Este lunes la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, y la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, han mantenido una reunión con las grandes asociaciones profesionales de autónomos de España, un encuentro en el que les trasladaron su intención de llevar al Consejo de Ministros la ampliación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma.
Según fuentes asistentes a la reunión, la idea es que esta ampliación, o cómo mínimo que esta posibilidad se debata en el seno del Gobierno, se permita en sectores que estén especialmente afectados por la crisis del coronavirus, tales como los del turismo o los de la hostelería.
Sin embargo, desde Trabajo aseguran que todavía no está decidida fecha para esta medida. Tan solo indican que aún se "está estudiando" y que se tratará en un Consejo de Ministros en "próximas fechas".
Cabe recordar que, a través de los ERTE de fuerza mayor, la Seguridad Social se hace cargo del pago de las prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados así como de las cotizaciones de las empresas que lo hayan pedido.
Por otro lado, Trabajo también les ha transmitido que se están planteando introducir medidas adicionales en la formulación de los ERTE productivos (o ‘normales’), pero no se ha trasladado más información.
Reunión semanal
En el encuentro, telemático, han participado los responsables de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) y de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En ella se ha acordado que haya una reunión semanal para abordar la situación del colectivo que representan.
En este encuentro, Díaz les ha transmitido que es “consciente de la situación que ha causado la pandemia actual en el colectivo de autónomos y autónomas, que atraviesan grandes dificultades”.
Los colectivos de autónomos, por su parte, le han reclamado a la ministra su principal reclamación: que no estén obligados a pagar la cuota de abril, dada la ampliación del estado de alarma. A ella suman otras como que cambien el criterio para acceder a la prestación habilitada por la Seguridad Social y que pase de una reducción del 75% por el impacto del coronavirus al 40% .