El Ministerio de Trabajo ha activado una campaña de información a las personas que tienen contratadas empleadas del hogar para que actualicen sus cotizaciones y salarios de acuerdo con el salario mínimo interprofesional (SMI). Durará hasta el 31 de marzo y, a partir de ahí, actuará la Inspección Laboral, que estaría capacitada para imponer sanciones a partir de los 6.250 euros a los ‘incumplidores’.

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Esto se debe a que el abonar a un trabajador un sueldo inferior al debido es considerado una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISO). Así se refleja en el Artículo 8.1, que califica de esta forma “el impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido”.

Este texto legal también recoge la cuantía de las sanciones. “Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros”, explica.

Trabajadoras del hogar

Sin embargo, todavía hay más. Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, explica a Invertia que los sancionados, además de tener que pagar la multa, estarán obligados a regularizar la situación salarial de sus trabajadoras del hogar. Es decir, que les tendrán que abonar las cantidades que hasta ahora no les habían pagado.

Además, los empleadores tendrán que “ingresar todas las cotizaciones adeudadas, porque se ha dado una infracotización” a la Seguridad Social al pagarse un salario por debajo del legal. “Esto podría ser objeto de una sanción adicional por la Seguridad Social” y de un “recargo por la cotización fuera de plazo”, apunta Valero.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Trabajo, indican que el nivel de la infracción "no tiene por qué ser muy grave", aunque aparezca así tipificado en la LISO. Hay una casuística muy grande". En este sentido, indican que dependerá del criterio de la Inspección Laboral.  

SMI

Todo esto si los empleadores de trabajadoras del hogar no regularizan adecuadamente las pagas y las cotizaciones de acuerdo al SMI actual, que está en 950 euros brutos en 14 pagas antes del 1 de abril.

Cabe recordar que, tras la última subida del SMI, el salario por hora trabajada subió de 7,04 euros a 7,43 euros (un 5,5%). Algo parecido ha ocurrido también con las cotizaciones. Así, en el caso de que una empleada de hogar cobre unos 254 euros netos al mes, el empleador que tiene que pagar unos 51,4 euros (un 23,6%) y la propia trabajadora unos 10,2 euros (un 4,7%) a la Seguridad Social.

Mientras, si el sueldo neto que se cobra es equivalente al SMI (poco más de 900 euros netos), el empleador tiene que abonar, en cotizaciones a la Seguridad Social, 218 euros y el trabajador 43,5 euros. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que ya se han mandado unas 45.000 comunicaciones para ello y que enviarán más en las próximas semanas.

No sólo eso. La Inspección de Trabajo prestará también atención especial a los casos en los que existan sospechas de que parte del salario se está pagando en 'B'. Quiere evitarse la posibilidad de que el empleador decida rebajar el número de horas cotizadas y pagar el resto con dinero 'en mano'. 

Acción decidida

El propio departamento, en un comunicado, admite que el ámbito de las trabajadoras del hogar requiere de una acción decidida” por parte de la Inspección Laboral.

Además de ser un colectivo especialmente feminizado (505.000 mujeres por 71.000 hombres), hay “elementos que determinan una importante situación de precariedad laboral”. Concretamente, la situación de “economía irregular” para este colectivo y los “bajos salarios con los que se retribuyen sus servicios”.

Trabajo hace referencia a un estudio realizado en 2019 por Oxfam Intermón y el Laboratorio de Derecho Social del Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Según este trabajo, la tasa de pobreza de las empleadas de hogar supera en más del doble la media de los trabajadores y trabajadoras asalariados (16,3%); y la proporción de trabajadoras con contratos a tiempo parcial cuadruplica la del resto de personas con este tipo de empleo, y rebasa con creces los índices de parcialidad involuntaria (80% frente al 55%).

Cabe recordar que en este 2020 el Gobierno activó un subsidio especial, dada la crisis de la Covid-19, para las trabajadoras del hogar. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, hace unas semanas indicó que se está planteando alguna prestación más permanente para este colectivo de la que no ha habido nuevas noticias. 

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