Eduardo Ortega Socorro Alberto D. Prieto

La reforma del sistema público de pensiones es uno de los grandes objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez. Dentro de los cambios que está diseñando el Ejecutivo, concretamente el área económica, se encuentra una importante modificación del periodo de cálculo que determina la cuantía de cada prestación. Concretamente, se aumentaría de 25 a 35 años, lo que permitirá un recorte de hasta el 6% de las pensiones futuras.

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La medida ha provocado las iras del socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos. Y lo hará también en el caso de los sindicatos, cuando se plantee en el Diálogo Social. Sin embargo, el equipo económico del Ejecutivo argumenta que reducir la factura anual de las pensiones no es un capricho sino una “condición” para que España pueda recibir, a partir de este 2021, las ayudas y los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracionesindican que "Bruselas está muy pendiente" de la reforma del sistema público de pensiones y que "es una condición y un tema central", sobre todo este año "en el que todos necesitamos que se abra el grifo de los fondos de recuperación".

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el comisario Paolo Gentiloni. CE

El entorno de Escrivá apunta, en cualquier caso, que la clave de la reforma, "su núcleo", es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones por ley. Y que la repercusión de esa posible ampliación del periodo de cálculo, la reducción de las nuevas prestaciones, dependería sobre todo de la gradualidad de su aplicación.

"Lo cierto es que seguimos en contacto con Bruselas", admiten estas fuentes. Y a la pregunta de si el ministro está obligado a llevar el documento de la reforma a la Comisión Europea para recibir el visto bueno, la respuesta es algo ambigua: "Hay que mantenerlos tranquilos, seguro que hay otra reunión con el comisario económico,Paolo Gentiloni cuando acabe este trabajo", admiten.

Será la segunda cita entre Escrivá y Gentiloni después de la que se celebró en octubre. Más allá del secretismo que rodea a la reforma, el propio presidente del Gobierno está implicado en ella, al punto de amparar el giro dado por el equipo económico de su Ejecutivo a pesar de que la polémica medida ha salido a la luz después de que se aprobaran las recomendaciones del Pacto de Toledo.

De ahí que el planteamiento haya causado sorpresa dentro del Congreso de los Diputados. Sin embargo, fuentes del Gobierno argumentan que la recomendación 5 sí recoge la medida planteada, puesto que llama a una “evaluación de la ampliación  progresiva del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones”.

Aspectos por cerrar

La ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años y la fórmula con la que se haría es una medida que está desarrollando tanto el ministerio de Escrivá como la Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño.

Sin embargo, quedan muchos aspecto por cerrarse sobre cómo se aplicaría la medida, lo cual hará que también varíe su impacto económico. Está previsto que dentro del cálculo no entren los peores años de cotización, que podrían ser escogidos por el propio trabajador. Además, se prevé que la extensión de años no tenga aplicación sobre determinadas profesiones que requieren altos niveles de actividad física.

Además, queda la incógnita de cuánto tiempo tardaría en aplicarse. Cabe recordar que la última ampliación del periodo de cálculo de las pensiones públicas, de los 15 hasta los 25 años, se aprobó en 2011 y no se aplicará en su totalidad hasta 2022.

De ahí que la propia Calviño, tras reunirse con los agentes sociales esta misma semana, haya indicado que no hay nada “definitivo” respecto a la reforma de las pensiones. De hecho, es la única cuestión pendiente de notificar a Bruselas, junto a la reforma del mercado laboral, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en Moncloa. Efe

Los ministros de Unidas Podemos han mostrado su beligerancia total contra la posible medida, entre ellos Yolanda Díaz. La responsable de Trabajo, que fue invitada a participar en su elaboración, ha mostrado su enérgica oposición.

De hecho, desde el entorno morado se ha filtrado el informe elaborado por el equipo de Escrivá, en el que se defiende que la ampliación del periodo de cálculo supondría un "ahorro" del 6% en las pensiones, equiparando esto a una rebaja lineal de las mismas.

En cambio, fuentes de Seguridad Social lo niegan y alegan que hay "decenas de documentos", cada uno estudiando un aspecto distinto, y que todos son simples documentos de trabajo.

Cabe recordar que el Ejecutivo también plantea, dentro de su reforma de las pensiones, una nueva fórmula para su revalorización, más allá del IPC, algo que sí se ha avanzado a los sindicatos y que no les ha agradado, según ha podido saber este periódico.

Otras medidas

Además, como parte de las recomendaciones más explícitas del Pacto de Toledo, en la reforma también se van a abordar fórmulas para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal y se va a incentivar la compatibilización del salario y de la pensión, entre otras medidas.

Por otra parte, este mismo año el Estado comenzará a asumir gastos impropios de la Seguridad Social, medida que servirá para reducir su déficit.

Fuente: Europa Press.

¿Son necesarias medidas para reducir o atenuar el gasto en pensiones? A bote pronto, eso parece. La partida destinada a pagarlas es la más elevada dentro de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Supone cerca del 40% del gasto previsto. Y sigue subiendo a cada año que pasa.

Sin embargo, el problema real de estas prestaciones es que mientras que el número de pensionistas crece, el de trabajadores activos se estanca. Debido al envejecimiento de la población.

A día de hoy hay cinco trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, si la evolución poblacional se mantiene dentro de lo previsto, para 2050 solo habrá dos trabajadores por cada pensionista, según ha pronosticado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así, la tasa de dependencia pensionista/trabajador que hoy está en el 26% prácticamente se doblará y llegará al 53%. En esta situación, la AIReF espera que el gasto público en pensiones acabe aumentando hasta el 14,3% del PIB, tres puntos más que ahora.

De ahí que una de las recomendaciones más repetidas de la última década por parte de la Comisión Europea a España haya sido que "equilibre" su deficitario sistema de pensiones y arbitre medidas para lograr su "sostenibilidad".

La UE no se mete en el cómo, es decir, que lograr "ahorros" en el sistema puede lograrse por la vía de los "recortes" o por la de la subida de "ingresos". Lo que sí quieren ver Úrsula Von der Leyen y los socios europeos de Pedro Sánchez es que España cumple.