El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha puesto números a la corrupción que se ha propagado en España durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez: de los 22 casos detectados, 12 tuvieron un coste comprobado y publicado, que asciende a 5.432 millones de euros.
Quedarían otros diez casos vinculados con la mala praxis política y el "patrón manifiesto de corrupción" del presidente y de su partido, pero cuya gravedad no reside en un desvío de fondos, sino en "la opacidad, la captura institucional o la gestión indebida de una crisis", señala el informe.
El Catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista que ha incluido el Instituto como anexo en su informe anual sobre Blindaje Democrático, recuerda cómo el líder socialista llegó a gobernar "por higiene democrática" frente a Rajoy, y luego "ha perpetrado un profundo socavamiento del principio de buen gobierno y del ideal de calidad institucional".
Los técnicos del instituto, de marcado carácter liberal, han sometido a un software de tratamiento de datos más de 2.300 informaciones sobre los casos considerados de corrupción con Pedro Sánchez en el Gobierno, para distinguir lo que son cuestiones ya sentenciadas y confirmadas , de alegaciones sobre hechos contrastados o procesos de investigación.
"Esta distinción importa: no es lo mismo un hecho ya sentenciado que una acusación que un juez todavía está valorando", señala la metodología del anexo. El resultado es un "panorama desolador", con 22 tramas contrastadas.
Con sentencia firme, resoluciones de la Agencia Tributaria, del Tribunal de Cuentas o procesos de rescate oficial, se ha reconocido un coste de 2.166 millones de euros. Mientras que en imputaciones, investigaciones abiertas por la UCO (todo ellos sin sentencia), se puede estimar un agujero de otros 3.266 millones.
Dentro de esos doce procesos cuantificables, el caso Koldo fue el primero en estallar, con Ábalos y su exayudante procesados por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia y por el amaño de contratos de obra pública. Su coste se estima en 700 millones de euros para las arcas públicas.
De los audios de Koldo García surgió la trama de Santos Cerdán y Servinabar, con 537 millones en cobro de comisiones por la adjudicación de obras, donde se ha implicado a la gerente del PSOE.
El caso Zapatero a partir de los créditos otorgados por la SEPI a Plus Ultra ha descubierto otras posibles irregularidades de los expedientes del Fondo de Solvencia que, a juicio de la UCO, se pueden valorar en 750 millones de euros, según señala el informe del instituto.
A lo que se añade la pieza aparte del caso Air Europa, donde se investiga la "posible ocultación de una deuda de la aerolínea con Hacienda que debía impedir el acceso a la ayuda". Entre la aerolínea y Duro Felguera, la cuenta del anexo publicado se incrementa en 616 millones.
El montante más alto que se contabiliza en el anexo de la investigación del Juan de Mariana son los 1.250 millones que se achacan como pérdidas contables de Correos. Junto a otros 500 millones del "pelotazo eólico" de Forestalia.
En Fondos del Plan de Recuperación se incluyen 465 millones que se supone que están en investigación en la UE. Y remata con 300 millones del fraude del IVA de los hidrocarburos con conexiones de la red de Víctor de Aldama. Otros 133 millones que se anotan al caso Leire y las cloacas del PSOE y 148 millones más por "enchufismo familiar de altos cargos y contrataciones a empresas de familiares".
Como menor coste, se adjudican en la cuenta del debe de Pedro Sánchez y el PSOE los 25 millones que se desviaron en el CNIO y 8 millones más por los contratos adjudicados a Barrabés dentro del caso de Begoña Gómez.
A esos procesos que se supone que han costado dinero al erario público, la investigación añade otros diez casos con coste político o no cuantificable en euros, que van desde el caso del exfiscal general, Álvaro García Ortiz, el hermano de Sánchez, la ley de nietos, el accidente de Adamuz, "como presunto delito de homicidio por falta de mantenimiento", o la gestión de la DANA de Valencia.
A ellos se añaden en el anexo incluso las tramas de visados en el norte de África, los supuestos escándalos en la cúpula de la Guardia Civil, la reciente invasión de Ceuta y hasta las dimisiones de directivos en el Banco de España de hace más de un año.
Fuera de toda esa cuenta, el informe advierte de alrededor de 5.000 millones de euros ligados a "contratos opacos" del Gobierno "adjudicados sin concurrencia pública durante la legislatura, un claro indicador de falta de transparencia administrativa".
Y hasta dieciséis tramas fraudulentas más a nivel local y autonómico, desde los ERE hasta el caso de Mónica Oltra o del hermano de Ximo Puig, entre los más conocidos.
Impacto a todos los niveles
Más allá de esa exhaustiva enumeración de datos y procesos irregulares o corruptos, el informe advierte de la desconfianza que se genera sobre el sector público español, que se percibe cada vez como más opaco.
"Igual que el buen gobierno y el imperio de la ley traen consigo más oportunidades económicas, el lastre de la corrupción y las prácticas opacas se traducen en inversiones que no se materializan y proyectos que no llegan a desarrollarse por falta de seguridad jurídica", analizan los autores del trabajo.
En esa reflexión, el estudio advierte que los años recientes revelan un estándar ético por parte de Pedro Sánchez muy distinto del que se exigió a Rajoy.
Recuerdan el apoyo que el actual presidente del Gobierno ha dado a Zapatero, a pesar de los hechos revelados por la UCO y el juez, o cómo apoyó a Ábalos y a Cerdán hasta que no tuvo más remedio que admitir sus errores.
Los analistas del Instituto Juan de Mariana aclaran que el efecto directo de todos esos procesos es una pérdida de reputación de España como país y como una democracia de calidad.
Una degradación cuyo coste también se puede calcular. El anexo señala el estudio de la Fundación BBVA y el IVIE valenciano sobre los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, medido como la renta per cápita que se pierde en una economía con nuestro grado de desarrollo.
Esa estimación marca como un 10,7% del PIB de 2025 no se habría logrado avanzar por culpa de los casos de corrupción. Eso es el equivalente a 181.000 millones de euros, que se puede bajar a un coste por ciudadano de 3.660 euros.
Más allá de esas hipótesis cuantitativas sobre el coste de la reputación del país, es cierto que España ha perdido puestos en rankings como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, los World Governance Indicators (WGI) que compila el Banco Mundial o el World Justice Project.
Más cerca de todas esas mediciones, el Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea reveló que el 92% de los españoles considera que la corrupción está extendida (veinte puntos por encima de la media de la UE) y el 53% se siente personalmente afectado por ella.