor de Sostenibilidad se derogará este mismo año. Este instrumento, ahora mismo suspendido, liga las pensiones a la esperanza de vida.
Este Factor de Sostenibilidad se sustituirá por un factor de "equidad intergeneracional", que el Gobierno desarrollará y aprobará en 2022. Eso sí: no entrará en acción hasta 2027, año en el que terminan de desarrollarse las medidas incluidas en la reforma de las pensiones de 2011.
Vida laboral
Esta primera fase para reformar el sistema de pensiones incluye un paquete de medidas para alargar la vida laboral de los españoles, de manera que empiecen a cobrar las prestaciones más tarde.
Dentro de este campo entran los incentivos para alargar la vida laboral (que incluyen un pago único de un cheque de hasta 12.000 euros anuales) así como la prohibición de la jubilación forzosa por debajo de los 68 años, aunque los convenios colectivos que permiten este tipo de retirada laboral se mantendrán hasta su renovación.
Entre los incentivos citados también habrá ventajas para las empresas. Se establece una importante reducción (de un 75%) de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en caso de incapacidad temporal de trabajadores a partir de los 62 años.
También hay importantes modificaciones de la jubilación anticipada voluntaria. Se endurecen los coeficientes reductores para las pensiones futuras en varias situaciones, sobre todo en el caso de las pensiones máximas. Con todo, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que la reforma no afectará a las personas que resulten despedidas a lo largo de este año y que decidan jubilarse anticipadamente o 'prejubilarse'.
Mecanismo de revalorización
Además, el texto incluye el esperado mecanismo para la revalorización anual de las pensiones, que se hará de acuerdo al IPC del año anterior. También recoge el compromiso de que el Estado transfiera a partir de 2023 al menos 22.726 millones anuales a la Seguridad Social en materia de gastos impropios.
También se equipara la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
Esta es una de las reformas de las que dependen los fondos europeos que España recibirá de Bruselas en 2022. De aprobar la reforma de las pensiones y de lograr un acuerdo en el Diálogo Social, es decir, con patronal y sindicatos, dependen unos 11.000 millones el próximo año.