Ya viene siendo habitual que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) enmende la plana a los planes de ingresos y gastos del Gobierno, algo que no ha cambiado en su última revisión y actualización del cuadro macroeconómico para 2020, que se ha dado a conocer este jueves.

En ella, el ente alerta de un incremento de la caída del PIB y también del déficit, alza en la que particularmente ha tenido mucho que ver la extensión del ‘escudo social’ del Ejecutivo, que costará 4.190 millones más.

Según los datos de la AIReF, la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la exoneración del pago de cotizaciones se valora entre 6.534 y 7.982 millones de euros. Esto supone hasta 2.100 millones más que lo que el ente había estimado por estas iniciativas en su informe de mayo.

“El aumento del coste se debe a la ampliación del plazo de esta prestación. En el anterior informe se consideraba que la prestación duraba hasta finales de junio, mientras que en el RDL 24/2020 se amplía la duración hasta finales de septiembre, con ciertas limitaciones en la exención de cotizaciones para los trabajadores que vuelvan a la actividad”, explica el informe de la Autoridad.

En ese documento se considera que un 25% de los afectados (315.000 trabajadores por cuenta propia) seguirán cobrando la prestación por cese de actividad hasta finales de septiembre.

A esto se suma el impacto de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y su extensión. El ente que preside Cristina Herrero estima un coste asociado a los ERTE por fuerza mayor de entre 23.019 y 25.870 millones, hasta 1.600 millones más que lo estimado en el último informe.

Lo cierto es que la cifra podría ser todavía mayor, pero hay dos factores que reducen el gasto: el menor número de afectados por los ERTE (de 4 millones estimados a 3,4 millones reales) y la reducción en la exención de las cotizaciones según se prolonga la duración de los ERTE.

Baja por enfermedad

Por otro lado, la asimilación de la baja por enfermedad o aislamiento debido al Covid-19 como Incapacidad Laboral Transitoria se valora en unos 400 millones por encima del anterior análisis de la AIReF.

Esta diferencia en la estimación se debe a que, según los datos de la Seguridad Social, la duración media de la baja ha sido de 21 días (en vez de los 15 estimados al principio) y que el total de beneficiarios ha sido casi 750.000 (220.000 más que lo estimado en mayo)

Hay otros 90 millones que la AIReF estima adicionales a lo hasta ahora calculado. Se deben a la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada y la prolongación hasta final de año las bonificaciones del 50% a trabajadores fijos discontinuos relacionados con el turismo.

Esta estimación incluye también el subsidio para los trabajadores temporales con contratos de duración mayor a 2 meses que hayan perdido su empleo y el subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o no hayan podido acudir a trabajar, aunque esta prestación no se haya empezado a pagar todavía.

En total, las medidas aprobadas por el Ejecutivo para afrontar el Covid-19 tendrán un coste aproximado de hasta el 4,9% del PIB. A las ya citadas, se suman otras iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tendrá un impacto de unos 1.743 millones este 2020, y el incremento del gasto sanitario y otras medidas adoptadas por las comunidades autónomas.

Ingresos y gastos

El nuevo escenario macroeconómico, que marca un agravamiento de la caída del PIB, curiosamente no afecta a los ingresos. La idea es que se queden en un 40,3% del PIB, un cifra superior a la estimación que la AIReF hizo en mayo.

La causa está en un cambio de imputación contable de la medida de las exoneraciones de cotizaciones que no afecta al déficit.

Como estaba previsto la previsión de gasto para 2020 aumenta, y se sitúa entre el 52,2% y el 54,8% del PIB, cuando en la previsión de mayo era de entre un 50,4% y un 53,2% del PIB. Esto se debe al impacto de las medidas adicionales tomadas en los últimos meses, así como el gasto sanitario de las comunidades autónomas.