La Junta de Andalucía llevará al Tribunal Constitucional (TC) la retirada de fondos de formación empleo que le corresponderían a las comunidades por parte del Gobierno para pagar prestaciones por desempleo en plena crisis sanitaria. Este paso se dará si no alcanzan un acuerdo entre ambas partes y, en caso de no ser así, el asunto será tratado por la vía judicial.
Así lo ha aclarado este jueves la consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía. El asunto se remonta a la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley de 31 de marzo de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Esa disposición establece que, con carácter excepcional y extraordinario, "debido al impacto económico" de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en 2020 podrán destinarse a la financiación de las prestaciones de desempleo.
Ante esta decisión, que despertó el enfado del Ejecutivo andaluz, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de agosto la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.
La titular de Empleo del Gobierno de Juanma Moreno (PP) ha reiterado en la Cámara autonómica las duras consecuencias que tendrá la retirada de 200 millones. Tales fondos estaban destinados para la formación de desempleados pero, a su juicio, Sánchez optó por la vía “más fácil sin el consenso de las CCAA”.
Comisión de cooperación
Antes de acudir a la vía del Constitucional, la consejera de Empleo ha precisado que ambas administraciones están trabajando para “llegar a un acuerdo institucional en el seno de la Comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad autónoma”.
Esta medida, según ha expuesto, tiene como objetivo “agotar las vías de diálogo político, acercar posiciones y evitar la interposición del recurso”. Con ello, en caso de que no se logre un entendimiento, el recurso se derivará al Tribunal Constitucional.
Las Comisiones bilaterales de cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.
En este sentido, la titular del ramo ha reclamado el “acompañamiento” del Gobierno en materia de empleo. Ha tendido la mano para colaborar en la elaboración de los planes de empleo mientras ha reprochado la falta de planificación exhaustiva y concreción. “Así no se asientan los cimientos”, ha zanjado.